El PP no incluyó un régimen sancionador ante los posibles incumplimientos en la atención a los pacientes
PINO ALBEROLA
Los contratos que el anterior Gobierno de la Generalitat Valenciana firmó con las empresas que dirigen los cinco hospitales públicos de gestión privada en la Comunidad –tres de ellos en la provincia de Alicante– no incluyen un régimen de sanciones para aplicar en caso de que haya algún incumplimiento de los mismos. Así se desprende de la documentación que la Conselleria de Sanidad ha hecho pública en el portal de la transparencia de la Generalitat. En concreto, se trata de los contratos para privatizar la gestión de la asistencia sanitaria en los hospitales de La Ribera, Torrevieja, Dénia, Manises y Vinalopó, que fueron firmados entre 2003 y 2010. Estos centros atienden a casi un millón de pacientes en la Comunidad Valenciana, el 20% de la población.
Según han explicado fuentes de la conselleria, al carecer de régimen sancionador «es imposible establecer en qué momento se puede multar a una concesionaria que ha cometido una falta o establecer la gravedad de la misma para determinar la cuantía a pagar». Una situación que dificulta el llevar a cabo un posible rescate de estas concesiones, como en un principio de había barajado desde la Generalitat. En este sentido, desde el departamento de Carmen Montón remiten a contratos similares firmados en la Comunidad de Madrid en los que se determina que si la cuantía de la multa supera el 10% del contrato anual, se puede rescindir el mismo. A la luz de estos hecho, desde Sanidad afirman que se va a trabajar para introducir este régimen de sanciones en los contratos, aunque reconocen que «es algo que depende de las dos partes». De hecho, añaden, «hay dos hospitales que ya nos han pedido incluirlo porque les da más seguridad».
Del mismo modo, la publicación de estos documentos ha puesto de manifiesto que las empresas que gestionan estos cinco hospitales no se han sometido a las auditorías anuales a las que estaban obligadas por contrato. Como señaló ayer Carmen Montón, «nunca se ha realizado una auditoría de cuentas; nunca se realizó una auditoria de inversiones; y lo que es peor, nunca se realizó una auditoría asistencial que garantizase la equidad en prestaciones ofertadas por las concesiones respecto de los departamentos de gestión pública».
La consellera de Sanidad compareció ayer junto al conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, quien resaltó el «valor informativo y simbólico de publicar por fin en el Portal de Transparencia una documentación que afecta a una materia tan sensible como la salud y que, en este caso, arroja luz para entender qué ha sucedido con la sanidad en la Comunitat Valenciana durante años», tras preguntarse «qué había en esos documentos que no se podía hacer público pese a las peticiones de los grupos parlamentarios durante tanto tiempo».
En los últimos meses la Conselleria de Sanidad ha anunciado diferentes medidas fiscalizadoras para controlar la gestión de las empresas al frente de estos hospitales. En este sentido se han comenzado a realizar auditorías de inversiones y en breve comenzarán las auditorías asistenciales para comprobar cómo funcionan los servicios de urgencias en los departamentos donde funcionan las concesiones administrativas. También se ha pedido la colaboración de la Intervención General y la Sindicatura de Comtes.
Fuente: Información