La lista de espera quirúrgica en la Comunidad de Madrid se ha incrementado en un 35 por ciento en los dos últimos años, fundamentalmente a costa de los pacientes que rechazan ser derivados a otro hospital de referencia, por lo general una clínica privada, según se desprende de un informe elaborado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM).
Este trabajo, desarrollado por la asociación médica y el estudio jurídico Liria sobre la gestión de la lista de espera en Madrid, desvela el origen de su «aumento exponencial» y la existencia de una «vulneración sistemática de los derechos de los pacientes», según han informado.
Entre sus conclusiones, destacan que la Comunidad de Madrid ha implantado un sistema de «ingreso, suspensión y baja» en la lista de espera, que «impide la libre elección de médico dadas las graves consecuencias que puede tener para el paciente rechazar ser intervenido en otro centro sanitario, es decir, se conculca la libertad de elección».
El deterioro en los tiempos de espera quirúrgica y en la calidad de la atención son también de los «importantes recortes en personal y presupuesto de los hospitales públicos, que se ha acompañado de la derivación indiscriminada y no justificada a hospitales privados», han explicado.
El informe también recoge que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha instaurado un procedimiento diferencial con respecto a las otras comunidades autónomas, en el que una «treta administrativa permite enmascarar la lista de espera quirúrgica real, donde se cede la gestión de la lista a un ‘call center’ privado sin garantías de protección de datos, y que discrimina a quienes no desean ser derivados a otros hospital».
Asimismo, entienden que la implantación de las 37,5 horas semanales no se aprovechó para aumentar las horas de quirófano. «Los cirujanos y muchos médicos no han visto prolongar sus jornadas porque los organismos competentes han considerado que dicha prolongación es conmutable por el simple impago mensual de las 10 primeras horas de una guardia laborable».
Se extrae de ello que se «prefiere que el cirujano opere menos y cobre menos a que opere más y cobre lo mismo, «reduciendo así la lista de espera y la necesidad de derivación de los enfermos a centros privados concertados».
El informe concluye que los procesos políticos de toma de decisión cuyos resultados se exponen en este trabajo «generan una profunda desconfianza en la capacidad de planificación de nuestras autoridades sanitarias, tanto por parte de los profesionales que trabajan en la sanidad pública como de un amplio sector de la ciudadanía».
Como recomendaciones, recogen que la gestión de las listas de espera quirúrgica sea por el hospital y el propio profesional «con criterios de efectividad de los procedimientos, de mayor necesidad y asociación de criterios sociales».
También solicitan la garantía de priorización clínica de la intervención quirúrgica: «evaluar las necesidades clínicas de los pacientes usando criterios transparentes es imprescindible para que puedan ser atendidos en orden de necesidad y decidir la asignación de recursos».
Su apuesta pasa también por la elaboración de protocolos que garanticen una adecuada indicación y auditorías y por la mejora de la coordinación entre los distintos niveles asistenciales: potenciación de la Cirugía Mayor Ambulatoria, mejora de la capacidad resolutiva de Atención Primaria e incremento de la provisión de servicios en domicilio.
Asimismo, piden mejorar la gestión de los recursos físicos disponibles para mejorar la eficiencia y actividad asistencial, y que la adecuación y optimización de recursos de hospitales públicos sea según demanda: camas, quirófanos y medios diagnósticos tratando de evitar tiempos de infrautilización.
Por último, piden revisar la eficiencia y costo-efectividad de la derivación a centros privados concertados con respecto a la optimización de la utilización de centros públicos.
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