Se descartaron trajes de seguridad ya comprados por “dificultades para maniobrar”
Trabajadores sanitarios en la planta sexta del hospital Carlos III, donde estuvo ingresada Teresa Romero. / PAUL HANNA (REUTERS)
El hospital La Paz-Carlos III de Madrid, en el que la auxiliar de enfermería Teresa Romero se contagió atendiendo a un enfermo deébola, presentaba múltiples deficiencias: falta de formación de los trabajadores, cambios en los protocolos, instalaciones que impedían colocarse los trajes ya adquiridos por falta de espacio… Un informe de la Inspección de Trabajo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla uno a uno los defectos en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales en el hospital que, desde abril de 2014, fue el centro de referencia para todos los casos de esta enfermedad infecciosa y mortal.
Los dos inspectores encargados del caso comprobaron cómo algunos protocolos y medidas de seguridad que actualmente tiene el centro fueron implantados después del accidente, no antes. Su informe cobrará gran relevancia para determinar las responsabilidades en el contagio de Romero, cuya infección ha sido declarada “enfermedad profesional”. El caso está judicializado tras la denuncia de varios médicos y del sindicato CSI-F. «Las actuaciones de la Inspección nos van dando la razón», señaló un portavoz de esta organización. «Prueban los hechos que denunciamos ante la fiscalía, irregularidades que han puesto en riesgo la salud de los trabajadores», añadió.
Estas son las principales fallas que detecta el informe —oficialmente denominado “propuesta de requerimiento”— de Trabajo:
Trajes comprados que no se usaron
Los inspectores destacan que los médicos intensivistas recomendaron un tipo de traje (buzos autoventilados) por el tipo de trabajos que tenían que realizar: intubaciones y movimientos en espacios confinados. Estos buzos “fueron adquiridos pero no utilizados por la dificultad para maniobrar en el espacio de la esclusa y la necesidad de entrenamiento”, asegura el informe. La subdirectora gerente, Mercedes Fernández, señaló ayer que esos trajes no se usaron porque las maniobras de cuidados intensivos nunca fueron necesarias.
“El fallo pudo ser al quitarme el traje, es el momento más crítico”, declaró a EL PAÍS la auxiliar desde su habitación tres días después de ingresar. El procedimiento recogido en los protocolos explicaba de forma “sucinta” cómo ponerse y quitarse el traje, según la Inspección, y “sin contemplar la evaluación del riesgo de la acción, ni la información sobre la estructura de la habitación de aislamiento ni de la esclusa de contención”. Los inspectores destacan que el momento de retirada o puesta del uniforme es un “probable foco de contaminación” que “no se ha evaluado ni planificado adecuadamente en cuanto a riesgos de seguridad y salud”.
¿Quién supervisaba cómo se quitaba el traje?
Es otra de las claves del caso: si había supervisores y si estaban formados para ello. Los inspectores afirman que existía esta figura antes del contagio, pero “podía tratarse de personal sin formación en materia de protección de riesgos laborales”. Por eso la gerencia del hospital adoptó después “medidas parciales de mejora”, como incorporar a titulados en enfermería con formación específica en riesgos laborales. Los inspectores insisten en la importancia de esa tarea porque la entrada y salida de la habitación de un infectado de ébola es “una actividad muy peligrosa”. Ponerse y quitarse los distintos componentes del traje de seguridad (el sellado de las mangas con los guantes, colocar de forma adecuada las gafas de protección con el buzo, usar una talla de buzo apropiada) supone en sí mismo un riesgo especial, señalan. Fernández aseguró que los supervisores ya eran expertos, pero que posteriormente hicieron un curso de acreditación. “Es una carencia más administrativa que funcional”, dijo. Y añadió que el centro ha respondido a la Inspección porque considera que algunas de las deficiencias no lo son. “Se produjeron unas condiciones extraordinarias y, aunque creíamos que estábamos preparados, la experiencia demostró que había cosas mejorables. Las hemos revisado todas para asegurar que no hay riesgo para nuestros trabajadores”, aseguró.
Formación teórica “somera»
“Para explicar a uno cómo quitarse o ponerse un traje no hace falta hacer un máster”, dijo el entonces consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, dos días después de que se confirmara el contagio. La Comunidad de Madrid le obligó a dimitir el 4 de diciembre. A propósito de la formación, los inspectores consideran que el hospital ofreció sesiones “meramente informativas” y con una explicación teórica “somera”.
El informe recoge la organización de charlas de 15 o 20 minutos y una demostración práctica de la colocación de los equipos de protección (EPI) de 20 a 25 minutos. La colocación del traje “no ha sido probada en todos y cada uno de los trabajadores que han recibido la sesión informativa”. Las medidas preventivas, ahonda, “deberán prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador”.
En un informe del 23 de octubre de la subdirectora gerente el hospital informaba de las “mejoras” incluidas en formación con “entrenamientos sistemáticos concretados en el conocimiento del entorno de la sexta planta” impartida a 52 profesionales “desde el tercer caso de contagio”[el de Romero]. Pero los inspectores añaden que no les han aportado registros de formación que acrediten que la preparación en prevención de riesgos laborales se haya impartido “a la totalidad de los trabajadores expuestos al riesgo”.
Simulacros inexistentes
“Con carácter general” no hubo simulacros, constata la inspección. En la esclusa, “donde se efectúa la acción con más riesgo de contaminación”, no se llevaron a cabo. Tampoco para “el procedimiento especial de manejo post-mortem de los casos”. Romero se encargó de retirar enseres de la habitación en la que había fallecido Manuel García Viejo. Fernández confirma que no hubo simulacros en la zona de aislamiento, pero sí estuvo protocolizado cómo actuar ante un cadáver de ébola.
Baile de protocolos
El informe de los inspectores cuenta hasta seis protocolos distintos, tanto del Ministerio de Sanidad, como del propio hospital, con fechas anteriores y posteriores al contagio de Romero. Los protocolos se modificaron “a tiempo real” y cada servicio o unidad iba elaborando el suyo. “Se constata la dispersión en cuanto a definición, pautas y medidas adoptadas en el ámbito global del complejo hospitalario sobre el riesgo de EVE [Enfermedad por Virus Ébola]”.
Sin información disponible
El hospital contaba con un protocolo de actuación frente a casos sospechosos desde agosto de 2014 pero no se hizo público. “No se facilita por intranet a los delegados de prevención ni a los trabajadores hasta el 10 de octubre de 2014”, asegura la Inspección. En su lugar, dieron “sesiones informativas”. Hubo 54. Otra de las cosas que destaca el informe es que el Comité de Prevención y Salud nunca fue reunido para hablar específicamente del ébola.
El centro tenía que haber sido otro
El hospital militar Gómez Ulla, y no el Carlos III, tendría que haberse encargado del diagnóstico y tratamiento de los casos de ébola, según el informe de la Inspección de Trabajo al que ha tenido acceso EL PAÍS. La consideración de “centro de referencia” de La Paz-Carlos III, aprobada en abril de 2014, era únicamente provisional, señalan los inspectores, puesto que el hospital militar debería haber estado preparado para atender estos casos en julio de 2014. No lo estuvo —el informe no especifica por qué— y por eso en agosto, de manera precipitada, según han relatado varios trabajadores a este diario, se decidió “habilitar” la sexta planta del Carlos III. “La repatriación del primer paciente nos cogió con cierta sorpresa”, reconoció ayer la subdirectora gerente del centro, Mercedes Fernández.
La sexta planta era la única instalación acondicionada para acoger pacientes altamente infecciosos. Dotada con habitaciones con presión negativa y esclusas —cuartos aislados en los que el personal se quita el traje de protección y desecha el equipo contaminado—, llevaba meses cerrada porque el hospital estaba en proceso de reconversión en un centro de media y larga estancia. Pasó de ser la referencia nacional en pandemias y enfermedades emergentes a usarse para ingresos largos de enfermos, generalmente de edad avanzada.
En ese contexto, con el centro ya convertido en lo que algunos trabajadores califican de “geriátrico”, se tomó la decisión de ingresar a Miguel Pajares en agosto. En octubre, tras el contagio de la auxiliar Teresa Romero, el hospital inició de urgencia unas obras en la sexta planta para habilitar cuatro habitaciones con esclusas de mayor tamaño mientras ella aún estaba hospitalizada. El Gómez Ulla no estaba preparado para casos de ébola, dijo el Gobierno regional.
Finalmente, el 7 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó destinar 2,5 millones a la remodelación del Gómez Ulla para convertir su planta número 22 en “una unidad de aislamiento hospitalario de alto nivel”. El viernes pasado anunció otros cuatro millones para 2015.
