- El fondo de cohesión sanitaria desaparece de los presupuestos de 2016
- Sanidad deja en manos de las comunidades compensarse entre ellas por los tratamientos
Sala de enfermos críticos del servicio de Urgencias del Hospital Universitario Reina Sofia de Cordoba. / JUAN MANUEL VACAS
El fondo de cohesión sanitaria, un instrumento creado en 2001 para garantizar que cualquier ciudadano que no tuviera acceso en su autonomía a determinado tratamiento lo pudiera recibir en otra, se queda sin financiación en los Presupuestos de 2016. La partida destinada a asegurar la igualdad en el acceso a los servicios sanitarios, que ha ido reduciéndose los últimos años, desaparece por primera vez de las cuentas públicas. A partir de enero, las comunidades tendrán que compensarse entre ellas los gastos, lo que podría dificultar que acepten pacientes de otras regiones.
En un sistema nacional de salud que en realidad es la suma de 17 sistemas autonómicos, la atención de pacientes de una comunidad en otra distinta lleva años ocasionando tensiones y disputas financieras. El fondo de cohesión sanitaria se ideó para compensar a las regiones que daban asistencia a ciudadanos no residentes en ellas, de forma que se les garantizaran las mismas posibilidades de acceder a un tratamiento. Llegó a estar dotado con hasta 150 millones de euros, pero en los últimos años la partida ha ido descendiendo: 87,2 millones en 2011; 93,3 en 2012; 36,3 s en 2013; 22,7 en 2014 hasta quedar en los 2,3 millones que le asignaban las cuentas de 2015.
| Tarifa única sanitaria en toda España
El Ministerio de Sanidad está trabajando en un real decreto que regula la gestión de los fondos de cohesión y de garantía asistencial, y que establece una tarifa única en toda España para las asistencias sanitarias. De esta forma una operación o una consulta con un médico se valora igual en todas las comunidades. La consulta con el médico de atención primaria se valora en 54 euros, pero el fondo de garantía asistencia solo permite compensar el 60%, así que en realidad la tarifa sería de 33 euros. Una comunidad pagaría a otra 24 euros por un análisis de sangre básico y 27 por una sesión de preparación al parto. En los hospitales las tarifas van desde los 178 euros de una sesión de diálisis (en especializada se compensa el 80% del coste, así que serían 142 euros) a los 57.600 de un trasplante hepático o los 63.000 de un trasplante de pulmón. Tratar una factura de cadera y pelvis cuesta 3.215 euros. El listado incluye procedimientos de atención primaria y especializada, pero no las urgencias, que seguirán sin ser compensadas por las regiones de origen de los accidentados. |
Esta caída de la financiación estatal ha ido a la par con las crecientes dificultades económicas de las autonomías durante la crisis, quehan recortado centenares de millones sus gastos sanitarios. Comunidades como Madrid reciben en sus hospitales altamente especializados a muchos pacientes de regiones en las que no existen determinados tratamientos. El fondo de cohesión sanitaria ha servido durante años para financiar estrategias nacionales de salud (cáncer, hipertensión, crónicos, enfermedades raras…), pero sobre todo para costear los tratamientos en las unidades de referencia nacional para enfermedades complejas. Por ejemplo, un trasplante de hígado infantil solo se realiza en cuatro hospitales españoles (dos en Madrid, uno en Andalucía y otro en Cataluña).
El proyecto de Presupuestos señala en una disposición adicional que el fondo de cohesión sanitaria pasa a tener “naturaleza extrapresupuestaria”. Las comunidades comunicarán el importe que les ha supuesto atender a pacientes de otras regiones, se nivelarán los saldos positivos y negativos y el dinero se ingresará en una cuenta de la Secretaría General del Tesoro que gestionará el Ministerio de Sanidad. En teoría, si las autonomías no dispusieran los importes, el Gobierno podría deducir o retener cantidades de su financiación.
Turistas nacionales
Se trata del mismo sistema que usa el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), creado en 2012 para intentar resolver los conflictos entre comunidades por el coste que les supone atender a pacientes de otras regiones que no llegan derivados oficialmente, sino que usan la sanidad (también las recetas) cuando están desplazados de forma temporal o en sus vacaciones. Cuando la anterior ministra de Sanidad, Ana Mato, presentó el FOGA, su departamento aseguró que se nutriría de fondos estrictamente estatales, pero nunca fue así. Las comunidades supuestamente se compensan entre ellas, como ahora va a empezar a hacerse con el fondo de cohesión.
La Comunidad Valenciana, por ejemplo, gastó 164,3 millones de euros en 2009 en atender a turistas nacionales. Cataluña, 80 millones. Autonomías costeras han puesto trabas en el pasado a la atención de desplazados de otras zonas de España. En 2011 Cataluña negaba recetas a enfermos crónicos y Valencia, el acceso al médico especialista. El Ministerio de Sanidad rechazó facilitar a este diario las cantidades compensadas entre comunidades desde que existe el FOGA, así como responder a cualquier pregunta sobre los fondos sanitarios y se remitió a una comparecencia en el Congreso la semana del 20 de agosto.
“Al dejar de financiar el fondo de cohesión se genera más desigualdad, menos integración del sistema y más dificultades para el ciudadano”, asegura José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso. “Sin ese dinero, que nunca ha sido suficiente, la labor del Gobierno de corregir desigualdades queda muy mermada. Lo deja solo en las manos de las comunidades para que estas actúen en la línea que puedan”, añade.
Martínez Olmos cree que es un error pasar el fondo de cohesión al mismo sistema que tiene el FOGA y va a pedir la comparecencia del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en el Congreso. Asegura, además, que el FOGA es un fondo “virtual”, creado justo cuando las comunidades autónomas estaban en peor situación financiera, y que nunca ha funcionado. El Gobierno, dice, no ha estado obligando a las regiones a pagarse entre ellas. El diputado recuerda que la escasa regulación del FOGA ha impedido que personas con enfermedades raras pudieran desplazarse a otras comunidades para ser atendidas en centros especializados. La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) denunció el año pasado que el acceso a medicamentos huérfanos era desigual por la falta de financiación.
