Consumo readmitió en 2012, bajo mandato de Mato, a la asociación que había sido expulsada en 2005 por realizar publicidad comercial
La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) ha mantenido una relación de amor odio con la normativa sobre las organizaciones de consumidores. Es más, en este siglo ha estado más tiempo fuera del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores que dentro. Se incorporó el 9 de julio de 2002 bajo el nombre de Ausbanc Consumo y con el número de registro 339. Solo tres años más tarde, el Instituto Nacional de Consumo (INC) abre un expediente administrativo por vulnerar la ley al realizar publicidad comercial y no solo informativa en la revista Justicia y derecho y en su web cuando es una organización sin ánimo de lucro.
En octubre de 2005 se confirma la expulsión y un mes más tarde Ausbanc decide acudir a la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional para resolver su expulsión. El tribunal, también en un mes de octubre pero de 2010, da la razón a la Administración y Ausbanc Consumo queda fuera del registro y de las subvenciones estatales.Solo un año más tarde, vuelve a pedir la entrada en el registro, que el INC concede en 2012 ya que «cumple los requisitos. De esta manera, Ausbanc Consumo puede acceder a las subvenciones que el Ministerio de Sanidad dirigido por Ana Mato concedía en esos años. De esta manera, y tras cumplir con los requisitos del pliego de condiciones, Ausbanc recibió 112.350 euros.
Este montante, según el BOE, se distribuye en información y charlas sobre las preferentes (35.000 euros); la creación de una guía informativa sobre la protección de los jóvenes en las redes sociales (23.350 euros); por dos guías y charlas sobre el sistema arbitral de consumo y el sector de la telefonía, recibió 27.000 euros por cada proyecto.Un año más tarde, Ausbanc recibe 108.200 por más información sobre la sociedad de la información y tres estudios sobre la percepción de la publicidad y los servicios financieros, sobre la resolución de conflictos de forma alternativa a la judicial y la atención al cliente en las empresas telefónicas. En total, 220.550 euros. Pero las ayudas se cortaron. En 2014, es expulsada por «realizar operaciones con entidades de carácter mercantil incumpliendo los requisitos de independencia y falta de transparencia que exige la legislación», según señala el Ministerio, que tuvo que acudir al BOE en mayo de 2014 ante el «resultado infructuoso» de localizar a Ausbanc en el «domicilio social notificado».
Fuente: El Diario Montañes