El Parlamento Europeo concreta en un informe cómo la austeridad ha vulnerado los derechos fundamentales en España
- Una comisión parlamentaria encargó un estudio sobre el impacto de los recortes en las libertades de los españoles
- El análisis explica que la actual situación en sanidad y educación «supone graves riesgos, especialmente para la población con menos ingresos»
- Los autores critican la respuesta del Gobierno a la ola de protestas ciudadanas surgidas con la crisis, que ha sido «en gran medida represiva»
La pobreza crece en España.
La protección de los derechos humanos en España se ha visto mermada a raíz de la crisis y las medidas de austeridad adoptadas desde 2010. Esta conclusión, que podría no ser más que una intuición, ha quedado constatada y concretada por un informe recientemente publicado por el Parlamento Europeo.
El estudio lo ha elaborado la consultora Milieu a petición de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Cámara. El dosier hace un recorrido por diferentes aspectos como la educación, la sanidad o la vivienda y analiza los recortes puestos en marcha por el Gobierno bajo el mantra, tantas veces repetido, de la necesidad de recortar el gasto y fomentar la eficiencia y la sostenibilidad de los servicios públicos.
El análisis resalta que, a cambio de los fondos que España necesitó para recapitalizar parte del sector financiero, el país debió ceder y tomar «algunas medidas de austeridad que han conducido a un preocupante aumento de la pobreza, lo que afecta de forma negativa al ejercicio de los derechos fundamentales». En este sentido, alerta de la «fractura social» inherente y recomienda medidas para combatir la desigualdad y la injusticia social.
Además hace hincapié en el alarmante grado de pobreza infantil, que, según Unicef, ha aumentado un 28% entre 2008 y 2012. Esta realidad, remarcan los autores, «podría tener un impacto devastador a largo plazo en los niños y en el país». El estudio evidencia que la austeridad no solo ha fomentado el empobrecimiento de la población, sino que, en contra del argumento esgrimido por el Gobierno en múltiples ocasiones, «ha dejado de contribuir a la recuperación económica».
Riesgos para la población más vulnerable
El derecho a la sanidad y a la educación, dos de los servicios públicos más recortados desde el inicio de la recesión, han sido vulnerados. Así, la caída de la inversión en educación, que se ha traducido en un aumento del gasto medio por hogar en enseñanza del 30,3% en 2013 con respecto a 2006, «podría llevar a una reducción de la igualdad en el sistema educativo, así como de su calidad». Esto, unido al recorte de los salarios de los profesores y el incremento de horas lectivas, el aumento de la ratio profesor–alumno y la reducción del número de docentes, «podría afectar de forma negativa al desarrollo económico y social del país a largo plazo», subraya el texto.
En lo que respecta a la salud, el informe pone de manifiesto que la restricción del gasto público, la reducción del número de personal sanitario y sus salarios, la puesta en marcha del copago farmacéutico, el aumento de las listas de espera, la merma del número de camas de hospital o el cierre de las urgencias en varios centros de salud son medidas que «suponen un riesgo para la vida de las personas».
Los autores llaman la atención sobre el Decreto 16/2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 800.000 personas, muchas de ellas inmigrantes en situación irregular. Un documento que no recuperarán a pesar del anuncio que el Ejecutivo ha hecho sobre la readmisión de estas personas en la Atención Primaria y que todavía está por detallar. Estos recortes, remarca el informe, «suponen graves riesgos para la población, especialmente para aquellos grupos con menores ingresos y en riesgo de exclusión». Además, hace hincapié en las diferencias en prestación sanitaria entre comunidades autónomas, lo que «plantea cuestiones sobre la eficiencia y la igualdad de este servicio».
Una de las miembros de la comisión parlamentaria, la eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol, ha remitido una batería de preguntas a la Comisión Europea a la luz de las conclusiones del documento: «¿Es consciente la Comisión de esta circunstancia y sus consecuencias para la Unión Europea?».
Represión contra las protestas
El derecho al trabajo y a la pensión por jubilación también son cuestiones abordadas por el estudio. La reforma laboral diseñada por el Gobierno del Partido Popular en 2012, apuntan los autores, redujo los costes del despido y «tuvo un impacto doloroso en los trabajadores y sus familias, en particular en los trabajadores peor pagados y con mayor riesgo de problemas económicos». El informe alerta de la todavía devastadora tasa de desempleo en la que está sumido el país –23,7%–, a pesar de que el paro bajó en 477.900 personas el año pasado: «Esta situación es especialmente preocupante, ya que refleja la fragilidad de la economía española».
Además, se hace eco del drama del desempleo juvenil –un 51,8% de los jóvenes de entre 16 y 24 años no tienen trabajo– y de la situación que atraviesan los parados de larga duración, aquellos que llevan más de un año desempleados. En cuanto a la reforma de las pensiones, el informe expresa que existe una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas del 0,35% en 2014, una tendencia que continuará a la baja debido al hecho de que las pensiones no aumentarán más del 0,25% hasta 2019 y al mismo tiempo se prevé un aumento de los precios.
En cuanto al acceso a la justicia, el estudio resalta el descontento surgido a raíz del aumento de las tasas y que «limitan gravemente el derecho fundamental de acceso a la justicia». Sin embargo, en el momento de redactar el texto, el Congreso no había ratificado todavía el compromiso adquirido por Mariano Rajoy de suprimir las tasas a las personas físicas. En lo que se refiere al apartado de libertad de expresión y derecho a reunión, se critica la respuesta del Gobierno a la creciente ola de protestas ciudadanas surgidas a raíz del inicio de la crisis, que «ha sido en gran medida represiva, abusando de las sanciones administrativas contra los manifestantes y de un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía».
Además, se incluyen críticas sobre la primera versión de la Ley de Seguridad Ciudadana, reformada y aprobada el pasado 26 de marzo: «El Gobierno eligió inicialmente presentar propuestas legislativas que ampliasen las sanciones contra los manifestantes», reza el estudio. La norma ha sido suavizada, pero no lo suficiente para que se deje de calificar como «ley mordaza».
Finalmente el informe avisa de que la regulación del mercado hipotecario debe respetar el derecho a una vivienda digna y a otros derechos constitucionales relacionados con ella como «la dignidad de la persona y el derecho a una tutela judicial efectiva». Se puede concluir, según los autores, que España no cuenta con reglamentos que alcancen a todos los afectados por no poder hacer frente al pago de sus hipotecas. Critican, además, que la dación en pago siga sin permitirse y se hace eco del gran número de desahucios que ocurren cada día en España.
