El Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión cautelar que pesaba sobre el Decreto Ley 3/2015, de 24 de julio, por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana. «Hasta que haya una sentencia definitiva, podemos garantizar a todos los ciudadanos residentes en la comunidad, sea cual sea su color y origen, el derecho a la salud», señaló el presidente del Consell, Ximo Puig, que se mostró muy «satisfecho» con esta medida, que «que refuerza nuestras tesis. No se entiende que no se pueda atender a las personas por su origen, porque no es una cuestión de papeles, sino de derechos humanos».
El Tribunal Constitucional (TC) admitió, el pasado 3 de noviembre, a trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Ejecutivo central contra el decreto ley autonómico por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la comunidad, suspendiendo, de manera cautelar, su aplicación, hasta que el TC adoptase una resolución definitiva.
El Consejo de Ministros aprobó, el 23 de octubre, presentar el recurso contra el decreto ley autonómico, aprobado en septiembre, que incluye en la cobertura sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Alegó que incurre en «extralimitación competencial», porque regula una materia «que corresponde exclusivamente al Estado: establecer el ámbito objetivo y subjetivo de la Sanidad». La universalidad de la sanidad fue revisada por el decreto 16/2012, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, en un contexto de recorte del gasto público. También es competencia del Gobierno central su financiación.
País Vasco y Navarra
La Generalitat es optimista respecto a la resolución del recurso, puesto que hay dos precedentes, en Navarra y el País Vasco. En estos casos, y ante normativas similares a la valenciana, el Gobierno central también presentó recurso ante el Constitucional, que lo admitió a trámite y suspendió su aplicación, para, finalmente, levantar esa suspensión.
En todos los casos, las normas se sustentaban, asimismo, en el impacto positivo de la mejor atención individual para «la salud pública». La Comunidad de Madrid, bajo gobierno del PP, también está dando los pasos para retornar a la sanidad universal.
La Generalitat destaca el consenso en torno al decreto ley valenciano, avalado por la Abogacía General de la Generalitat y validado en las Cortes autonómicas, con un amplio respaldo de los grupos parlamentarios y sin votos en contra.
«Que la universalización de la sanidad sea una realidad es una cuestión de sentido común y de racionalidad», concluye Puig.
Fuente: El Economista