Las unidades clínicas de gestión (UCG) es el nuevo modelo de gestión que Sacyl quiere implantar con celeridad, haciéndole creer a la población que con este modelo mejorará la asistencia sanitaria, “pero la realidad es que esconde un modelo de privatización solapada y con menor visibilidad evitando paralizaciones judiciales”.
Según explica UGT Salamanca, el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado “vende” como un logro la implantación de estas unidades en nuestra comunidad pero la realidad, es que los dos proyectos piloto que se hicieron en Zamora y Valladolid han sido un verdadero desastre y fueron “desmantelados” por orden judicial. Estas unidades se crearon sin soporte legal y “es preocupante que no se hagan públicos el análisis y evaluación de las mismas, si realmente creen que este sistema es la ‘panacea’ para solucionar los problemas de la sanidad pública”.
Jefes afines
En el Decreto, se menciona que no se aumentará la contratación de personal sanitario con la implantación de las nuevas UGC. Sin embargo, “es casi seguro que aumentará la contratación de personal político que controle las múltiples evaluaciones y la ingente burocracia que se va a generar”.
Lo que le preocupa a la FeSP-UGT es en qué situación van a quedar los usuarios. Dado que la palabra clave de estas unidades son los objetivos. “Esto quiere decir que lo que prima es el ahorro económico: reducir gastos a toda costa, aunque se deteriore la calidad asistencial”, indica.
Repartiendo incentivos entre los profesionales, incentivos que con el tiempo irán menguando mientras los objetivos serán cada vez más duros. “La idea es impregnar al personal sanitario de ideología empresarial, de forma que al paciente se le vea como un “generador” de gastos que implicará cobrar menos a final de año. De esta manera quieren hacer cómplices al personal sanitario de la privatización de la sanidad pública. Y así, “enfrentar” a profesionales y población para que no puedan unir fuerzas y parar esta privatización, que ya ha dado su pistoletazo de salida”, concluye.
El cambio definitivo
De momento, en el Decreto, no se les dota de personalidad jurídica propia pero la FeSP-UGT se teme, que a medio plazo (6-7 años) hagan otro decreto diciendo que la UGC que hayan superado “X” años satisfactoriamente, son dotadas de personalidad jurídica y es a partir de ese momento cuando la unidad queda privatizada sin posibilidad de dar marcha atrás. “Esto permitirá la entrada de capital privado, que podrá influir de manera directa en las decisiones sobre: qué hacer, cómo, quién y con qué”, señala el sindicato.
Por otro lado, está Atención Primaria, donde su actividad quedará sometida a los intereses empresariales de las nuevas unidades, “con la función de realizar el cribado de pacientes y patologías atendiendo a criterios de rentabilidad. Se pensarán mucho las derivaciones a especializada porque esto puede hacer que a final de año no se cobren los objetivos”.
Enfermos no rentables
Para UGT, todo esto va a suponer una pérdida de calidad, seguridad y de acceso a los servicios para la ciudadanía, especialmente de los pacientes aquejados de patologías no rentables económicamente para las nuevas Unidades Clínicas, “las cuales podrán apropiarse de los beneficios económicos que generen a costa de los pacientes”.
La FeSP-UGT se pregunta “qué intereses ocultos están detrás de este modelo de gestión, que primará los beneficios económicos de unos pocos por encima del interés de la ciudadanía. Existen instrumentos en la gestión pública que se pueden utilizar, con la participación de los profesionales sanitarios, de forma abierta y transparente”.
MÁS CRÍTICAS DE CSI-F
El sindicato CSI-F, por su parte, denuncia que la Consejería de Sanidad “no sólo no ha aclarado las dudas que había sobre la inseguridad jurídica de los profesionales sanitarios”, en su Orden de desarrollo del Decreto de implantación de las Unidades de Gestión Clínica (UGC), “sino que ha incrementado esa incertidumbre y esa preocupación”.
CSIF insta a la Junta a que paralice la puesta en marcha de las 15 unidades de gestión previstas, que ahora se retrasa para enero de 2017, y advierte de que “la falta de claridad del Decreto puede generar problemas en la gestión sanitaria de la Comunidad”.
Este sindicato sigue preguntándose qué va a pasar con los profesionales sanitarios que no quieran incorporarse en las Unidades de Gestión Clínica, y también teme que se presione al personal interino, dada su precariedad laboral, para que acepte su incorporación a las Unidades de Gestión Clínica, o que también se produzcan cambios en las jefaturas de servicio y en los supervisores de enfermería, en favor de personas más proclives a “mantener una posición más dócil o más favorable, en la implantación de las nuevas unidades, sin valorar otras cuestiones profesionales”.
Recuerda que el Gobierno reformó el Estatuto Marco, que tiene un rango superior al Real Decreto que quiere aplicar la Junta de Castilla y León. “Por ello, y por muchas alusiones que haga el Gobierno regional al apoyo y defensa de la sanidad pública, la modificación del Estatuto Marco deja abierta la posibilidad de que las Unidades de Gestión Clínica permitan, de hecho, una privatización de algunos servicios, y que el personal pase de su régimen estatutario de funcionario al de personal laboral”.
Fuente: la Crónica de Salamanca