TRIBUNALES DE JUSTICIA NO PODRÁN INTERVENIR: Tribunales privados de arbitraje podrán imponer multas multimillonarias a los Estados cuyos parlamentos hayan osado legislar sin tener en cuenta las expectativas de las empresas.
El TTIP tiene un capítulo especial y de enorme interés para las grandes empresas privadas, el TISA o Tratado de Comercio de Servicios, que pretende defender los beneficios de las multinacionales por encima de cualquier otro derecho ciudadano, homologando a la baja la legislación que regula los servicios públicos de los países firmantes.
Tribunales privados de arbitraje podrán imponer multas multimillonarias a los Estados cuyos parlamentos hayan osado legislar en defensa de sus ciudadanos sin tener en cuenta las expectativas de ganancia de las empresas.
Los tribunales públicos de justicia no podrán intervenir ni recurrir dichas decisiones.
Aunque el parlamento europeo (PE) ha tomado recientemente la decisión de instar a la Comisión Europea (CE) a excluir los servicios públicos más sensibles, como la sanidad, de dicho tratado, los comisarios europeos, que únicamente han negociado el tratado con los lobbies empresariales a espaldas de los parlamentos elegidos democráticamente, tienen la última palabra y es poco probable que tomen en cuenta la recomendación parlamentaria.
Por otra parte, la sanidad es uno de los objetivos esenciales del TTIP, como lo demuestra la fuerte presencia de los lobbies del Sector en las negociaciones con la Comisión Europea, tanto de los laboratorios farmacéuticos (EUCOPE, EFPIA, PhRma, TABC), que pretenden el libre flujo de información sobre los pacientes y el libre mercado de patentes sin control de precios, como de las empresas de tecnología médica (COCIR, ADVAMED), además de la omnipresente IBM (principal beneficiaria del Open data), la Philip Morris, la banca y el Consejo General de la Abogacía Española, dado el nicho multimillonario que se abre con los arbitrajes privados.
Los grandes despachos de abogados de España ya disponen de secciones especializadas en la defensa de los intereses de la industria farmacéutica, como ocurre con el Despacho de Abogados Garrigues, cuyo presidente de honor es Garrigues Walker, fundador de Transparencia Internacional (TI) y gran defensor del opaco y antidemocrático Tratado de Libre comercio (TTIP).
Posibles consecuencias del TTIP/TISA sobre el SNS:
- Pérdida del derecho a la negociación colectiva y de los otros derechos laborales adquiridos.
- Miles de despidos en el SNS, por los recortes y la implantación de empresas sanitarias extranjeras con sus propios profesionales.
- Ausencia del principio de la precaución a la hora de aprobar y comercializar alimentos, fármacos y dispositivos médicos, con graves consecuencias para la salud de la población. El fraude de Volkswagen ha evidenciado la falta absoluta de control sobre las empresas multinacionales y la dejación existente a la hora de proteger la seguridad de los ciudadanos europeos, que se agravará con el TTIP.
- Incremento de la mercantilización y de la utilización innecesaria de medicamentos y tecnologías, a pesar de que ya ocupamos el segundo lugar del mundo en consumo de medicamentos y el noveno puesto en el uso de tecnologías médicas.
- Facilidades para la privatización de los servicios públicos e imposibilidad de nacionalizar los ya privatizados, aunque esta privatización no se hubiese ajustado a la ley. Tras la aprobación del TTIP no podrá ponerse freno judicial a privatizaciones ilegítimas, como la de la sanidad madrileña.
- Comercialización de la sangre y de los trasplantes, de enorme interés para el turismo sanitario de alto nivel, lo que unido al Open Data puede facilitar la detección de donantes y la compra de órganos a los ciudadanos españoles o emigrantes con bajos recursos, como ya se ha detectado en España.
- Los analistas también esperan mayores facilidades para la evasión y elusión de impuestos por parte de las empresas, lo que arruinará las arcas públicas, aumentarán los recortes e impedirá la sostenibilidad del SNS.
Fuente: Nueva Tribuna
