Según su opinión, el plan de recortes incluido en las políticas de austeridad está orientado “a implantar un sistema sanitario privado, mercantilizado, fragmentado y tecnológico” en lugar de apostar por un enfoque global, integral o universal porque así “son muchas las empresas que pueden lucrarse con ese modelo”. Este “es el motivo por el que resulta necesario restarle calidad a la Atención Primaria (AP) cuya esencia es, precisamente, la atención integral –señala-. Para forzar a la gente a que contrate seguros privados que, por cierto, en esta época terrible de crisis, es el único sector de los seguros que ha aumentado sus beneficios”.
Para Ruiz-Giménez, “la siguiente fase es que la contratación de este tipo de seguros te los puedas desgravar fiscalmente”, advierte. “Algo que, además de mostrar cuál es la intención de los responsables políticos, también implica que cada vez lo público ingrese menos y, por tanto, se sigan reduciendo las partidas destinadas al sistema sanitario público lo que, a su vez, contribuirá a seguir aumentando el negocio de las empresas privadas. Esto es lo que está detrás de toda la estrategia de ataque contra la Sanidad”, afirma.
La relevancia de la Atención Primaria
Según los estudios realizados en los últimos años, los sistemas de salud cuyo núcleo reside en la AP, basados en la promoción de salud y con un sistema coordinado con la atención especializada, son los más eficientes económicamente y los que mejores resultados de salud consiguen. A pesar de ello, el presupuesto que le dedica la Comunidad de Madrid al funcionamiento de sus alrededor de 300 centros de salud no llega al 14%, algo más de 700 millones de euros. “Del resto, la mayor partida se la lleva atención especializada de segundo nivel, luego está la farmacia y después la salud pública y el porcentaje que se va a los conciertos”, explica Ruiz-Giménez.
Tal y como cuenta este médico, la relevancia del trabajo en la Atención Primaria pasa por que, “aparte de hacer un abordaje de la enfermedad que tenga un paciente, los llamados problemas biomédicos,también tratamos su entorno global, lo biopsicosocial. Intentamos hacer mucha labor de promoción de salud y educarlo para que se sepa mantener sano”. Además, en los centros de salud se hace un “seguimiento longitudinal del enfermo; aparte de ser accesible, de atender a todos los habitantes de una determinada zona a lo largo de toda su vida, tiene la ventaja de poder coordinarse con el segundo nivel asistencial para abordar todos los problemas de esa persona”.
Sin embargo, y a pesar de que este fue el modelo que se quiso potenciar en España a partir de la entrada en vigor del “RD 137/1984 de 11 de enero, sobre estructuras básicas de salud”, Ruiz-Giménez denuncia que “no se ha potenciado para darle la relevancia que debería tener. Es ahora, 30 años más tarde, cuando se empieza a escuchar lo que se conoce como estrategia de la cronicidad”. Se refiere a que la Organización Mundial de la Salud hace tiempo que ha reconocido que los modelos que atienden de forma fragmentada a los pacientes, “con mucha tecnología y altos grados de especialización han demostrado tener un mayor gasto económico y peores resultados en cuanto a la salud que aquellos que tienen un abordaje más global basados en la Atención Primaria, la estrategia de la cronicidad”, cuenta. “Lo ideal sería que la Primaria tuviera un peso fundamental, pero la realidad es que no lo tiene ni en los presupuestos, ni en el respaldo de las políticas públicas, ni en la consideración que en el conjunto del sistema sanitario debería de tener”.
Recortes en Atención Primaria
Según los datos obtenidos en el Cuarto Informe del Observatorio Madrileño de la Salud, publicado en junio de 2014, la Comunidad de Madrid ha perdido, aproximadamente, a 7.500 profesionales de la salud desde 2009. Del total, 4.000 de estos puestos de trabajo se destruyeron durante el pasado año. “El problema –matiza Juan Luis Ruiz-Giménez- es que no está diferenciado cuántos pertenecen a AP y cuántos a atención especializada. Cifras oficiales de cada sector, no se tienen. El despido de personal se ha llevado de forma muy opaca”.
El segundo capítulo de los presupuestos que se ha visto fuertemente reducido ha sido el relativo a las vacantes y las suplencias. “En los tres últimos años, sobre todo en 2012, el recorte del presupuesto ha oscilado entre el 50% y el 75%, dependiendo de qué centro fuera, de su tamaño, de la plantilla que tuviera y en qué condiciones se encontrara”, explica Ruiz-Giménez. En la práctica, esto significa que los equipos de cada centro se tienen que cubrir entre ellos, que aparece una sobrecarga de trabajo, aumentan las agendas y, por tanto, se reduce el tiempo que se le destina a cada paciente.
De hecho, según una noticia publicada en RedaccionMedica.com el pasado 4 de agosto, cada médico de Primaria atiende casi a 200 personas más de las recomendadas. Los recortes de personal, sumados a los que se han notado en los materiales y el mantenimiento de cada centro, capítulo que ha sufrido entre un 60% y un 70% de reducción en los presupuestos, han terminado notándolos los pacientes. “Aunque las encuestas de satisfacción hay que mirarlas con cuidado porque están preparadas para que el resultado sea alto –cuenta Ruiz-, se está viendo un deterioro en la satisfacción y que cada vez hay más personas que se quejan del menoscabo que han sufrido la Atención Primaria y la especializada”.
Este deterioro se percibe, especialmente, en el aumento en las listas de espera y, con ellas, el de las derivaciones. Según los datos obtenidos por el Observatorio Madrileño de la Salud, desde 2004 hasta 2013, las listas de espera quirúrgicas aumentaron un 51,55%, “con la particularidad de que el 50,2% de ellos son personas que han rechazado la derivación a un centro privado”. Respecto a la Atención Primaria, aunque el máximo recomendado para dar cita es de dos días, el 45% de las citas con el médico general, el 37% de las consultas de enfermería y el 31% de las técnicas, superan este tiempo.
Junto con las listas de espera, también se ha ido incrementando el porcentaje de derivaciones a centros privados. Según denuncia el Observatorio Madrileño de la Salud, en noviembre de 2013 ya se derivaban el 58,7% de las intervenciones y el 67,4% de las pruebas diagnósticas. De hecho, el porcentaje de gasto sanitario destinado a los conciertos sanitarios en Madrid es del 8,5% mientras que la media de las Comunidades Autónomas se sitúa en el 7,61%. Todo ello mientras, según el Observatorio, se infrautiliza el rendimiento de los recursos de los centros públicos. Y ponen como ejemplo que “el número de resonancias magnéticas por equipo de un centro público es un 36% menor que el de un centro privado, lo que provoca que el 17,4% de estas pruebas se deriven a la privada”.
Mutuas y altas laborales
Al incremento de contratación de seguros particulares y de derivaciones a centros privados hay que sumarle el papel protagónico que se le quiere dar a las mutuas en lo relativo a las bajas por enfermedad de los trabajadores. “La Ley de Mutuas de la Seguridad Social –señala Ruiz-Giménez- pretende darle un peso cada vez mayor a las mutuas patronales, o lo que es lo mismo, a las empresas, en la asistencia sanitaria. Se ha conseguido frenar un poco, pero ha dejado ver cuál es la intención del Gobierno”.
Uno de los argumentos para tomar esta decisión pasa por el presunto abuso que de las bajas hacen los trabajadores y que consienten los profesionales sanitarios. “Es una excusa, igual que lo fue lo del turismo sanitario para retirarle la tarjeta a los inmigrantes en situación irregular. Siempre puede haber algún caso, pero la inmensa mayoría de los profesionales sanitarios hacen su trabajo como corresponde”, rebate Ruiz-Giménez. Aunque considera que hay una cuestión fundamental: “Si en lugar de recortar en sanidad y provocar un aumento de las listas de espera, hubieran gestionado los recursos como se debe, una baja, en lugar de ser de un año, podría ser de cuatro meses. Lo que está claro es que hasta que un paciente no esté sano no puede ir a trabajar. Por tanto, ¿quién es el responsable de que la baja se prolongue tanto tiempo?”, pregunta.
“Y este es un problema que las mutuas patronales no van a poder solucionar porque los tiempos de espera son los que son”, matiza. Además, dado que los trabajadores de las mutuas no tienen ninguna relación con el paciente, lo que hacen es basarse en estándares. “Por ejemplo, si te das un golpe en la muñeca y se te inflama, son cuatro días. Si te rompes un ligamento, ocho. Y estos baremos los hacen sin tener en cuenta a la persona, sin saber si tiene otros problemas que pueden agravar su situación. Y si por darlo de alta antes de tiempo se convierte en un enfermo crónico y tienen que echarlo, pues lo echan. Así de fácil. Porque su objetivo es que la partida de la Seguridad Social que se destina a las bajas se disminuya”.
Los profesionales sanitarios se rebelan
El menoscabo de la calidad de la sanidad que las diferentes decisiones políticas y los recortes han generado se ha traducido en un hartazgo para muchos de los profesionales sanitarios que los ha llevado a rebelarse. Por un lado, respecto al contrato programa que establece los objetivos de los médicos para el año siguiente y sus consecuentes incentivos. “Alrededor de 90 de los 300 centros de salud de Madrid se negaron a firmar ese contrato el año pasado como forma de protesta por el conflicto que hubo con la Marea Blanca”, cuenta Ruiz-Giménez. “Ahora la Conserjería ha advertido que, como no quisimos firmarlo, es posible que nos quedemos sin cobrarlo”.
Por otro lado, está la participación ciudadana como medio de control de los centros sanitarios, ya sea en la Atención Primaria o en la especializada. “Esto estaba establecido en Madrid por ley desde que entró en vigor el RD 137/1984”, recuerda Ruiz-Giménez. “Ahí se especificaba que todos los centros de salud tenían que tener Consejos de Salud, que eran órganos de participación de la ciudadanía en el funcionamiento de los servicios sanitarios”. Esto significa que dos o tres profesionales sanitarios en representación del centro tenían que reunirse mensual o bimensualmente con representantes de la ciudadanía (asociaciones de vecinos, colectivos de AMPA, asociaciones de enfermos) para hablar sobre qué problemas había, enseñar la memoria del centro, los incentivos anuales, y realizar acciones de salud comunitaria de prevención.
Pero en 2011 la Comunidad de Madrid modificó el Real Decreto mediante una ley de acompañamiento y eliminó los Consejos de Salud por considerar que se gastaba mucho dinero en organizarlos. “Que no se gasta nada, porque nos reuníamos cada mes o cada dos meses en el centro de salud para hablar, no sé qué gasto puede conllevar esto”, plantea Ruiz-Giménez. Si bien es cierto que también reconoce que no era una práctica habitual en la mayoría de los centros, también lo es que los que sí lo llevaban a cabo“hemos tomado una postura desobediente”. En el centro de salud donde trabaja, Vicente Soldevilla (Puente de Vallecas), “le hicimos saber a nuestra dirección asistencial que no estábamos dispuestos a perder nuestro lugar de encuentro con los ciudadanos. Por medio de la Plataforma Sureste de Defensa de la Sanidad Pública, presionamos para que se constituyeran mesas de participación, que equivalen a los Consejos pero sin una normativa que lo apoye. Y así lo seguimos haciendo todos los meses”, cuenta.
Finalmente está la exclusión del sistema sanitario de un buen número de personas que se produjo con la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012 en septiembre de ese año. “Ante esta situación, que a algunos ciudadanos nos pareció un insulto, algo no solamente inmoral, sino ilegal porque rompió el consenso al que había llegado la ciudadanía con el sector profesional, nos rebelamos y empezamos a desobedecer”, explica Ruiz-Giménez. Junto con el colectivo Yo Sí Sanidad Universal, “estudiamos la normativa para ver por dónde podíamos luchar contra ella. Vimos que hay tres casos de excepciones, urgencias, mujeres embarazadas y menores de 18 años. Con esto empezamos a hacer un manual de acompañamiento donde explicábamos a los compañeros y a la ciudadanía qué podían hacer para seguir siendo atendidos en su centro de salud”, recuerda.
Sin embargo, esta postura activa no se corresponde con la mayoría de sus compañeros de profesión. La Sociedad Madrileña de Medicina de Familia, hizo una encuesta entre los profesionales de Atención Primaria para conocer su percepción sobre el impacto que había tenido el Real Decreto 16/2012 entre junio y noviembre de 2013. A pesar de que el 80% estaba en contra de la reforma, solamente el 30% se declaraba como objetor de conciencia. “Del resto, hay un porcentaje significativo que no se niega a atender a las personas que se supone que ya no tienen derecho a la sanidad, pero que tampoco se preocupa por vigilar que puedan acceder en el sistema informático”, explica Ruiz-Giménez.
“Como verás, todo este plan de recortes que ha habido en España, no solo en el sistema sanitario, sino en todos los ámbitos relacionados con los derechos sociales, va orientado a menoscabar el Estado de bienestar.”, argumenta. “Siempre he creído que hay que mirar el plan de austeridad en su conjunto para poder entender qué objetivo esconde. Pero en el caso de la Sanidad, está claro que detrás de estos ataques a la Primaria y a la atención especializada se esconde una intención de favorecer, como te decía antes, a las empresas privadas: las aseguradoras, las mutuas patronales y toda la industria relacionada con la tecnología sanitaria”, concluye.
