Carlos Gomez Gil
En pocas cosas hay tanta unanimidad, entre los partidos políticos que aspiran a formar nuevo gobierno, como en la necesidad de poner en marcha un ambicioso plan de emergencia social. Indicadores estadísticos europeos y nacionales coinciden en destacar una y otra vez los elevados niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social que se han alcanzado en España, colocándonos en los primeros puestos entre los países de la UE, abriendo así una brecha social que no para de avanzar y cuyos efectos tardarán años en desaparecer. El problema es que el tiempo que se necesita para generar cambios económicos y sociales de envergadura que transformen esta situación no coincide con las necesidades vitales y personales más urgentes de miles de familias, que no pueden esperar más para que se solucionen auténticos dramas humanos contemporáneos de proporciones devastadores para quienes lo sufren. De ahí la importancia de comprender correctamente la situación de emergencia social en la que nos encontramos y realizar así un adecuado diagnóstico.
Muchos de los síntomas de ese devastador proceso vivido son bien conocidos, en forma de destrucción de puestos de trabajo y desempleo masivo, con la expulsión de amplios sectores de jóvenes y profesionales al extranjero, mientras numerosas familias sin recursos han perdido su casa con los cerca de medio millón de desahucios ejecutados desde el inicio de la crisis, al tiempo que cada vez más personas no pueden pagar incluso sus tratamientos médicos y satisfacer sus necesidades más básicas, hasta el punto de tener que recurrir a comedores sociales y bancos de alimentos en proporciones nunca antes vistas desde la posguerra, con miles de niños en situación de pobreza y vulnerabilidad ante la imposibilidad de sus padres hasta de poder pagar los comedores escolares, con hogares incapaces de hacer frente a los recibos de consumos básicos de agua, electricidad o gas.
Sin embargo, es necesario identificar correctamente otros procesos que han profundizado la desigualdad y el empobrecimiento en nuestra sociedad en los años recientes, de la mano de una tendencia estructural de distribución regresiva de la renta y un retroceso de los salarios a costa de mejorar los beneficios del capital. Así, la masa salarial desde 2008 a 2013 retrocedió un 20%, acompañada de una caída del 8% del salario medio real. Al mismo tiempo, las pensiones perdieron poder adquisitivo, junto a drásticos recortes en sanidad, educación y servicios sociales, con un importante retroceso en la aplicación de la Ley de Dependencia, acompañado de una privatización de servicios públicos y la imposición de copagos. Al mismo tiempo, se aumentan los impuestos indirectos y se aprueban sucesivas reformas laborales que favorecen los despidos con baja indemnización y precarizan todavía más los empleos, mientras se destinan cantidades formidables de dinero público y avales del Estado para salvar a la banca.
Entenderemos por ello la profundidad, amplitud y extensión de los procesos de pobreza, exclusión y desigualdad que vive la sociedad española, acompañados de decisiones políticas que han agrandado aún más la brecha de desigualdad, sin mecanismos redistributivos y con un progresivo desmantelamiento de las políticas sociales. Revertir estas dinámicas de empobrecimiento tan profundas exige de un cambio de políticas económicas, fiscales, laborales y redistributivas, algo que no parece que todos los partidos políticos hayan comprendido si de verdad se quiere avanzar hacia una sociedad menos desigual.
Ahora bien, si se pretende poner en marcha un verdadero plan de emergencia social, no basta con simples medidas publicitarias, como alguna formación política ha anunciado, sino que debe impulsarse un cambio profundo en el sistema de políticas sociales públicas, entendido como derechos subjetivos y elementos redistributivos de primer orden, basados en la extensa red de servicios sociales municipales repartidos por todo el territorio a través de los ayuntamientos, que son un pilar fundamental de nuestro maltrecho Estado del Bienestar. A pesar de las carencias y recortes, disponemos de equipos técnicos y profesionales altamente cualificados, capaces de articular intervenciones y dispositivos precisos, siempre que se dote de recursos, medios y capacidades a unos servicios sociales que no han parado de sufrir recortes, justamente cuando más falta hacían por la gravedad de la emergencia social vivida estos años.
El Gobierno del PP ha disminuido un 70% los recursos al Plan Concertado de Prestaciones básicas que financia una parte de los servicios sociales en toda España, mientras que por el contrario da tres veces más a ONG asistenciales para que hagan caridad, algo que para especialistas como Conrado Moya supone un nuevo modelo asistencialista que vacía la capacidad de respuesta comunitaria en beneficio de las organizaciones de pobres.
Estas son las prioridades que un verdadero plan de emergencia social tiene que abordar si de verdad quiere merecer ese nombre.
Carlos Gómez Gil es Doctor en Sociología y profesor en la Universidad de Alicante. Director del Máster Interuniversitario de Cooperación al Desarrollo de la UA.
@carlosgomezgil
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