La Intervención cuestiona la legalidad de centenares de contratos del SMS

La Intervención Delegada pone en duda la legalidad de 319 de un total de 390 contratos menores correspondientes a siete áreas de salud (todas excepto Mar Menor y Vega Alta del Segura, de las que no se recogen datos). Esto significa que en el 81% de los casos «se observa la existencia de servicios idénticos o semejantes y/o próximos o simultáneos realizados por el mismo contratista». Los interventores advierten que, «salvo acreditación de que las razones del mismo legitiman esa forma de actuar, se trataría de supuestos de fraccionamiento del objeto del contrato, incumpliéndose lo previsto en el artículo 86.2» de la Ley de Contratos del Sector Público.

Los anexos del informe de la Intervención reflejan con todo lujo de detalles estos contratos, que también afectan a los servicios centrales del SMS. Así, en verano de 2013 se firmaron tres contratos sucesivos por 14.520 euros con Connetics Consulting Services para la adaptación de un programa informático, el Sigile, para el plan de choque de listas de espera del SMS. A ellos se sumó un cuarto contrato por 5.808 euros. En total, 49.368 euros que habrían requerido de concurso público. El SMS, en sus alegaciones, explica que se llevaron a cabo estos contratos menores por «necesidades de gestión y asistenciales sobrevenidas», y asegura que «no fue posible articular» un contrato mayor hasta el mes de septiembre. La Intervención mantiene, sin embargo, las dudas sobre la legalidad del procedimiento.

Sobre todo en Cartagena

En el área 1 (Murcia Oeste-La Arrixaca) se detectaron 716.924 euros en expedientes que esconden «un posible fraccionamiento del objeto del contrato». Pero es en el área 2 (Cartagena), donde más se ha abusado de los contratos menores, hasta el punto de que representan el 63% del gasto total en servicios. Los interventores señalan que «estos hechos indican que existen carencias en materia de planificación y coordinación». En total, los contratos que esconden un posible fraccionamiento ascienden a 855.413 euros en Cartagena. Llaman la atención 274.401 euros fraccionados en 24 contratos diferentes de 11.433 euros con Vigilancia Integrada S. A. para el servicio de seguridad del Hospital del Rosell. El mismo esquema se repite con los 210.168 euros pagados a Ecysmur S. L. para la limpieza de centros de salud y los 135.402 abonados a Salzillo Seguridad S. A. para la vigilancia en los centros de salud de La Unión y Mazarrón.

El mismo procedimiento se detecta en el área 3 (Lorca), con contratos menores de 6.129 euros con Grupo Sureste Control para la limpieza del centro de salud de Águilas norte, por valor total de 73.554 euros. La dinámica es la misma en el resto de áreas de salud. En el Noroeste, el posible fraccionamiento afecta a los 24 contratos analizados, al igual que ocurre con los 31 revisados en el Altiplano.

Sanidad alega la necesidad de cubrir servicios que son indispensables mientras se procede a la convocatoria de concursos públicos. La Intervención Delegada responde, sin embargo, que «las razones aducidas por el SMS justificativas de este modo de actuar, ya sea por la necesidad de ampliación de la prestación o por la continuación del servicio tras la finalización del contrato, ponen de manifiesto que es necesario que se prevean con antelación en toda su extensión las necesidades a satisfacer» con el fin de «realizar una adecuada planificación de su tramitación».

Incumplimiento de plazos

En todo el Servicio Murciano de Salud (oficinas centrales más áreas de salud), se adjudicaron en 2013 contratos por valor de 36,5 millones de euros, de los que 28,5 se resolvieron a través de concurso público. Mientras, hubo 4,9 millones en contratos menores y 2,9 millones en expedientes negociados sin publicidad. Entre los fallos detectados por la Intervención destaca el incumplimiento del plazo de adjudicación de dos meses tras la apertura de las ofertas, algo que en 2013 ocurrió en 11 de los 17 expedientes revisados en los servicios centrales. El informe lo achaca «a la tardanza en la elaboración de los informes técnicos correspondientes». Además, en ninguno de los expedientes de los servicios centrales analizados «consta en el pliego de prescripciones técnicas particulares el precio de cada una de las unidades en que se descompone el presupuesto». Tampoco consta la aprobación del gasto en ninguno de los 22 contratos revisados.

Estos mismos fallos se repiten en todas las áreas de salud con mayor o menor intensidad. Hay, además, otro tipo de irregularidades. En La Arrixaca «se han recibido servicios de contratos que tienen finalizada su vigencia, incumpliéndose el plazo de ejecución» Así ocurre en 13 casos. También se llevaron a cabo revisiones de precios en adjudicaciones cuya vigencia había finalizado, y se facturaron conceptos no incluidos en cuatro contratos en La Arrixaca.