Las comunidades autónomas presupuestan menos en sanidad de lo que luego gastan independientemente del color del partido que gobierna. Es un reconocimiento generalizado de los gobiernos regionales, que atribuyen a distintas causas el déficit que se genera anualmente en esa partida y que, en algunos casos, lastra las cuentas de las autonomías. ¿Se debe a un mal pronóstico? Algunos de los ejecutivos más recientes atribuyen el déficit a la gestión anterior -del PP-, pero la obligatoriedad de los recortes, la infrafinanciación y los imprevistos que surgen relacionados con la salud son algunos de los motivos que hacen que el gasto real se dispare respecto al previsto.
«Es una práctica habitual en recesión y también en esta incipiente recuperación: se presupuesta por debajo del gasto que se ejecuta», explica David Cantarero, profesor de Economía en la Universidad de Cantabria y miembro de la junta directiva de la Asociación de Economía de la Salud, que atribuye a diversas causas esa divergencia: la infrafinanciación autonómica, el deslizamiento de dinero hacia la sanidad privada o la cobertura de imprevistos: «El gasto sanitario tiene un comportamiento que no sigue el cauce económico que le marquen», argumenta.
El gasto que destina España a la sanidad está en torno a un punto por debajo del de la media europea y, además, ha descendido en los últimos años. Por comunidades, y teniendo en cuenta los datos de la OCDE relativos al año 2013 -que son los últimos disponibles con el gasto ejecutado-, Euskadi es la que más invierte por cada habitante (1.549 euros) y Andalucía la que está a la cola (1.044 euros). La media está en 1.208 euros por habitante. En cuanto al porcentaje del PIB que se ‘come’ la sanidad, la media es del 5,4% pero el porcentaje varía por regiones ya que unas tienen una mayor riqueza que otras. Así, Extremadura destina un 9,1% del PIB a la sanidad y Cataluña, por ejemplo, solo el 4,7%.
«Hay un problema de infrafinanciación que afecta a la sanidad, que es la gran competencia autonómica», señala el profesor Cantarero, que recuerda que algunas regiones destinan «más de la mitad de su presupuesto» al gasto sanitario. Por eso, reconoce que incide en el déficit: «Cómo no va a tener que ver», reconoce.
El presidente autonómico que más énfasis hace sobre este asunto es el extremeño Guillermo Fernández Vara, que asegura que el déficit de las comunidades autónomas -utilizado por Cristóbal Montoro para justificar que España incumpla el objetivo- se debe al mantenimiento del sistema sanitario. Así, explicó que del déficit del 2,64% que tiene Extremadura, el 60% es para sanidad. Precisamente Hacienda ha castigado con la retención de sus ingresos a Extremadura -y también a Aragón- por sus números rojos y por su retraso en el pago a proveedores, según publicó El País.
El incremento del presupuesto será insuficiente
«Hay entre siete y nueve décimas que se están gastando y no se están presupuestando», explica Fernández Vara a eldiario.es. El dirigente socialista asegura que esto sucede solo en la sanidad y no en otras partidas por varios motivos: «Se han congelado o reducido los presupuestos; la sanidad la empiezas en un punto pero en un año se consumen más medicamentos, hay más pruebas diagnósticas, reducir la lista de espera requiere inversión; la sanidad tiene una demanda ilimitada», enumera. «En 2011 dejé de ser presidente con 50 millones de euros gastados de más de lo que estaba presupuestado. En 2015, esa cifra asciende a 250 millones», dice de las cuentas que le dejó el conservador José Antonio Monago. «Todos los años se cierren con más gasto del que hay», sentencia.
Lo que un año se gasta sin que previamente haya estado presupuestado se incluye en la conocida como cuenta 409 para hacer frente al pago en el ejercicio del año siguiente. La Generalitat Valenciana también admite que todos los años se presupuesta menos de lo que se gasta. En 2015, año en el que el PP fue desbancado del Gobierno, se previeron 5.492 millones de euros pero finalmente se «adquirieron obligaciones» por un importe de 6.645 millones de euros, es decir, 1.153 millones más.
El Gobierno de PSOE y Compromís ha elevado en 7,6 puntos la inversión para sanidad «para equilibrar el gasto real respecto al presupuestado». No obstante, en la Consellería de Sanidad admiten que el incremento de 416 millones «seguirá siendo insuficiente para cubrir las necesidades de gasto del sistema sanitario valenciano, que ronda los 6.600 millones de euros». El nuevo Gobierno subraya dos principales causas para el desfase: «La insuficiencia del sistema de financiación estatal para cubrir las necesidades de los servicios públicos básicos en la Comunitat Valenciana, y, por otra parte, la mala gestión de los antiguos gobiernos del PP».
También el nuevo Gobierno socialista de Aragón dice haber encontrado un «agujero presupuestario» en Sanidad, que tuvo que «ser reparado» con aportaciones extraordinarias que hizo el Ministerio de Hacienda mediante el Fondo de Facilidad Financiera. Consciente de el desajuste en el gasto sanitario, el Ejecutivo de Javier Lambán ha creado «un grupo de trabajo entre los departamentos de Hacienda y Sanidad para coordinar y seguir las actuaciones y evitar que se vuelva a disparar el gasto público», según fuentes oficiales.
El PP tiene déficit sanitario
Pero no solo en las comunidades en las que ha habido cambio de Gobierno o en las que están en manos de los socialistas sobrepasan lo que presupuestan. Dos ejemplos de esa práctica son bastiones del PP: Castilla y León y Galicia, gobernada por Alberto Núñez Feijóo, que presidió el Insalud. Aunque aún se desconoce el dato definitivo de ejecución del cuarto trimestre, en el tercero solo quedaban 7,09 millones disponibles de los 3.170,02 presupuestados. Además, en un informe reciente de avance de la ejecución presupuestaria, la Xunta ha apuntado un incremento de 77 millones para atender el gasto en vacunas de la Hepatitis C, informa David Lombao.
También el Gobierno de Juan Vicente Herrera admite un mayor gasto sanitario del que se presupuestó. Fuentes oficiales señalan que es algo que sucede «en mayor o menor medida en todas las comunidades». «A diferencia de otros sectores de actividad, como Fomento o Cultura, donde las disponibilidades presupuestarias condicionan al completo la actividad administrativa, que se lleva a cabo solo en la medida que su presupuesto lo permite, en la Gerencia Regional de Salud, y fundamentalmente en sus hospitales, la actividad no puede en la mayoría de ocasiones limitarse por las disponibilidades presupuestarias sin poner en riesgo la salud de los ciudadanos», expresan esas fuentes que, en el caso de 2015, enumeran una serie de imprevistos a los que tuvo que hacer frente Sacyl y que explican ese aumento del gasto real respecto al presupuestado, como un incremento del 23% del gasto de farmacia hospitalaria para hacer frente fundamentalmente a la vacuna de la hepatitis C o la subida del precio del material motivada por el 21% del IVA, entre otros.
Un nuevo sistema de financiación, una oportunidad
La presidenta andaluza, Susana Díaz, reprochó a Montoro que acusara a las comunidades de haber disparado el déficit y explicó que buena parte procedía precisamente de esa vacuna para la hepatitis C, que inicialmente no iba a computar para el cálculo del objetivo. «Es un argumento pintoresco porque no se iba a a atribuir -dice el profesor Cantarero-. Ojalá todos los déficits fueran por un motivo tan loable como este. La desviación del déficit no es por las vacunas de la hepatitis C; técnicamente sí, pero socialmente no es un argumento».
Cantarero sostiene que, a partir de ahora, los presupuestos deberían «partir de unas cifras más realistas». Si no, la situación se va a volver a repetir. Además, subraya que «habrá una oportunidad» si se vuelve a negociar un sistema de financiación autonómica. Este profesor de Economía pone en valor el anterior sistema con el que «el gasto sanitario crecía como evolucionaba el PIB». «Si eso estuviese operativo tendríamos este año en torno a un 2,7% más. Ahora es imposible saber qué impuestos van a financiar la sanidad. Unas gastan más y otras menos pero había una garantía mínima que si no se cumplía, contribuía el Estado. Lo que se hizo fue pasar la patata caliente a las comunidades autónomas», concluye.
Fuente: El Diario
