José Carracao
La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige a las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.
Creo que con este convencimiento nació la ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Una ley reconocida e incluso premiada como una de las mejores leyes de lucha contra la violencia hacia las mujeres y que establece un sólido y completo marco legal para la prevención, protección, persecución y castigo de la violencia por parte del compañero o ex compañero sentimental.
Es cierto que pese a esto, las mujeres siguen sufriendo violencia y el número de asesinatos se mantiene en cifras escalofriantes. Alrededor de 600 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o ex parejas desde el año 2003, cuando comenzaron a recopilarse estadísticas oficiales de víctimas mortales de violencia de género. Una violencia ante la que no debemos permanecer impasibles.
Un gobierno socialista puso en marcha el primer Plan Integral de Lucha contra la trata con fines de explotación sexual, en el marco de la defensa de los derechos humanos.
Una sociedad decente, madura y democrática exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia así como a sus hijos e hijas generando y ofreciendo los mecanismos necesarios para conseguirlo. Exige avanzar hacia un gran pacto de Estado que implique a todas las Administraciones Públicas para dar respuestas efectivas y de carácter integral que garanticen a las mujeres e hijos/as víctimas de violencia el derecho a una vida sin violencia y reponer las dotaciones económicas que se han ido recortando en estos años de gobierno del PP.
No se puede olvidar la importancia de la formación de todos los agentes que actúan, principalmente: judicatura, abogacía, equipos psicosociales, forenses y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.