MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ | Publicado:
Ante la apertura del nuevo periodo de sesiones y la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas en las que el PP se lo juega todo, el Gobierno de Rajoy va a aplicar con todo rigor laLey 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público para intentar impedir las protestas de funcionarios. Es una práctica que ya ha iniciado con éxito la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, en Castilla-La Mancha, donde ha sancionado con importantes multas a los funcionarios del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) que se manifestaron con sus batas blancas. Ahora, el PP va a pedir a sus comunidades que hagan lo propio en sus territorios respecto a los funcionarios sobre los que tengan competencias. Se trata de una nueva ‘mordaza’ contra los manifestantes, en este caso los públicos.
A nueve meses de las elecciones municipales y autonómicas y a algo más de un año de las generales, el Gobierno del PP no quiere correr ningún riesgo y va a intentar impedir cualquier tipo de protesta que pueda rebajar aún más sus expectativas electorales. Para lograrlo, ha puesto en marcha diversas leyes ‘mordaza’ para frenar las manifestaciones públicas, como la de Seguridad Ciudadana y otras, pero ahora se ha ‘inventado’ un nuevo ‘dispositivo’ para intentar acallar a los funcionarios: la aplicación con el máximo rigor de los artículos 52 y 54 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
La iniciativa ya ha sido puesta en marcha con éxito -aunque a nivel experimental- en Castilla-La Mancha, comunidad en la que la presidenta regional y secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, consintió que los responsables del SESCAM pudieran amenazar a sus trabajadores consanciones de hasta 15.000 euros por usar sus ‘uniformes’ -batas blancas- en protestas contra los recortes sanitarios, o incluso -en un grado máximo de aberración- colocar carteles o anuncios en lugares que no estuvieran habilitados para ello.
Cospedal desarrolló su ‘invento’ a través de una directriz aprobada el 30 de enero de 2014 por la Secretaría General del SESCAM, en la que se amenazaba a los sanitarios con sanciones de hasta 15.000 euros y se les invitaba a delatar a sus compañeros. Pero esa nota, que ha sido ‘convalidada’ por el gobierno de Rajoy a través de una respuesta parlamentaria por escrito al diputado de IU Gaspar Llamazares, tiene su punto de partida -y su engarce legal- en los artículos 52 y 54 del Capítulo VI (“Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta”) de la citada Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, a los que los responsables del PP les han dado ahora una nueva ‘interpretación’.
El artículo 52, sobre “Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta”, dice lo siguiente:
“Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.
“Los principios y reglas establecidos en este Capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos”.
La redacción de ese artículo es tan ambigua que puede caber incluso una ‘interpretación’ tan restrictiva como la realizada por Cospedal en Castilla-La Mancha para frenar la ‘marea blanca’; ‘interpretación’ que le sirve al gobierno de Rajoy para pedir ahora que se haga igual en todas las comunidades del PP con competencias en Sanidad.
Por su parte, el artículo 54 (sobre “Principios de conducta”), dice, entre otras cosas, lo siguiente:
“1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.
“2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
“3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.
“(…) 5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.
“(…) 7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.
“(…) 10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio”.
Es decir, es lo suficientemente amplio y ambiguo como para que se pueda interpretar en forma de ‘mordaza‘ para acallar las protestas del funcionariado. Pero sobre su aplicación en Castilla-La Mancha, el diputado de IU Gaspar Llamazares le formuló una pregunta parlamentaria al Gobierno, el cual respondió avalando las actuaciones de Cospedal y especificando, además, que los principios y reglas establecidos en el Capítulo VI del Título III del citado Estatuto Básico “informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos, de manera que el incumplimiento de muchos de esos deberes, principios y reglas de conducta encuentra su reflejo en la tipificación de algunas infracciones del régimen disciplinario”.
Es decir, que el PP recomienda que sus autonomías apliquen con rigor el ‘experimento’ de María Dolores Cospedal para frenar las protestas de sus funcionarios. Se trata, sin duda, de otra‘interpretación mordaza’.
