Después de afirmar que había evitado las expulsiones colectivas en el pacto UE-Turquía, la Guardia Civil devolvió en caliente a varios subsaharianos
El intento de salto de 300 personas, el más numeroso de los últimos meses, se produjo el domingo al amanecer
Algunos inmigrantes consiguieron encaramarse a la valla pero cuando descendieron fueron devueltos de inmediato sin acceder a un «proceso individualizado», como defendía Margallo en la cumbre europea
Días después de que el Ejecutivo español en funciones se autoproclamase el principal opositor de la devoluciones sumarias en el acuerdo UE-Turquía, el mismo Gobierno ha expulsado de forma colectiva a varios migrantes en Melilla. Este domingo, unas 300 personas de origen subsahariano intentaron saltar la valla de la ciudad autónoma. Algunos de ellos llegaron hasta la última alambrada y permanecieron encaramados a ella durante horas pero, cuando bajaron de esta y pisaron suelo español, fueron devueltos de forma automática a Marruecos, como es habitual.
El intento de salto a la valla se produjo al amanecer. El grupo se dividió en dos: unos intentaron entrar por Pinares y los otros por la zona del Río Nano. Algunos de los integrantes de este segundo grupo subieron a la valla, pero una vez que decidieron descender de la alambrada a suelo español fueron «rechazados», según ha confirmado a eldiario.es fuentes de la Guardia Civil en Melilla.
La Delegación del Gobierno se limita a detallar que los migrantes «desistieron y bajaron» e insisten en que estas personas «no llegaron a España» porque «no superaron el mecanismo antiintrusión» que, según defienden, incluye a los agentes de la Guardia Civil. Desde la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, se creó el término «rechazo en frontera» para amparar las devoluciones sumarias en las fronteras de Ceuta y Melilla.
Lo que el Gobierno dice y lo que hace
Estas devoluciones en caliente, habituales en Melilla durante Gobiernos tanto populares como socialistas, se producen días después de la aparente fuerte oposición del Gobierno en funciones a las expulsiones sumarias que pretendían incluirse en el marco del acuerdo UE-Turquía. El ministro de Exteriores insistió en su rechazo a estas prácticas por su ilegalidad y su carácter «inmoral». Además, este sábado, después de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía el Gobierno en funciones lanzó un comunicado en el que daba cuenta de algunas de las «modificaciones» solicitadas por España.
«Rajoy ha subrayado que el texto (el acuerdo UE- Turquía) «respeta escrupulosamente» la declaración institucional del Congreso de los Diputados aprobada el 16 de marzo por todos los grupos parlamentarios. En concreto, ha detallado, se han introducido en el acuerdo final algunas modificaciones solicitadas por España: las actuaciones deberán ser conformes al derecho internacional y de la UE y excluirse cualquier forma de expulsión colectiva; los solicitantes de asilo llegados a las islas griegas tendrán un procedimiento individualizado y personalizado, y el reasentamiento de nacionales sirios desde Turquía tendrá en cuenta a aquellas personas más vulnerables».
Pero las devoluciones sumarias continúan en Melilla. El grupo de migrantes ha sido «rechazado» de forma inmediata. Cuando los jóvenes subsaharianos han descendido de la alambrada interior (la más cercana a Melilla), han pisado suelo español y han sido trasladados por los agentes de la Guardia Civil a una de las puertas situadas en la valla. Entonces, han sido entregados de nuevo a las autoridades marroquíes. Se desconoce si entre las personas expulsadas había solicitantes de asilo, porque no se les permitió el acceso a la protección internacional, algo contrario al Derecho Internacional.
Por tanto, no se realizó el estudio individualizado de cada caso, como obliga la Convención de Ginebra, y defendía también hace escasos días José Manuel García-Margallo: «Cada ser humano que llega con una necesidad tan apremiante tiene derecho a presentar una solicitud individual y que ésta se estudie, se resuelva y se pueda recurrir».
Se les devolvió a Marruecos, un Estado que, según han documentado Human Rights Watch y Amnistía Internacional, vulnera de forma constante los derechos humanos de los migrantes subsaharianos, sobre todo de los que viven en el norte, cerca de la frontera con España. No cumple, según ambas ONG, las «condiciones de dignidad humanas» recordadas por el ministro español en funciones en relación a Turquía: «Y si se le manda a otro lado hay que estar seguros de que el país al que se le manda le protege en condiciones que la dignidad humana requiere».
Es el intento de salto más numeroso desde hace meses. El último, en el que participaron unas treinta personas, ocurrió el 29 de febrero, apenas un par de días después de que un grupo de una docena fuese también rechazado. Antes, el 18 de febrero, fueron 150 personas quienes lo intentaron.
En aquella ocasión, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) emitió una nota en la que denunciaba la devolución «en caliente» de diez de las personas que se encaramaron a la valla. En la nota insistía en que estas expulsiones no respetaban la legislación internacional de derechos humanos, como establece la normativa aprobada en marzo a la que se aferra el Ejecutivo para defender estas prácticas.
Los intentos de entrada se han reducido mucho en los últimos meses. La Guardia Civil asegura que el método de entrada a Melilla más habitual es ahora el doble fondo en los vehículos, que acumula hasta marzo el 40% de las entradas registradas por esta vía en todo 2015. Cerca de 150 personas han entrado en la ciudad autónoma camufladas en los vehículos, que a veces transportan hasta tres personas. Según la Guardia Civil, cada uno abona unos 4.000 euros por que le transporten hasta el lado español de la frontera.
Fuente: El Diario