En domingo y a través de una nota de prensa. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado por sorpresa una honda reforma del Gobierno gallego. Aumenta de ocho a 10 las consejerías y prescinde de la consejera de Sanidad, Rocío Mosquera, seriamente tocada por la crisis del nuevo hospital de Vigo, en el que, en plena mudanza, se detectó aspergillus. En su lugar pone a un alcalde médico, y rescata para Política Social a otro regidor que había quedado sin cargo, derrotado por la Marea. Según el comunicado oficial hecho público a las dos y cuarto de la tarde, «la renovación de la Xunta supone un nuevo impulso social, económico y territorial para abordar el nuevo contexto de crecimiento». En la nota no se cita a la destituida, solo se anuncia que el nuevo consejero del ramo es Jesús Vázquez Almuíña.

Núñez Feijóo cambia de casilla varias fichas, coloca tres nuevas sobre el tablero y pone fuera de juego solo una, Rocío Mosquera, protagonista de sucesivas crisis al frente de la Consellería de Sanidade y, sin duda, la alto cargo de esta Xunta del PP a la que más veces los rivales pidieron la dimisión. La última vez fue en septiembre, durante el traslado de equipos, personal y pacientes al nuevo y polémico hospital de Vigo, levantado con una fórmula de financiación público-privada que costó 1.400 millones y no aumentó el número de camas disponibles en la comarca. En los días de la apertura, se detectó aspergillus y se paralizó la mudanza después de morir una paciente. Unos 200.000 ciudadanos salían en manifestación con el alcalde socialista, Abel Caballero, al frente de la protesta. Y tanto la calle, como los sindicatos y los grupos de la oposición exigían la marcha de Mosquera. Pero Feijóo, preguntado una y otra vez de forma directa, evitaba citarla dando muchos rodeos por respuesta. Hace unos días, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que sigue ocupando su cargo tras la remodelación anunciada esta tarde, aseguraba que la responsable de la sanidad gallega tenía “el respaldo” del presidente en su “difícil” tarea.

Mosquera (que en plena era de recortes ocupó el cargo desde que en diciembre de 2011 su antecesora, Pilar Farjas, se convirtió en número dos de Ana Mato en el ministerio) ha puesto en su contra a buena parte del personal sanitario y al principal sindicato médico, que la acusó de privatizar los servicios a espaldas de los profesionales y la sociedad. Otra de sus crisis llegó cuando su marido obtuvo la máxima puntuación de un tribunal -cuyos miembros dependían de cargos nombrados por Mosquera- frente a otros cirujanos veteranos para convertirse en jefe de servicio en el hospital de Santiago. La semana pasada, volvieron a arreciar las críticas sobre Mosquera cuando la consejera se refirió a la petición de unos padres que reclaman la muerte digna  para Andrea, su hija de 12 años, como “eutanasia activa”.

Feijóo toma la decisión pocos días antes del debate sobre el estado de la autonomía y en un momento crítico para el PP gallego, que en las municipales de mayo perdió las alcaldías de Ferrol, A Coruña y Santiago, además de las diputaciones provinciales de Pontevedra y A Coruña.

Su crisis de gobierno aumenta de ocho a 10 las consellerías y devuelve el peso (que habían perdido con la anterior reducción de carteras) al sector primario y los asuntos sociales. Al frente de Sanidade coloca a un alcalde médico, el hasta ahora, y desde 2004, regidor de la turística Baiona (Pontevedra), Jesús Vázquez Almuíña, que ya había sido director del Sergas (servicio gallego de salud) en Pontevedra. A cargo de Medio Rural, una de las nuevas consejerías, pone a Ángeles Vázquez Mejuto, alcaldesa de Melide (A Coruña), y aligera así la carga de la hasta ahora consejera de Medio Rural y Mar, Rosa Quintana, desgastada entre otras cosas por la intensidad de la guerra de la leche en Galicia, que mantiene a los productores en pie de guerra por los bajos precios que les pagan las industrias.

La otra consejería que se estrena es Política Social. Feijóo crea el cargo y se lo entrega a un afín que se había quedado sin puesto tras las municipales, derrotado por la Marea. Es José Manuel Rey Varela, exalcalde de Ferrol, imputado en la Pokémon por el supuesto cobro de una mordida, después desimputado, y actual jefe de campaña en Galicia para las generales. Rey Varela, que también ocupó la presidencia de la FEGAMP (Federación Galega de Municipios e Provincias), fue investigado después de que los agentes de Aduanas identificasen como suya una voz que aparecía en un pinchazo telefónico concretando con un empresario una cita para recibir un soborno tras las elecciones municipales de 2011. Tras unos meses, el abogado de José Manuel Rey Varela logró demostrar que la voz de la grabación no era la de su cliente, sino la de otra persona a la que en la charla telefónica citaban como «Josman». En su lugar, el PP de Ferrol presentó a otro «Josman», un militante de base que ocasionalmente ayudaba en los mítines, pero este, ante la juez, tampoco reconoció haber recibido ninguna mordida. Hoy, la investigación que dirige la magistrada Pilar de Lara todavía no ha podido concretar quién recibió los supuestos 3.000 euros con los que el empresario, tal y como cree la instructora de la Operación Pokémon, pretendía comprar voluntades en el partido.

Feijóo ya había reconocido hacía tiempo que la reducción de consejerías y, en concreto la fusión de Mar y Medio Rural en una sola, había pasado factura a estos sectores básicos de la economía gallega. Ahora, según el comunicado oficial, se vuelven a separar para «redoblar esfuerzos», lo mismo que Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (con Beatriz Mato, en la actualidad consejera de Trabajo y Bienestar al su cargo) se desvinculan a partir de ahora de la Consejería de Infraestructuras. Empleo, hasta el momento unida a los asuntos sociales, se liga en adelante a Economía e Industria.

El País