Este trabajador social voluntario destaca la solidaridad de los profesionales de la salud, pero denuncia que hay funcionarios racistas y pasotas y trabas burocráticas
Estrés crónico y múltiple. Es el síntoma principal del síndrome de Ulises, un reflejo de las situaciones extremas que viven muchos inmigrantes. La atención sanitaria no es más que la punta del iceberg de los problemas de un colectivo que en muchos casos vive en la exclusión de este y otros muchos derechos. El barrio del Raval de Barcelona no quiso dejarlos al margen ante la aprobación, ahora hace dos años, del Real Decreto que restringe el acceso a la salud a miles de personas. Se organizaron, y hace un año y medio un equipo de profesionales y un ejército solidario del barrio tratan de paliar el impacto humano que ha supuesto. Desde que empezaron, por el Espacio del Inmigrante ya han pasado unas 300 personas por su consultorio, que funciona los viernes por la tarde. Precisamente Ulisses es el nombre de unos de los trabajadores sociales que colabora en esta iniciativa desde el principio. Ha abierto las puertas de este espacio a LaVanguardia.com.
¿Por qué montaron este servicio?
Para denunciar este intento de exclusión, de este inicio de apartheid donde se repudia a quien no tiene documentos o son irregulares. Pensamos, ¿qué pasará con la gente que no tiene acceso a la salud? Y ahí se decidió montar el espacio del inmigrante. Era hacer un pequeño consultorio donde al menos intentáramos informar y darle una primera valoración básica de sus necesidades.
Ustedes no quieren publicidad ninguna, funcionan a través del boca-oreja entre vecinos y amigos, ¿no?
Todos los jueves se sale ala Rambla del Raval y los voluntarios explican a la gente que no tiene tarjeta cómo conseguirla. A partir del primer encuentro, ya contamos que aquí se atiende y se informa de cómo tenerla. También creamos un grupo de acompañamiento. Cuando la doctora nos decía que había algo grave o crónico que no se puede atender aquí, empezamos a llevar a las personas al centro de salud de Drassanes. Nos juntábamos diez personas para ir a pedir que se les atendiera.
¿Era como una acción conjunta?
Sí, estuvimos así los primeros tres meses, íbamos con las personas afectadas.
¿Les daba resultado?
Al principio había confrontación con los sanitarios, discusión, pero eso nos permitió que algunos médicos se acercaran a nosotros cuando nos íbamos. Nos pedían un teléfono y nos decían: no estamos de acuerdo con lo que hacen, pero nosotros tampoco podemos dar la espalda. Posteriormente, esos médicos se hicieron desobedientes y objetores.
O sea que ustedes han fomentado la objeción de muchos médicos…
Por supuesto. No veían la situación. Al cuarto mes dejamos de hacer los grupos de presión y ahora a algunos médicos les hablamos directamente en Drassanes, Hospital del Mar y en Vall d’Hebron. Les mandamos a los pacientes y hacen un hueco para atenderlos.
¿Lo hacen de espaldas al sistema?
Nosotros creemos que era obligación del sistema atenderlos, y que ninguna ley está por encima de los derechos humanos ni de la ética profesional. Los médicos no consideran que estén cometiendo un error. No veo una actitud ni de miedo, ni de hacer algo ilegal. Son gente comprometida, algunos lo expresan públicamente y otros no, pero todos apoyan en sus horarios de trabajo. En muchos casos logran reinsertar a la gente que enviamos en un proceso de seguimiento.
Y los inmigrantes, ¿entienden el porqué de lo que está pasando?
Les explicamos quién es el responsable de todo el laberinto burocrático por el que se quedan sin tarjeta sanitaria. No es una cuestión de mala suerte, ni un castigo. Les hablamos de las políticas, de quiénes y de cómo hemos llegado a este momento y la peligrosidad que tiene. Así la gente es más consciente de cómo reclamar. Hay un proceso de empoderamiento donde les decimos que lo que hacen es reclamar sus derechos.
¿Qué perfil de personas atienden?
Vecinos que están en situación ilegal, invisibilizados, que llevan mucho tiempo encerrados en su casa y que no van al médico por miedo a que hubiera algún vínculo con la policía. Incluso algunos aguantaban dolor por mucho tiempo. El 80 por ciento son hombres y el resto mujeres. La mayoría son latinoamericanos, pero también hay población africana, paquistaníes, de Bangla Desh, un par de kurdos y de Europa del este.
¿Cómo se organiza el trabajo?
Está dividido en diferentes áreas. La atención primaria donde exploran las médicos y enfermeras. Y posteriormente analizamos el caso y vemos si es un tema de empadronamiento o de si perdió la tarjeta y la podemos volver a pedir. Los casos se estudian entre semana y se habla… hay quién quiere cobrarles por empadronar a la gente.
¿?
Hay un trapicheo… a veces los mismos propietarios no los quieren empadronar. También hemos ido a denunciar eso. Han pasado casos donde el mismo arrendatario tiene algún tipo de alquiler irregular. O no le quiere empadronar, o le quiere cobrar…
¿Qué tipo de personas se encuentran en la seguridad social y en los centros de atención primaria cuando va a hacer gestiones?
Tres tipos: un funcionario racista de forma directa, que considera que los inmigrantes somos los culpables de haber saqueado y debilitado el sistema de salud y dice que no se puede. Otro tipo de funcionario que no necesariamente es racista pero es mayor, viejo, que lleva miles de años trabajando, que está harto y que si le han dicho que no tienen acceso, ni siguiera lo investiga. Y nos encontramos muchos funcionarios que son más sensibles y, aún cuando saben que hay muchos trámites que no cumplen los chicos, tratan de ayudarnos. Hay que decir que, más allá del mensaje institucional, hay muchas personas sensibles con el tema, y que sin darse cuenta están dando una red para evitar muchas de las catástrofes que se veían venir.
Los casos racistas deben ser los menos, ¿qué tipo de funcionario abunda más?
El funcionario cansado. Entre que está agotado y harto de recibir a cualquier persona, incluso cuando logramos enseñarle documentos… no quiere investigar, no entiende, porque la información del Real Decreto no la bajaron a todos sus funcionarios.
Se quedaron con el titular…
Claro. Creemos que eso es una forma de operar. Cuando decimos que hay miles de personas que no tienen acceso a la salud es por este laberinto y esta carrera de obstáculos que han construido para que la gente se quede a la mitad. Según el funcionario que te encuentres, te dan o no el documento.
¿Aquí sólo viene gente del barrio del Raval?
Esto es un proyecto muy vecinal, la base es la confianza. Es difícil que venga nadie de la nada. El 70% es primo, sobrino, cuñado o vecino de alguien de nuestro barrio. Ahí es donde ha radicado la fuerza, cuidamos la integridad de la gente, no preguntamos datos, no pedimos papeles…
¿Qué tipo de patologías o problemas detectan en las personas que acuden buscando ayuda?
Muchas personas vienen con fracturas, dedos rotos, manos escayoladas…
Pero si te rompes algo, puedes ir a urgencias según el decreto del gobierno…
Ahí voy. Van a urgencias y les ponen “multas”, como decimos. A un chico paraguayo le salió el yeso de una mano rota por 350 euros. Nos castigan por ser inmigrantes. El problema es que en urgencias es un funcionario, y no un médico, quien determina tu gravedad. Y todo lo terminan cobrando.
Es legal cobrar las facturas si corresponde…
El criterio es ambiguo. También tenemos casos de niños a los que han cobrado. Pasa con el 99% de las urgencias que hemos mandado, y eso hace que la gente no vuelva a ir. Ahí es cuando se demuestra que la universalidad de la atención es mentira.
Según el Ministerio de Sanidad se atiende a todo el mundo, y hay atención asegurada sobre determinadas enfermedades…
Eso es verdad, pero hablamos de tuberculosis, hepatitis… y con algún caso de tuberculosis que tuvimos sólo lo atendieron el primer día.
Cada comunidad autónoma ha regulado por su cuenta. ¿Qué problemas han detectado en Catalunya?
La trampa está en la burocratización. El Gobierno complicó el acceso a la salud. Y en Cataluña más. El funcionario de la ventanilla no es el responsable, le tendrían que haber dado un curso de formación para entender todos los casos.
¿Ven la posibilidad de que algún día se retire el decreto?
Los gobiernos de derechas le han declarado la guerra a los inmigrantes porque consideran que es el sector más vulnerable. Por eso todas las iniciativas de recortes y de inicio de privatización de los servicios públicos afecta a los más frágiles, los inmigrantes. Después empezarán a privatizar el sistema de salud y a atacar a los pobres. La punta de lanza siempre somos nosotros. Tenemos ya tres casos de personas que han muerto por la negación de la salud. Hay muchos colectivos y plataformas denunciando en los medios, en los parlamentos… es una parte del trabajo.
¿Hasta cuándo va a funcionar el Espacio del Inmigrante?
Ojalá deje de existir el día que se facilite otra vez el acceso. Sabemos que es un espacio que va a morir. Esta es una respuesta ciudadana ante una situación y no podemos cerrar los ojos ni mirar a otro lado. No queremos sustituir el sistema de salud. Queremos visualizar una parte de la realidad que ellos quieren ocultar. El hecho que exista este espacio es la crítica más concreta y real de que el sistema de salud en Catalunya no es público ni gratuito. Es un espacio de denuncia, aquí contabilizamos a las personas desechadas.
