Un acuerdo entre PSOE, Podemos y Ciudadanos ha permitido sacar adelante la iniciativa frente a la oposición de los populares
El texto insta al gobierno regional a desarrollar una ley autonómica de Memoria Histórica que incluye catalogar los monumentos franquistas
Prevé también la financiación de los trabajos de localización y exhumación de restos en las fosas comunes del franquismo
El PP ha perdido una nueva votación en la Asamblea de Madrid, en esta ocasión sobre la Memoria Histórica. La presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, tendrá que elaborar una ley de Memoria Histórica que desarrolle la norma nacional promulgada en 2007, y que incluya la financiación de las actividades de localización y exhumación de las fosas comunes del franquismo, además de un catálogo de monumentos franquistas.
La iniciativa, una Proposición no de Ley del PSOE, ha recabado el apoyo de Podemos y de Ciudadanos. Los votos de la formación naranja, que sustenta el gobierno regional del PP, han sido decisivos para la aprobación del texto. Este partido llevaba en su programa para las elecciones generales pocas referencias a la Memoria Histórica, pero Albert Rivera se comprometió a aumentar los fondos y a facilitar la localización de fosas y la exhumación.
El acuerdo ha sido posible gracias al pacto al que han llegado los tres partidos sobre las enmiendas presentadas al texto inicial. PSOE, Podemos y Ciudadanos han acordado un texto definitivo que insta a promulgar una ley sobre Memoria Histórica, denominada Memoria Democrática en el texto consensuado.
La propuesta incluye la creación de organismos “con autoridad y personal propio” para desarrollar los dispuesto en la ley. Serán personas de reconocida experiencia en el ámbito de la Memoria Histórica. El texto también reclama fondos para, entre otras cosas, ultimar el mapa de fosas comunes en la Comunidad de Madrid, además de colaborar con las asociaciones para la exhumación.
Al contenido inicial de la propuesta, la enmienda pactada por los partidos ha añadido la creación de un «Catálogo de lugares de de la Memoria Democrática de Madrid», que recoja todos los símbolos, monumentos y lugares que merezcan esa consideración. En ese catálogo se incluirán los monumentos franquistas, que Podemos ha pedido retirar o acompañar de elementos pedagógicos.
El PP, en minoría
El tono del debate ha evidenciado desde el principio el pacto alcanzado en la asamblea, con constantes alusiones a la necesidad de llegar a acuerdos y a dejar este tipo de cuestiones fuera del enfrentamiento entre los partidos. El PP es el único que se ha descolgado de ese consenso.
María Isabel Andaluz ha defendido la iniciativa en el Pleno. La diputada socialista ha asegurado que no desarrollar una ley de Memoria Histórica es “toda una enfermedad moral”, y que se trata de un asunto de “derechos humanos esenciales, que no son ni de izquierdas ni de derechas”. “Hay víctimas que necesitan ser reparadas, recordadas”, ha exclamado Andaluz, que ha terminado su intervención leyendo un texto de Julián Besteiro.
Por Ciudadanos, Esther Ruiz Fernández ha comenzado aludiendo a la necesidad de consenso en el actual momento político y al espíritu de la Transición. La ley que surja de esta iniciativa no puede “erosionar” los pilares democráticos, ha dicho, al tiempo que ha advertido de que su partido se opondrá si alguien quiere utilizar la norma como arma de confrontación.
Podemos ha lamentado la falta de fondos que ha sufrido la Memoria Histórica en los últimos años. Su diputado Pablo Padilla, que ha intervenido con una camiseta en la que se leía el lema “verdad, justicia, reparación”, ha asegurado que las instituciones tienen que asumir su papel de garantes de derechos humanos. “No se trata de dos memorias enfrentadas, sino de la construcción de un pueblo maduro”, ha añadido.
Juan Gómez-Angulo, diputado del PP, ha comentado que si el bando republicano ganó la guerra, el republicano ganó la propaganda, y ha asegurado que en la actualidad se usa la Memoria Histórica para hacer una “releectura equivocada del pasado”. El drama humano que hay que atacar ahora es el paro, ha dicho, y esa es la prioridad de su partido, frente a iniciativas “revisionistas”.
El contenido de una Proposición no de Ley no es vinculante, pero su fuerza es mayor en un parlamento donde el partido del gobierno está en minoría. Su incumplimiento puede poner en una situación difícil a Cifuentes frente a Ciudadanos, el partido con el que firmó un acuerdo de investidura, y que ha apoyado la iniciativa. Además, ante su incumplimiento, los partidos puede decidir impulsar una Proposición de Ley que desarrolle la iniciativa.
Fuente: El Diario