Hace ahora una década, el 11 de marzo de 2005, la ciudadanía española en su conjunto, y muy particularmente la madrileña, se vieron sacudidas por una noticia de extraordinaria gravedad: el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, daba pábulo a una denuncia anónima y falsa que acusaba a varios profesionales del Servicio de Urgencias del Hospital Público Severo Ochoa de haber llevado a cabo prácticas irregulares con el resultado de muerte en cuatrocientos casos. A continuación propiciaba una denuncia ante la Fiscalía y, al mismo tiempo, tomaba las siguientes decisiones:
- Cesaba de manera fulminante y sin ningún argumento al coordinador de Urgencias, el doctor Luis Montes.
- Rescindía de manera unilateral el contrato de tres jóvenes médicos de dicha unidad que quedaban vetados para ser contratados en los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, viéndose obligados a tener que exiliarse fuera del territorio madrileño para poder trabajar, lo que suponía un traumático cambio en sus vidas, tanto desde el punto de vista familiar como profesional.
- Iniciaba una caza de brujas al puro estilo McCarthy relevando de sus funciones a cinco jefes de Servicio, extraordinarios profesionales, cuyo único pecado fue defender el quehacer profesional de sus colegas y compañeros brutalmente agredidos.
Esas decisiones significaban culpabilizar implícitamente a los profesionales implicados y ejercer acciones represivas contra quienes les apoyaban.
Aquella actuación de Lamela supuso entonces -y también ahora- la mayor agresión conocida al ejercicio profesional desde un responsable político. La opinión pública madrileña tomó mayoritariamente partido en defensa de los profesionales falsamente acusados. Leganés y el centro de la capital del Estado fueron escenario demanifestaciones multitudinarias de apoyo; desde numerosos territorios del país se recibieron innumerables muestras de cariño. Incluso en muchos lugares se invitó a los profesionales implicados a acudir para recibir el apoyo en actos públicos convocados al respecto; asimismo, la solidaridad de las gentes de la cultura se hizo presente, y aún hoy me emociona recordar el maravilloso concierto que abarrotó la Cubierta de Leganés, donde se congregaron más de diez mil personas.
Esa agresión tan brutal al ejercicio profesional no tuvo por desgracia una respuesta contundente desde el órgano directivo del Colegio de Médicos de Madrid, que mantuvo una vergonzante posición de ambigüedad que lo convirtió en cómplice de la Consejería; asimismo, tampoco hubo una respuesta contundente desde el conjunto de la profesión. Quizá hoy, diez años después, cuando las agresiones y el menosprecio a los profesionales sanitarios han sido frecuentes en las decisiones de los Gobiernos del PP, sería bueno preguntarse si aquella tenue respuesta profesional, al transmitir una imagen de debilidad, sirvió para afianzar el objetivo político del PP de menospreciar e insultar a los empleados públicos, como han hecho hasta nuestros días.
Recordados ya los hechos, hay que indicar que quienes estuvimos desde los primeros momentos al lado de los compañeros agredidos y represaliados fuimos conscientes de la intencionalidad política que sin duda tenía la actuación de Lamela, avalada por la Sra. Aguirre. Nos preguntamos entonces: ¿qué intencionalidad política podía tener una acción tan poco creíble y tan brutalmente ejecutada? Dimos entonces una respuesta que en mi opinión se ha validado con lo ocurrido a lo largo de estos diez años; expusimos entonces que la programada actuación de Lamela perseguía dos objetivos:
- Utilizar el caso Leganés (copó durante muchos meses todo el interés mediático en los temas sanitarios) como cortina de humo para que pasara desapercibida ante la opinión pública la adjudicación e inicio de la construcción de ocho hospitales con capital privado; esa decisión del Gobierno del PP significaba la entrada en tromba de capital privado en la sanidad pública y era el comienzo del proceso de privatización que ha continuado hasta nuestros días.
- Otro objetivo era desprestigiar las instituciones sanitarias públicas y a sus profesionales, lanzando al unísono repetidas campañas propagandísticas (muy costosas), vendiendo las bondades de privatizar la sanidad. La elección del Hospital Severo Ochoa era significativa, ya que se trataba de un centro inaugurado tras la promulgación de la Ley General de Sanidad y que era emblemático en el desarrollo del espíritu del Sistema Nacional de Salud que la ley establecía, cumpliendo perfectamente su papel de hospital de Área de Salud, con numerosos responsables de servicios clínicos con dedicación exclusiva al sector público. Se trataba de un hospital público donde se podía ejercitar el derecho de las mujeres a abortar en los supuestos que la ley establecía, un centro hospitalario donde se intentaba garantizar el derecho de los pacientes en fase de agonía a tener un proceso final sin sufrimiento mediante una buena praxis médica; se trataba, por tanto, de un hospital que contaba con muchos profesionales y trabajadores sanitarios nada proclives al proceso privatizador que el PP quería imponer en la sanidad pública madrileña. Desde la forma autoritaria y dudosamente democrática de ejercer el poder que el PP ha mostrado siempre, era un hospital ideal para ser agredido y desprestigiado.
Como es conocido, la resolución judicial del proceso ratificó no sólo la ausencia de cualquier actuación punible en la actuación de los profesionales, sino que además excluyó cualquier tipo de mala praxis.
Hoy, diez años después, la privatización de la sanidad pública madrileña es un hecho indiscutible, el desvío cada vez mayor de dinero público hacia el sector sanitario privado es también innegable, los recortes en dotación tecnológica y recursos humanos en los centros sanitarios públicos son evidentes, las demoras asistenciales tanto quirúrgicas como para pruebas diagnósticas se han incrementado a pesar del enorme despilfarro en propaganda tramposa (recordar aquí a Aguirre prometiendo los 30 días como máximo para ser intervenidos quirúrgicamente), y la desmotivación generalizada de los profesionales es un hecho incontrovertible.
El intento de ocultamiento del expolio que los sucesivos gobiernos de Aguirre y González han llevado a cabo en la sanidad pública madrileña no ha dado resultado; los ciudadanos han tomado una y otra vez las calles de Madrid en defensa de su Sanidad Pública, los profesionales hastiados de soportar agresiones y agravios por parte del Gobierno regional se unieron a la ciudadanía, y la Marea Blanca desenmascaró las mentiras y la indecencia de la política del PP.
Hoy, diez años después, sabemos que mientras se privatizaba la sanidad pública madrileña, se recortaban derechos y prestaciones a los ciudadanos y se establecían nuevos copagos, la corrupción anidaba en las instituciones públicas de la Comunidad de Madrid. Entre 2004 y 2008, la Comunidad, vulnerando la ley, fraccionó contratos públicos para adjudicarlos a empresas de la trama mafiosa Gürtel. Se realizaron 686 operaciones por ese procedimiento ilegal según un informe de la Intervención General del Estado remitido al juez Ruz; a fecha de hoy, Esperanza Aguirre, en esos años presidenta del Gobierno y del PP regional no ha dado ninguna explicación a los madrileños respecto a quiénes, desde su Gobierno, ordenaron vulnerar la ley en un número tan alto de actuaciones; tampoco ha asumido ninguna responsabilidad política por ello, y pretende hacernos creer que no se enteraba de nada en un ejercicio de desvergüenza intolerable. Habiéndose conocido que la Sra. Aguirre va a ser la candidata del PP a la Alcaldía de Madrid en las próximas elecciones, es fácil deducir que la pretendida regeneración democrática que el PP dice que va a propiciar, no deja de ser un insulto a la inteligencia de los ciudadanos; en la Comunidad de Madrid, donde la trama Gürtel actuó a sus anchas, la máxima responsable del Gobierno y del partido que lo sustentaba no se enteraba de nada. Ciertamente sorprendente.
Hoy, diez años después, Francisco Granados, superconsejero en el Gobierno Regional y secretario General del PP madrileño en aquellos años, está encarcelado en Soto del Real acusado de ser el cerebro de una trama corrupta (Púnica) que le propiciaba cuantiosos ingresos que se alojaban en cuentas en Suiza. Sabemos también queAlberto López Viejo, consejero de Deportes del Gobierno Aguirre, era el hombre clave en la relación con la trama mafiosa Gürtel, organizadora de los eventos institucionales de la Comunidad incluidos los actos de la presidenta Aguirre, obteniendo a cambio sustanciosas comisiones; el juez Ruz ha promulgado un auto de apertura de juicio oral dentro de la primera parte del caso Gürtel ,y el citado López Viejo, junto a otros responsables políticos del PP, la cúpula de la trama y ciertos empresarios, se sentarán en el banquillo acusados de delitos muy graves.
Frente a esta imagen de descomposición corrupta que presenta el Partido que lleva gobernando la Comunidad de Madrid desde hace veinte años, adquiere aún más grandeza el comportamiento de los profesionales del Hospital Severo Ochoa falsamente acusados por un Gobierno podrido e indecente. Hoy quiero reiterar mi profundo respeto hacia aquellos profesionales y trabajadores sanitarios del Severo (muchos de ellos anónimos para la opinión pública) que defendieron su profesión y su dignidad personal ante las agresiones, represalias y agravios de un Gobierno de tan dudoso comportamiento democrático.
Hoy, diez años después del caso Leganés y estando en vísperas de elecciones autonómicas y municipales, los madrileños deberíamos preguntarnos si nuestra sociedad puede y debe permitir que el PP, cuyos gobiernos han mostrado como tarjeta de visita la prepotencia, la mentira, las irregularidades y la corrupción, pueda seguir detentando el poder político en nuestra Comunidad.
Creo en la honradez, bonhomía y sensatez de una inmensa mayoría de madrileños que, independientemente de cómo piensen, van a posibilitar con su voto responsable la imperiosa necesidad de una regeneración democrática en nuestra comunidad que pasa inexorablemente por un cambio de Gobierno.