Se estudia la anexión del IPR al hospital de La Princesa del que dista 200 metros
La Consejería de Sanidad quiere reabrir tres de las siete plantas del Instituto Provincial de Rehabilitación (IPR) que han ido perdiendo actividad desde 2010. La idea es dar mayor uso a un centro que funciona a medio gas desde entonces. El instituto depende del hospital Gregorio Marañón, del que dista casi dos kilómetros, y los socialistas proponen que sea transformado en un anexo a La Princesa, situado a escasos 200 metros.
El viceconsejero Manuel Molina reconoció en la última comisión de Sanidad de la Asamblea que han mantenido contactos con la dirección del hospital de La Princesa, pero no quiso precisar más sobre los planes.
En la séptima planta del instituto, un cartel informa de que alberga la Clínica de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Sin embargo, no está operativa desde hace años. Se inauguró en 2008 con el orgullo de ser la segunda unidad de este tipo, tras la del hospital Santa Cristina, y fue incluida en el Pacto Social contra la Anorexia y la Bulimia de la Comunidad. El gerente del Marañón, Antonio Barba Ruiz de Gauna, llegó a felicitarse en la Asamblea de su apertura por ser “un tema serio y de una gran repercusión social”.
En la sexta planta apenas hay algo de actividad en el servicio de lencería y en el despacho de la gobernanta. Los cuartos de los sindicatos están cerrados. Una nota en la puerta explica que ya no tienen suficientes liberados para mantener abierta la sede sindical. En la quinta planta las 14 camas están cerradas. No así en los tres pisos inferiores, que suman 81 camas. Todos los quirófanos están cerrados y la piscina del sótano se halla clausurada por una avería.
El viceconsejero alabó en la Comisión de Sanidad la “labor esencial” del IPR, que cuida de “personas que necesitan cierto tiempo adicional para terminar el tratamiento iniciado en el hospital”, como pacientes mayores que se han roto la cadera y no pueden instalarse en una casa. Pero terminó reconociendo, ante la insistencia de la oposición, que “la capacidad funcional que se ha visto afectada es reversible o al menos minimizable”. Es decir, que el Plan de Sostenibilidad del sistema sanitario madrileño de 2013 ha cercenado la actividad del centro.
Según Molina, la ocupación está “por encima del 95%”, pero José Manuel Freire, el portavoz socialista en la Asamblea, calcula que “un día normal no supera el 30%”. En 2015 fueron asistidos 1.343 pacientes.
Fuente: El País
