Más de un tercio de las cirugías y de las pruebas diagnósticas se realizan en centros privados y algunas comunidades como Cataluña dedican hasta un 25% de su gasto a conciertos.
Esa es la preocupación que han despertado en el sector privado estos primeros movimientos de reversión de acuerdos con la privada, y salvo los anuncios sobre el Hospital de Alcira que se fían a 2018, las iniciativas de momento tienen más de gesto que de cambio radical con fuertes consecuencias organizativas o económicas.
No en vano, pensar en una reversión radical en este momento del sistema sanitario que dejase de apoyarse en la sanidad privada parece poco factible a la luz de los datos. La semana pasada el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que aglutina a las principales aseguradoras sanitarias y grupos hospitalarios privados, hizo públicos sus datos sobre el sector. Sin entrar enla controversia de si a medio plazo resultaría más eficiente que el sector público asumiese por completo la provisión de la sanidad, lo que parece evidente es que por infraestructuras, recursos humanos, organización actual y tecnología, hoy por hoy una reversión completa de los acuerdos con la privada sería inviable.
Las cifras puestas sobre la mesa por el IDIS muestran que el sector privado realiza casi el 40 por ciento de todas las resonancias magnéticas del país, el 27 por ciento de todos los PET, el 16 por ciento de las TC, y más del 30 por ciento de todas las cirugías ortopédicas, generales, de digestivo, ginecología, neurocirugía, un volumen de actividad que difícilmente podría afrontar de golpe el sistema público.
Interdependencia
Esa interdependencia entre sector público y privado es especialmente aguda en algunas autonomías, si se tiene en cuenta que el particular sistema catalán dedica el 25,6 por ciento de su presupuesto público total a conciertos con la privada (y que por tanto los recursos humanos e infraestructuras están basados en su mayoría en el sector privado haciendo inviable la ruptura drástica de la relación). Con cifras más bajas pero también altas, Madrid y Canarias, por ejemplo, dedican también más del 10 por ciento de su gasto a conciertos (incluidos en ellos no sólo listas de espera sino también por transporte, oxigenoterapia, etc.).
La dependencia del sistema público del privado se produce, en realidad, en las dos direcciones, si se tiene en cuenta que el 42 por ciento de los hospitales privados cuentan con algún concierto con la pública o que un 23 por ciento de la facturación de los hospitales privados no benéficos procede de conciertos públicos, fundamentalmente para listas de espera, lo que da idea de la evolución que experimentarían las demoras si la pública asumiese por completo, de golpe, la atención que se está derivando a la privada.
De hecho, todas las comunidades autónomas dedican una parte (la que menos Aragón, con un 3,4 por ciento) de sus fondos públicos a conciertos con la privada y buena parte de ellas cuentan con conciertos singulares que integran hospitales privados en la red pública, como Andalucía, Madrid, Galicia, Asturias o Cataluña. Más excepcionales son las concesiones directas, que sólo existen en Madrid y la Comunidad Valenciana.
