- Un informe encargado por la Comisión Europea constata que, a largo plazo, los hospitales pagados con dinero público pero gestionados por empresas pueden resultar más caros para el erario público
- El documento recomienda que no se financien este tipo de infrastructuras con fondos europeos
Actualizada 28/09/2014
Aguirre, Lasquetty y otros cargos visitan las obras del hospital de Collado Villalba.MADRID.ORG
Un informe encargado por la Comisión Europea a un grupo de expertos en política sanitaria de varios países refleja una visión poco entusiasta del modelo de sanidad privatizada que está muy desarrollado en Reino Unido y que, en España, tiene sus mayores exponentes en Madrid y la Comunitat Valenciana.
El cuestionamiento más explícito es el del modelo PPP (partenariado público-privado) o Alzira. Se trata de un sistema en el que la Administración, que oferta las concesiones, cede a una Unión Temporal de Empresas (UTE) la financiación, construcción y gestión del hospital. Aunque la titularidad sigue siendo pública, estas compañías se encargan de todo y contratan incluso al personal sanitario. A cambio la Administración les paga una cantidad por paciente al año y el excedente queda en manos de estas concesionarias.
Pues bien, los expertos consideran que, a largo plazo, este modelo puede ser «más caro» para el erario público porque obliga a la Administración a pagar una cantidad al año que se va incrementado con los intereses. Aunque admiten que la divulgación de datos y análisis sobre este modelo es pobre y no está estandarizada, dicen haber constatado que no hay evidencia científica que demuestre que este sistema es más rentable que el tradicional de provisión y gestión pública.
Por todo ello, recomiendan que no se destinen Fondos Estructurales de la UE a crear infraestructuras sanitarias bajo este sistema de concesión hasta que no se compruebe que este modelo sí arroja ventajas comparativas.
Bajo esta fórmula operan hospitales en Alzira, Torrevieja, Denia, Manises y Elx-Crevillent y a otros centros en Madrid, entre ellos los de Torrejón de Ardoz, Móstoles, Valdemoro o Collado Villalba, que todavía no se ha inaugurado a pesar de que las obras acabaron en 2012 y que, desde entonces, la Comunidad de Madrid tiene que pagar a la empresa que ganó el concurso de la concesión en 2010, IDC Salud –antigua Capio Sanidad–, la cantidad establecida en el contrato. Ese montante asciende a 757.000 euros al mes más un 10% de IVA.
Este sistema capitativo es también el que el Gobierno madrileño quería implantar en otros siete hospitales pero al que finalmente renunció tras ser paralizado por los tribunales. Esta operación había originado una fuerte respuesta de profesionales y usuarios.
Riesgo de «inestabilidad» del sistema
Asimismo, los expertos consideran que los hospitales de gestión enteramente privada, al ser considerados «productos financieros que pueden ser comprados y vendidos», introducen un riesgo de «fragmentación» e «inestabilidad» en el sistema público de salud. Y lo explican esgrimiendo que la fuerza directriz del sistema podría cambiar desde los valores y objetivos de la salud a los valores y objetivos financieros. «Este balance podría ser difícil de manejar para los gobiernos», sentencian.
Este informe ha sido elaborado por un panel de expertos entre los que está el exconsejero de Sanidad de Castilla-La Mancha y ex secretario general del Ministerio de Sanidad con el PSOE Fernando Lamata. Aunque no es vinculante, este tipo de documentos se utilizan por la Comisión Europea como referencias en la elaboración de normativas sanitarias que sí son de obligado cumplimiento para todos los estados miembro.
