Maria Cappa 30 de julio de 2014
MADRID// El pasado mes de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó suspender el proceso por el que el Gobierno regional pretendía privatizar seis hospitales de la Comunidad tras diez meses de lucha de la marea blanca. A pesar de suponer una gran victoria para la defensa de la Sanidad Pública madrileña, los profesionales sanitarios advirtieron que el procedimiento seguía activo, aunque de manera solapada. Diez meses después, La Marea ha visitado varios centros hospitalarios públicos de la capital, donde algunos de sus trabajadores han explicado en qué condiciones se encuentran estos centros y en qué se basa este nueva estrategia de privatización.
El primero de ellos es el Hospital Ramón y Cajal, donde una de las enfermeras del centro, Mar Coloma, explica que durante el verano se han cerrado muchas plantas. “Actualmente hay casi 240 camas cerradas y en agosto planean cerrar otras 50; casi 300 de las 900 que, según la dirección del hospital, hay ahora, aunque hace cinco años eran 1.150”, explica. “Ya tenemos el precedente de otros años en los que cierran camas en verano que nunca vuelven a abrirse; y que se reduzcan camas significa que también va a producirse una reducción de personal”, señala.
Una plantilla que, desde 2009, también ha mermado considerablemente. Tal y como explica uno de los trabajadores del personal no sanitario del centro, Javier Cordón, de las cerca de 5.300 personas contratadas han quedado poco más de 4.600. En unos casos por la no renovación del personal eventual y en otros casos por no cubrir las jubilaciones. “Las tasas de reposición aprobadas son del 10%, lo que supone que 9 de cada 10 jubilaciones no se van a cubrir”, cuenta Coloma. A esto hay que añadirle el personal eventual, que asciende a casi una cuarta parte del total, 988 trabajadores, y cuyos contratos, hasta enero de este año, se solían renovar cada 3 meses, 6 meses o un año. Desde 2014, la mayoría de los que se han renovado ha sido por un año.
Tal y como señala Cordón, este tipo de contratos eventuales conduce, por un lado, a la precariedad laboral. “Si estás librando y te llaman para que vayas al hospital tienes que ir porque si no, a lo mejor, no te renuevan. Supuestamente, el personal eventual se contrata para situaciones excepcionales, pero hay gente aquí que lleva 12 años así”. Según el Estatuto Marco que entró en vigor en 2003, a aquellos que lleven más de dos años con este tipo de contrato hay que revisarles su situación para ver si se les hace interinos. Una espera en la que se encuentran miles de trabajadores en toda la Comunidad. “Mientras aguardan a que se les revise su contrato lo que consiguen es tenerlos callados, porque si se meten en protestas que son molestas para la dirección corren el riesgo de quedarse sin trabajo -prosigue Cordón-. O sea, hacen contigo lo que quieren”.
El último de los problemas relacionados con los trabajadores son las bajas por enfermedad, que casi nunca se cubren. “Eso supone que el personal esté siempre corriendo de un lado para el otro, lo quedisminuye la calidad de la atención al paciente –denuncia Coloma-. Y estamos hablando de un trabajo que se ocupa de la salud de las personas”. Dado que el Ramón y Cajal funciona las 24 horas del día, “lo que no hagas tú en tu turno lo tienen que hacer en el siguiente y si no en el próximo. Esto implica que habrá cosas que se queden sin hacer o que no se hagan con el rigor necesario. Hablamos, por ejemplo de medicaciones. Si no tienes tiempo, puedes llegar a fallar. Afortunadamente es muy raro que pase pero el riesgo existe y podría repercutir en la salud de los pacientes, aunque no lo noten”.
Despedazar el hospital para venderlo por trozos
Una buena parte del Ramón y Cajal se encuentra inmerso en unas obras de remodelación que, en parte, consisten en quitar la tercera cama para que no haya más de dos por habitación, algo con lo que, según Coloma, “los profesionales sanitarios están de acuerdo porque es malo para los pacientes y para el personal”. El problema es que se prevé que esta tercera cama que se quita no sea reubicada en ninguna parte. “Hemos tenido varias reuniones con la gerencia del hospital y cada vez te dicen una cosa diferente. Que si van a pasar a la cuarta planta, que luego a la tercera… Y en cada operación de estas se van perdiendo camas. Cuando les pedimos que nos den el proyecto por escrito para aclararnos, nos dicen que no”.
Lo problemático de esta situación es que, si hubiera un repunte de algún problema sanitario, el centro puede quedarse sin sitio para ingresar a los pacientes, lo que aumentaría las derivaciones a las privadas. “De hecho –denuncia Coloma- ya existe en algunos hospitales, como en el Ramón y Cajal, la unidad de preingreso en la urgencia, donde los pacientes esperan que haya una cama libre. Si no hubiera problemas de camas no debería existir esta unidad donde los pacientes están hacinados en una sala sin ventilación”.
Precisamente la realización de estas obras es una de las cuestiones que más preocupa a esta enfermera de la unidad de cuidados intensivos del Ramón y Cajal. “Estamos en época de crisis, nos hablan del enorme déficit público como excusa para evidenciar que no hay dinero para contratar, pero sí hay para las obras”, cuenta. Si bien es cierto que considera que siempre son necesarias, también opina que no son urgentes. “El hospital no está inutilizable. Mejorable sí, como todos los sitios, pero hay otras prioridades – prosigue-. Por ejemplo, los ascensores. Este hospital ya tiene varias denuncias de pacientes que se han quedado colgados porque funcionan fatal. Y arreglar esto es algo primordial en un centro que tiene 15 plantas”.
Coloma cuenta que “se han hecho obras muy gordas en este centro en los últimos años, como reunificar las tres unidades de cuidados intensivos quirúrgicos. Hace dos años se hizo lo mismo con la unidad de pediatría. Públicamente se dijo primero que había costado 2 millones de euros, luego salió publicado que había costado el doble… Pero no tenemos datos. Tampoco sabemos quién lo paga. En teoría es la Comunidad de Madrid, pero no se sabe. Siempre pedimos que nos den los planos, que nos digan cuánto cuesta, quién se va a hacer cargo de las obras, pero no nos dicen nada, hay una absoluta falta de transparencia”, denuncia.
Tal y como cuenta Javier Cordón, “la gente puede pensar que se ha frenado la privatización pero no es cierto, ahora se está haciendo de manera solapada, destruyendo recursos y preparando el terreno para la privatización, como las Unidades de Gestión Clínica”. Las diferentes áreas del hospital están siendo divididas en unidades independientes que, “tienen que competir entre sí”. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cardiología se mete en un área y “se la dota de un presupuesto anual determinado con el que cada unidad se tiene que apañar”. Para ambos trabajadores, el fin último de este despiece por unidades es que cada una pueda tener personalidad jurídica propia, “lo que permite privatizar, en lugar del hospital entero, las áreas por trocitos, lo que hace más fácil venderlas o alquilarlas”.
“Esto ya lo advirtió Montoro cuando anunció hace poco las 200 medidas que iba a poner en práctica para reducir el déficit”, cuenta Coloma. “Dijo que iba a posibilitar que se alquilaran diferentes servicios sanitarios a las empresas privadas”. Llevado al caso de las Unidades de Gestión Clínica, esto significa que “para ahorrar o para tener más dinero, yo, como Unidad de Cardiología, alquilo mis camas a un hospital privado. Es decir, les estoy quitando camas a los usuarios de la sanidad pública porque los privados me dan más dinero”, relata.
Gestores de hospitales, cargos políticos
A pesar de que los profesionales, tanto los sanitarios como los no sanitaros, del Ramón y Cajal, en su mayoría se muestran contrarios a este tipo de medidas, dado que el centro está dirigido por personas afines al Gobierno regional, al final se acaba haciendo lo que recomiendan desde las instancias políticas y no lo que es más beneficioso para el paciente. “Los puestos de dirección de un hospital son puestos políticos –explica Coloma-. Cuando cambia el equipo de Gobierno, cambia la dirección de los hospitales. A los gestores los ponen los mandatarios políticos, como ocurre en TVE”. Además, cada gerente de hospital “se trae a su equipo directivo porque la mayoría de los mandos intermedios son de libre designación y de confianza, por lo que asumimos que estarán de acuerdo con la privatización solapada”.
El hecho de que los cargos de dirección estén de acuerdo con la estrategia privatizadora de la Sanidad, facilita mucho la toma de decisiones a la hora de gestionar cada centro. Pero no son solamente los altos cargos los que son de libre designación, sino que es un procedimiento que se está extendiendo a los cargos intermedios. “Hace cinco años, para ser supervisor de enfermería o jefe de celadores te exigían tener tu plaza en propiedad”, recuerda Coloma. “Esto permitía cierta independencia porque lo peor que te puede pasar es que dejes de tener ese puesto de responsabilidad pero no podían echarte”.
Sin embargo, cada vez es más habitual que prescindan del personal fijo del centro para ocupar estos puestos y recurran a personas con contratos eventuales a las que “el único requisito que se les exige es que lleven más de 5 años trabajando en el hospital”, explica. “Cuando pasan a tener un puesto de dirección, la renovación de esos contratos eventuales está más o menos garantizada a no ser que te enemistes con la dirección, lo que produce trabajadores sumisos”. Una afirmación que Cordón matiza: “Una de las funciones de una supervisora deberían ser presionar para que se cubra una jubilación o una baja porque hace falta para un determinado servicio. Pero si presionas demasiado sabes que te pueden echar, así que no lo haces”.
Uno de los motivos que impulsaron algunas de las obras que están realizándose ahora en el Ramón y Cajal pasa por la reunificación del área de quirófanos en la primera planta del hospital. Hasta ahora, el centro contaba con 44 quirófanos pero, después de las obras, serán 28, más dos de pediatría ubicados en la planta 11. “Pensemos que el hospital Infanta Leonor de Vallecas tiene 265 camas y 11 quirófanos, por lo que con la reducción de 250 camas que ya han hecho y los 14 quirófanos que pretenden cerrar es, en comparación, como si desapareciera un hospital pequeño. Pero claro, te dicen que no se va a notar porque los van a tener funcionando mañana y tarde y, de primeras, con esa respuesta te callan. Después te pones a pensarlo fríamente y te surgen varias dudas”, reconoce Coloma. La primera es que, dado que esta aseveración también la hicieron con muchas de las camas que no han vuelto a reponerse, no tienen del todo claro que, efectivamente, los quirófanos vayan a funcionar en este horario.
Otra de las preguntas que se hacen los trabajadores del Ramón y Cajal es por qué los quirófanos que había hasta el momento no tenían actividad quirúrgica programada por la tarde. “Si uno de los grandes problemas de la Sanidad pública es la enorme lista de espera, lo lógico sería que los hubieran habilitado antes de tener que derivar las operaciones a la privada que, como ya han demostrado desde AFEM y desde otras organizaciones como la FADSP, encarece el procedimiento”, cuenta Coloma. La tercera cuestión tiene que ver con el personal. En lugar de contratar gente para el turno de mañana y para el turno de tarde, lo que han explicado es que los de la mañana tendrán que hacer horas extraordinarias. “Esto no sólo encarece el sistema sanitario, sino que si a un médico que lleva ocho horas operando, le metes más horas, no estará con las mismas facultades. Es decir, que quien acabará asumiendo el riesgo, otra vez, será el paciente”, concluye.
