- Tras tres años sin sanidad universal, dos médicos de familia desobedientes y una auxiliar administrativo nos cuentan su lucha por la recuperación de la asistencia para todos los ciudadanos
- “Nos parecía que era inhumano, injusto, innecesario y que atentaba contra el derecho a la salud de todos los ciudadanos que vivimos en España”
Hace tres años, les dijeron que debían dejar de hacerlo, que ya no podrían atender a todos los ciudadanos sin distinción. Si un inmigrante irregular pedía cita, debían decir ‘no’ salvo en determinadas excepciones. Hace tres años, el 1 de septiembre de 2012, comenzaron a desobedecer. Empleaban los resquicios de una normativa que consideran “arbitraria” para proporcionar seguimiento a todo aquel que lo requiriese. Ahora el Gobierno ultima un nuevo plan para devolver la sanidad a al menos algunos de los excluidos. Tras incontables incumplimientos de su propia normativa, decenas de historias de dolor escondidas tras la falta de atención médica normalizada, y una fuerte oposición política y social, el Ejecutivo comienza a darles la razón: una parte de aquello que hacían saltándose la ley, volverá a estar amparado por la normativa.
Nacho, Rosa y Begoña son tres de los muchos médicos y trabajadores administrativos que se negaron a aplicar el Real Decreto 16/2012, cuya aplicación cumple este martes tres años. La reforma excluyó de la sanidad pública a miles de personas. Los más afectados, los inmigrantes en situación irregular. Solo podrían acceder a la asistencia embarazadas, menores y urgencias. El Ejecutivo ha iniciado los trámites para dar marcha atrás: este miércoles se reunirá con las diferentes comunidades para acordar “un modelo de asistencia sanitario único” para ciudadanos en situación irregular.
“Nos parecía que era inhumano, injusto, innecesario y que atentaba contra el derecho a la salud de todos los ciudadanos que vivimos en España”, dice Rosa, médico de familia de un centro de salud de Lavapiés (Madrid). Nacho, también facultativo de otro ambulatorio madrileño, tampoco dudó. “Desde el día siguiente a la publicación del Real Decreto vi que era algo inaceptable para mi conciencia desde el punto de vista de la justicia, la ética y la deontología médica”.
“Sin saber cómo al día siguiente estabas pensando estrategias junto con otras personas para intentar reestablecer este derecho que se había arrebatado tantas personas”, recuerda Nacho. Esos ciudadanos con una meta común formaron Yo Sí Sanidad Universal, colectivo que lucha por la derogación de la exclusión sanitaria.
La lucha de Begoña (nombre ficticio) ha sido algo más complicada. Trabaja como auxiliar administrativa en un centro sanitario de Madrid y prefiere no mostrar su rostro. El personal administrativo es la primera barrera que se encuentran los inmigrantes en situación irregular cuando tratan de solicitar una cita médica. Considera que, debido a la arbitrariedad de la norma el Gobierno ha posado sobre ellos la responsabilidad de decidir si una persona en situación irregular debe ser dado de alta en el sistema para recibir seguimiento médico, o no.
«Nuestro DNI se queda guardado cada vez que hacemos cualquier operación en el sistema. Cada vez que buscamos las lagunas que dejaba el sistema para permitir a los afectados del real decreto acceder a la asistencia, te podrías estar arriesgando. Esto ha generado mucho estrés», dice Begoña. «A su vez, el personal administrativo se enfrenta directamente al dolor que sienten estos ciudadanos tras escuchar que no pueden pasar a la consulta».
