Autonomías como Cataluña, Valencia o Navarra están rompiendo acuerdos con la privada. Concesiones directas, convenios de colectivos y conciertos singulares, en el punto de mira.
De momento son pocos y tienen más de gesto simbólico que de verdadero cambio profundo del sistema, pero los primeros pasos para revertir conciertos y concesiones sanitarias a la privada ya se están dando en buena parte de las autonomías, fruto del cambio de gobiernos autonómicos del pasado año y de la entrada en los ejecutivos autonómicos de partidos afines a Podemos, que incluían en su programa electoral una reversión de toda concesión a la privada.
En unos casos afectan a conciertos singulares, en otros, a concesiones directas y en otros a convenios residuales semejantes a los modelos mutualistas.
Cataluña ha sido la autonomía que más pasos ha dado, de momento, para revertir conciertos y concesiones a la privada. El Consejo de Dirección del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) aprobó un decreto para impedir que el Hospital General de Cataluña y la Clínica del Vallés -ambos del grupo QuironSalud- puedan realizar actividad pública, al ser empresas con ánimo de lucro.
Además, el consejero catalán, Antoni Comín, ha manifestado en diversas ocasiones su intención de expulsar del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña (Siscat) a otros hospitales privados, especialmente a los que están gestionados por entidades con ánimo de lucro. Uno de los que están en el punto de mira es el Sagrado Corazón, que también ha centrado la atención de un informe sobre la privatización y mercantilización en la asistencia sanitaria pública en Barcelona, elaborado por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal.
Pero Cataluña no ha sido la única autonomía en hacerlo. En Valencia la recuperación para la sanidad pública y la gestión directa de los conciertos y las concesiones administrativas sanitarias es uno de los ejes programáticos y filosóficos que el gobierno autonómico valenciano, conformado por los socialistas y Compromís, con el apoyo de Podemos, ha verbalizado de forma reiterada desde el inicio de esta legislatura. De hecho, es «un compromiso del Gobierno» que forma parte de uno de los ejes del Pacto del Botánico (el acuerdo firmado por las tres formaciones políticas).
Este compromiso, expresado tanto desde la presidencia regional como la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública, se ha visto plasmado en el inicio de procesos para revertir el concierto de las resonancias magnéticas (RM) -que concluye en 2018- y también la gestión de los departamentos de salud gestionados por la iniciativa privada (el primero que concluye es Alcira, también en 2018), amparándose en ambos casos en que la gestión directa es más efectiva y de mayor calidad.
Sin embargo, al margen de reuniones previas y exploratorias con sociedades científicas y organizaciones sociales, ciudadanas, políticas y sindicales, por el momento esta clase de acuerdos se están centrando en un paso previo y fundamental, según el departamento que dirige Carmen Montón: una importante campaña de control y fiscalización de estos escenarios para garantizar que, hasta que se produzca la reversión, los conciertos y contratos se están cumpliendo.
Esto incluye auditorías contables, de inversiones y asistenciales, la fiscalización de las liquidaciones anuales y una auditoría integral por parte de la Sindicatura de Cuentas, como ya se hizo en el caso de las resonancias magnéticas.
En Madrid, y pese a que el PP gobierna con el apoyo de Ciudadanos, la Asamblea ha aprobado, con los votos a favor del PSOE y Podemos y la abstención de Ciudadanos, una proposición no de ley del grupo socialista que pide renegociar la concesión del Hospital de Collado-Villalba y revertir su gestión al Servicio Madrileño de Salud. Todos los partidos, incluido Ciudadanos, se han unido también para forzar al PP a realizar un cambio en los presupuestos de 2016 y eliminar el convenio especial con la Asociación de la Prensa, por el que la Comunidad de Madrid pagaba 8,6 millones de euros y que permitía al colectivo de periodistas optar por ser atendido en la privada o en la pública, en una suerte de modelo semejante al de Muface y sobre el que los partidos de la oposición han afirmado que resultaba un privilegio para el citado colectivo de periodistas.
Convenios particulares
Algo muy semejante ha ocurrido en el caso de Navarra, donde el Gobierno foral ha decidido suprimir el concierto que tenía con la Clínica Universitaria de Navarra para que ésta prestase atención sanitaria a los 7.000 trabajadores de la universidad. El citado convenio suponía el pago de 5,1 millones de euros a la clínica privada mientras que el Gobierno foral defiende que asumir la atención de este colectivo por parte del sector público supondrá sólo 3,2 millones de euros, por lo que se generará un ahorro global con la supresión del acuerdo de 2 millones de euros.
En otras autonomías, por el contrario, como Cantabria, acuerdos de esta clase siguen vigentes y sin ser cuestionados: el Gobierno cántabro cuenta con un convenio especial de asistencia con la Asociación de la Prensa de Cantabria por el que, de los casi 300 periodistas asociados, apenas un centenar usa esa opción, que viene de la época del predemocrática y fue el único convenio de esta clase que quedó en vigor tras las transferencias, cuando se eliminaron otros convenios semejantes para empleados de Telefónica y Electra del Viesgo.
Lo mismo ocurre con conciertos singulares de otras autonomías que, de momento, no parecen entrar en planes de reversión, como el de Povisa de Galicia, los seis hospitales andaluces del grupo Pascual o el Hospital Jove de Asturias o los acuerdos con la Orden de San Juan de Dios tanto en Cataluña como en Andalucía. Buena parte de los posibles movimientos de las autonomías están, con todo, pendientes de la conformación del nuevo Gobierno central, en tanto PP y Ciudadanos abogan por no incrementar las concesiones a la privada pero tampoco revertirlas, mientras el PSOE -y en parte Ciudadanos- propugnan una revisión de la ley nacional de 1997 que las hizo posibles para reforzar los controles sobre las concesiones, y Podemos reclama insistentemente una reversión total tanto de las concesiones como de todas las fórmulas cercanas al sistema mutualista que permiten elegir entre un modelo u otro a determinados colectivos.
Así, la entrada en el Gobierno nacional de unos u otros partidos podría condicionar fuertemente la marcha de la colaboración público-privada que desde el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que aglutina al sector sanitario privado, se recuerda como «imprescindible», teniendo en cuenta los recortes de gasto sanitario que se han acometido desde el sector público, entre otras cuestiones.
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Fuente: Diario Médico
