Este 20 de abril se cumplen cuatro años de la aprobación del Real Decreto 16/2012, por el que se excluyó a miles de personas de la atención sanitaria
REDER publica un informe con casos de exclusión debido a la ley: hay ilegalidades en cuanto a niños (36), embarazadas (28) y urgencias (47)
Uno de los grupos más vulnerables son los ancianos reagrupados, con papeles pero sin sanidad: «Me parece mentira que la administración te deje en una situación de abandono», dice el sobrino de Leonilda
Las noticias sobre casos de exclusión sanitaria ya no aparecen cada semana en los medios de comunicación, como en los momentos de aplicación más rigurosa del real decreto 16/2012, la reforma sanitaria que aprobó el PP. Pero siguen existiendo. La Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) denuncia en un informe que (aunque en menor número que en años anteriores) a día de hoy sigue habiendo personas que no pueden acceder al médico debido a esta norma. El estudio recoge 541 casos entre agosto de 2015 y marzo de 2016. Algunos casos son consecuencias de la ley, pero en otros responden a irregularidades: a 36 menores, por ejemplo, se les denegó la tarjeta sanitaria y la propia asistencia o se les intentó cobrar por recibirla, algo ilegal según el propio decreto.
El denominado ‘decretazo de exclusión sanitaria’ cumple este 20 de abril cuatro años desde su aprobación y los colectivos sociales que componen REDER piden que este sea su último aniversario. La norma excluyó de un día para otro, en 2012, a cientos de miles de personas de la atención normalizada en la sanidad pública, la mayoría inmigrantes sin permiso de residencia. Pero no solo: también a los españoles emigrados y a personas con permiso de residencia a las que exigían a partir de 2012 documentos y seguros que no tenían o podían conseguir.
Hace un año, a finales de marzo, el Gobierno reculó (en parte) en su nueva política sanitaria. El ministro de sanidad Alfonso Alonso afirmó que los inmigrantes sin permiso de residencia debían poder ir al médico de cabecera. En ese momento, las personas en situación irregular solo podían acceder a la sanidad pública en casos de urgencias, si sufrían enfermedades infecciosas, y si se trataba de menores o embarazadas.
El Gobierno anunció su cambio de opinión, pero se ha resistido a derogar el real decreto (según su versión, no es necesario) y tampoco permitió la devolución de las tarjetas sanitarias: los inmigrantes irregulares podían tener un documento especial, diferente, que acreditase su derecho a la atención primaria en España.
Un año después del anuncio –con los procesos electorales y la inexistencia de Gobierno de por medio– no existe ese documento que el Gobierno quería consensuar con las comunidades autónomas. Después de las elecciones autónomicas, hubo más comunidades que se sumaron a las regiones insumisas al decreto 16/2012 y que han proporcionado acceso a la sanidad a los colectivos excluidos. REDER critica que el panorama es muy heterogéneo y los derechos en una materia básica como la salud fluctúan según dónde vivas. Los colectivos formantes de la red piden la derogación del decreto, origen de los cambios en el sistema sanitario para homogeneizar la situación.
541 casos de exclusión
La red de organizaciones ha reunido en un informe desde agosto del pasado año 541 situaciones de exclusión sanitaria, que se suman a los más de 1.500 casos documentados en un estudio anterior. Algunos casos suponen ilegalidades: como los que afectan a menores (36), las
47 incidencias en urgencias (muchas con intención de cobro) y los 28 casos de mujeres embarazadas a quienes se les ha impedido el acceso a tratamiento y seguimiento de su embarazo.
El 47% de las incidencias recogidas por FEDER las sufrieron personas en situación irregular. El resto, por personas con algún tipo de permiso de residencia, pero que encontraron limitaciones para acceder al médico. Es el caso de las personas reagrupadas, en su mayoría ancianos, que tienen papeles pero no tarjeta sanitaria. La Administración les exige un seguro privado que deberían haber firmado para que les dieran la residencia legal, pero que nadie les pidió. Su situación es de total desamparo, porque la mayoría no puede acceder a los seguros privados ya que las aseguradoras no quieren como clientes a las personas mayores.
REDER recoge los casos de 20 personas de avanzada edad que hoy no pueden ir al médico. Una de ellas es Leonilda, brasileña casada con un español retornado a la que niegan la tarjeta sanitaria porque le exigen un trámite administrativo que las autoridades de Brasil no le facilitan. «España es conocedora de que ese certificado no lo pueden conseguir», dice su sobrino a Médicos del Mundo, miembro de REDER. «Me siento impotente, me parece mentira que la administración te deje en una situación de abandono», dice su sobrino. «Llega un momento que esto te agota, te agota mucho».
La madre de Rodolfo Sopo, cubano con la nacionalidad española fruto de su estancia en el país, se fue de España por este motivo. Vino reagrupada a España y se ha tenido que marchar porque no consiguió acceder a los cuidados que requería, a pesar de que Rodolfo llegó a contratar un seguro privado. «Se le detectó un nódulo en la garganta y en la nariz, que requería operación. El seguro tenía una carencia, que no le permitía realizar las pruebas y la operación tampoco», explica en un vídeo difundido por Médicos del Mundo.
Las organizaciones sociales exigen al próximo Gobierno la modificación de la ley para acabar con las figuras de «asegurado y beneficiario» de la sanidad pública. Además, piden más campañas de información pública porque muchas de las incidencias recopiladas (el 46%) tenían como origen la falta de conocimiento de los cambios normativos.
Vídeo difundido por Médicos del Mundo
