Un centenar de entidades científicas, sanitarias y sociales europeas han firmado un documento en el que reprochan a España que la exclusión sanitaria de inmigrantes «es injusta y genera inseguridad»
Se trata de la llamada «Declaración de Granada», un texto que nació tras la celebración del V Congreso europeo sobre Migrantes, Minorías Étnicas y Salud en la ciudad andaluza. Representantes de las entidades firmantes de esta Declaración solicitaron el pasado mes de mayo una reunión a la ministra de Sanidad, Ana Mato, para exponerle las conclusiones del Congreso, pero a día de hoy aún no han recibido una respuesta.
«Como dijo Nelson Mandela, un país mide su prestigio por cómo trata a sus ciudadanos más pobres, no por cómo trata a los más ricos«, parafraseando esta cita, el Presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC), Josep Basora ha juzgado el papel que está adoptando España en cuanto a la exclusión de los inmigrantes del sistema de salud público.
Un sistema que excluye y que no protegen, según alertan estas organizaciones que han fimado la ‘Declaración de Granada’ porque el Real Decreto aprobado por el Gobierno ha generado «un mayor sufrimiento de los recortes en servicios sanitarios y sociales, que han traído como consecuencia que estas personas, en ocasiones no puedan ver cubiertas sus necesidades en salud física y mental».
Desprotección sanitaria
Los casos de falta de atención son diversos, por ejemplo, a los inmigrantes que han regularizado su residencia en España a partir de mayo de 2012. «Algunos extranjeros regularizados se les está negando el acceso a la sanidad. Es el caso de algunos ciudadanos que se han acogido a los programas de reagrupación familiar», según ha denunciado Según la directora de Operaciones Locales de Médicos del Mundo, Begoña Santos.
Pero hay más situaciones. En la Atención Primaria se han detectado cerca de 19.000 casos de violencia de género, desde Médicos del Mundo se preguntan «¿cuánta casos ha podido no detectarse por culpa de gente sin tarjeta que no ha acudido a nuestros centros?«.
Desde Médicos del Mundo también han detectado que ha aumentado la actitud racista contra los inmigrantes que requieren la asistencia pública. Por eso, han anunciado lapuesta en marcha de Red de Observación de casos con todas las incidenciassurgidas a raíz de la implantación del Decreto «porque nos tememos que el problema puede ser más grave de lo que pensamos», ha apuntado el doctor Josep Basora.
España señalada por no cumplir la ley
«Es una paradoja que el Gobierno proclame reiteradamente que su papel es cumplir y hacer cumplir las leyes y sin embargo las conculque sistemáticamente. La reforma sanitaria se hizo sin atender a los principios de equidad que establecen la propia Ley General de Sanidad y la Ley General de Salud Pública y en contra de la Carta Europea de Derechos Sociales», ha declarado el Presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), Ildefonso Hernández.
«La puesta en marcha del Real Decreto se hizo de una forma abusiva, porque afectó a los pilares del consenso básico del sistema de salud, además, se hurtó al Parlamento al debate político», ha criticado el Presidente de SESPAS, que confía en que tarde o temprano «el Tribunal Constitucional declare que como inconstitucional este Real Decreto.
Firmantes
Entre los firmantes de esta declaración están Sociedad Francesa de Salud Pública, Asociación Médica Panhellénica, Real Colegio de Enfermeras del Reino Unido, Red Europea de Médicos residentes en salud pública y entidades de la sociedad civil europea, como el Consejo Europeo de Refugiados y Exilados, Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, Instituto Europeo de Salud de la Mujer, la Red Europea contra el Racismo, junto a instituciones académicas, como las universidades de Lausanne, Sevilla, Glasgow, Pécs, Gothenburg, Granada y Copenhague, entre otros muchos.
