La Marea Blanca centra este domingo sus protestas contra el proceso de privatización que viven estos servicios sanitarios regionales con el PP de Madrid.
Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid |
La Asociación Madrileña de Salud Mental (AMSM) ha hecho público un informe en el que denuncia que en la última legislatura “la red de Salud Mental ha sido una de las principales damnificadas en el proceso privatizador de la sanidad madrileña cuyo máximo exponente ha sido el cierre de cinco Centros de Salud de Mental públicos”. Alertando que con ello están “produciéndose un deterioro de la asistencia, unacreciente desigualdad en las prestaciones y la introducción de la lógica de mercado en la planificación de las necesidades”.
En dicho informe la AMSM asegura que “en la Comunidad de Madrid durante la pasada década los recursos sanitarios de Salud Mental de gestión privada han tenido un importante incremento” haciendo notar que “este proceso de creciente privatización de la provisión de servicios de salud mental en Madrid es un ejemplo concreto de las políticas sanitarias que se han ido estableciendo en todo el país tendentes a dar mayor peso a las empresas privadas en la gestión de recursos públicos”. Una evolución que ha sido posible, según esta asociación, “gracias a cambios legislativos nacionales (Ley 15/97), o de ámbito comunitario (LOSCAM, decreto de libe elección, Área Única, Plan de Sostenibilidad)”.
En el citado estudio, la AMSM recuerda que “antes del año 2000 la presencia de proveedores privados en la gestión de recursos sanitarios de salud mental se limitaba sobre todo a los históricos conciertos con las dos órdenes religiosas para las camas de media y larga estancia en sus hospitales psiquiátricos en Ciempozuelos” mientras que “el resto era testimonial: dos hospitales de día para niños y adolescentes, 20 camas de agudos en el Centro Asistencial Benito Menni (CAMB) de Ciempozuelos de apoyo al Hospital 12 de Octubre y el Centro de Salud Mental de Aranjuez ubicado en la zona de influencia del CA Benito Menni que fue concertado en 1986”.
Afirman que “durante el Plan de Salud Mental 2003-2008 la situación en apariencia no varió sustancialmente” ya que «el grueso de la inversión fue para recursos públicos”, pero hacen notar que “sin embargo durante la vigencia de este Plan de Salud Mental, en la trastienda, se estaba ya cocinado el empuje privatizador de los siguientes años” y recuerdan que “en 2003 se firma el acuerdo por el que la Fundación Jiménez Díaz pasa a manos de una empresa multinacional (IDC-CAPIO)”.
Frenesí privatizador
Según este colectivo, las cosas empeoraron con el Plan Estratégico de Salud Mental 2010-2014 que “se confeccionó en pleno frenesí privatizador” y “cuyo principal objetivo era adaptar la atención de Salud Mental a la lógica de mercado”.
Recalcan que el balance de este proceso privatizador ha sido especialmente negativo para los Servicios de Salud Mental ambulatorios, puesto que “los 7 Centros de Salud Mental que cayeron en la órbita de estos hospitales fueron privatizados”. Por lo que, a fecha de hoy, la atención ambulatoria de Arganzuela, Moncloa, Torrejón, Navalcarnero y parte de Móstoles, Valdemoro, Collado-Villalba y Aranjuez está gestionada por empresas privadas. Así mismo alrededor 79 de las 533 camas (un 15%) de Unidades de Hospitalización Breve son gestionadas por empresas privadas.
Movilizaciones en la calle
Por todo ello, la Marea Blanca, que como cada tercer domingo de mes, este 15 de febrero vuelve a manifestarse en Madrid, ha convertido la privatización de los servicios de Salud Mental en el eje principal de sus protestas.
Además, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid vuelve a exigir una vez más al Gobierno regional la retirada de todas las normativas de la Comunidad de Madrid que “convierten la atención a la salud en un negocio”.
Igualmente, alzarán la voz contra lo que califican de “irresponsable improvisación” que ha dado lugar al “colapso de las urgencias sanitarias” y tampoco olvidan a los enfermos de hepatitis C, para quienes volverán a reclamar la provisión de medicamentos de última generación.
También insistirán en denunciar la conversión en negocio de la donación altruista de sangre, la creciente derivación a la sanidad privada al tiempo que siguen liquidando los recursos de la sanidad pública, entre ellos el despido de 7.000 trabajadores, y la exclusión sanitaria de casi un millón de personas como consecuencia de la aprobación del decreto 16/2012”.