Redacción. Madrid
El Ministerio de Hacienda ha publicado un documento con una serie de propuestas a las comunidades autónomas con el objetivo de cumplir el déficit presupuestario para el año 2015. En concreto, se tratarían de 255 medidas de ahorro que Cristóbal Montoro, el titular de la cartera de Hacienda, quiere consensuar con las 17 autonomías para intentar cuadrar sus cuentas.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. |
En el texto, al que ha tenido acceso Redacción Médica, Hacienda propone iniciativas drásticas que afectan de lleno a los servicios públicos básicos del país. En materia sanitaria, en concreto, el ministro popular pretende modificar una batería de 75 acciones, más otras 17 que afectarían a los servicios sociales y dependencia.
Las más reseñables son las que están relacionadas con los copagos y el sector farmacéutico. Con las propuestas hechas públicas este martes, Montoro pretende inmiscuirse en terrenos en los que hasta el Ejecutivo estaba fuera. Es el caso de los copagos en la asistencia y consulta médica, así como en las urgencias, en las que hasta el momento no se planteaba cobrar al paciente. También el transporte sanitario y los artículos ortoprotésicos se encuentran en el punto de mira del ministro de Hacienda, en contra de lo que dictaminó su homóloga en Sanidad, Ana Mato, a principios de año.
Por su parte, el sector farmacéutico también se ve afectado con este centenar de medidas. Algunas de ellas, como permitir la venta de determinados medicamentos publicitarios fuera de las oficinas de farmacia y reducir el margen comercial aplicable de éstas, son algunas de las medidas que les perjudican muy directamente. Además, limitar el número de productos farmacéuticos con financiación pública para una misma patología, por ejemplo, aumenta la competitividad entre los laboratorios de este sector.
El resto de medidas, de forma más detallada en sanidad son:
1. Copago por falta de asistencia a citas programadas o no retirada de pruebas. Emisión de facturas informativas al paciente del coste de los servicios.
2. Copago por asistencia a consulta médica y urgencias.
3. Copago por prestaciones ortoprotésicas y prestaciones con productos dietéticos, así como por interrupciones del embarazo y fecundaciones in vitro.
4. Cuantía mínima por la expedición de recetas a los pacientes, diferenciando pensionistas y activos y con un importe reducido en ambos grupos para pacientes crónicos.
5. Aplicación efectiva por parte de las CC.AA. de la aportación del beneficiario en medicamentos dispensados para pacientes no hospitalizados.
6. Aumento de los porcentajes de financiación de los usuarios para la prestación farmacéutica ambulatoria y/o de los límites máximos de aportación mensual.
7. Revisiones y consultas no presenciales en atención primaria.
8. Evitar pruebas sanitarias redundantes o ineficaces.
9. Incrementar la capacidad de resolución de las urgencias en Atención Primaria, dotándolas de analítica básica y Radiología Convencional. Esto generaría una disminución de urgencias en hospitales de tercer nivel, y una disminución en el trasporte sanitario.
10. Aplicación del Real Decreto 16/2012: Desarrollo del copago en transporte sanitario.
11. Compatibilidad del Sistema Público con el Sistema Privado. Posible desgravación fiscal para usuarios de aseguramiento privado.
12. Implantación de la Receta Electrónica Continua común para Primaria y Especializada (interoperable para el SNS).
13. Permitir la venta de determinados medicamentos publicitarios fuera de las oficinas de farmacia.
14. Fomentar la prescripción por principio activo y potenciar el uso de especialidades farmacéuticas genéricas.
15. Avanzar aún más en la exacta adecuación de la dispensación de productos farmacéuticos en las oficinas de farmacia a las dosis prescritas.
16. Reducción del margen comercial aplicable a las oficinas de farmacia.
17. Suministro directo de medicamentos y productos sanitarios a centros socio-sanitarios a través de los servicios de farmacia.
18. Permitir u obligar a que determinados productos farmacéuticos con receta sean dispensados en los centros ambulatorios u hospitales.
19. Limitación del número de productos farmacéuticos con financiación pública para una misma patología, permitiendo la aplicación de precios más reducidos por parte de las empresas farmacéuticas suministradoras asegurando la cobertura de la prestación farmacéutica sobre la base de la dispensación por principio activo y genérico.
20. Aplicación de la nueva Orden SSSI/1225/2014 que actualiza el sistema de precios de referencia de medicamentos
21. Mejora del sistema de precios referencia. Mejoras en la regulación, en las agrupaciones homogéneas y revisión más frecuente de precios así como del sistema de fijación de precios iniciales.
22. Modificación del sistema de precios de referencia introduciendo el concepto de precios máximos de financiación por subgrupos terapéuticos con la aplicación de un copago evitable por parte del ciudadano.
23. Revisión de las deducciones del RDL8/2010: Incremento automático del 7,5% al 15% una vez se superan los 10 años desde la comercialización de la primera presentación del medicamento.(evitar demoras por cambios en dispositivo de administración).
24. Aplicar un sistema de concursos de medicamentos preferentes para determinadas patologías en función de sus datos de coste/efectividad.
25. Separación entre las decisiones de autorización y financiación de medicamentos incorporando un análisis del coste efectividad de cada novedad terapéutica. Creación de un Comité Nacional de Evaluación Sanitaria (tipo «NICE»).
26. Extensión de guías farmacológicas y de programas de protocolarización de la prescripción de medicamentos.
27. Controlar el número de prescripciones por paciente.
28. Revisión de protocolos de utilización de productos en programas de crónicos.
29. Analizar la problemática derivada del uso inadecuado de medicamentos, cuantificando regularmente su magnitud, identificando sus causas y estableciendo objetivos de reducción.
30. Evaluar la incorporación de nuevas prestaciones farmacéuticas mediante modelos de financiación por el sistema de riesgos compartidos con las empresas suministradoras.
31. Revisión de las situaciones observables que determinan desabastecimiento de productos farmacéuticos, aplicando sistemas de penalización o revisando otras autorizaciones de otros productos farmacéuticos.
32. Financiación específica para la innovación disruptiva altamente costosa.
33. Clasificar de forma detallada las actividades promocionales admitidas de medicamentos.
34. Aplicación Terapía Hemodiafiltración online y Fomento del uso de factores plasmáticos frente a recombinantes.
35. Comercialización de biosimilares: Establecimiento de un descuento mínimo sobre el precio de la molécula original de un 30% y activación del conjunto de referencia correspondiente y obligación de los hospitales de una cuota del 30% el primer año (Alemania).
36. Revisión de la normativa de Efectos y Accesorios RD 9/1996. Revisión de precios y márgenes. Revisión de criterios de calidad. Reducción de precios de absorbentes y establecimiento de precios menores. Habilitación de entrega domiciliaria de absorbentes.
37. Revisión de servicios, suministros y prestaciones llevadas a cabo en el ámbito sanitario.
38. Revisión de los servicios sanitarios prestados con medios ajenos mediante concierto, de su modelo de gestión y del coste asociado a los mismos.
39. Creación de un marco similar al de mutuas de accidentes de trabajo para la gestión de centros.
40. Revisión de cartera de servicios.
41. Avanzar en la implantación de la evaluación económica y análisis coste efectividad previos a la incorporación a la cartera de nuevas prestaciones y productos así como a efectos de valorar la posible sustitución de productos y servicios ya existentes en la cartera.
42. Fomento de actividades preventivas en todos los centros asistenciales.
43. Regulación más clara para la atención sanitaria de la población inmigrante.
44. Potenciación del sistema de adquisición centralizada de medicamentos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con ajuste automático de los precios al precio mínimo ofertado fuera del sistema centralizado.
45. Mejora y centralización, en el ámbito de cada Comunidad Autónoma, los sistemas de compras con el fin de impulsar, reforzar y extender a la adquisición de bienes de equipo y otro material sanitario iniciativas dirigidas a reducir la variabilidad en los precios de los inputs empleados en la producción de servicios sanitarios y a mejorar el poder de negociación con los proveedores.
46. Integrar las fases del proceso logístico: compra, almacenaje, distribución y facturación.
47. La creación de un Fondo de Reserva, presupuestario o extra presupuestario, con vistas a un plan de renovación e innovación tecnológica mediante Compra Centralizada.
48. Desarrollar un mecanismo, que gestione el pago desde el Ministerio de Hacienda de las facturas de los contratos derivados de los acuerdos marco, por el que se obtendrían importantes ahorros por pronto pago.
49. Nombramiento personal estatutario a tiempo parcial.
50. Racionalización de los turnos de médicos (urgencias, UCI, etc.) y centralización de guardias.
51. Mejora de la eficiencia en el entorno quirúrgico. Doble turno, mejoras en la gestión del bloque quirúrgico, cirugía mínimamente invasiva o ambulatoria.
52. Desarrollar nuevas competencias profesionales en enfermería que respondan a los requerimientos actuales.
53. Desarrollar nuevas competencias profesionales de los técnicos en diagnóstico por imagen para que puedan realizar pruebas diagnósticas que luego informarán los respectivos facultativos (p.ej.: ecografías).
54. Revisión y flexibilización de los mecanismos de selección y cese de mandos intermedios sanitarios.
55. Homogeneizar las retribuciones por conceptos variables en el SNS (hora guardia, nocturnidad, carrera profesional, etc.).
56. Revisión de la carrera profesional y vínculo de sus tramos al cumplimiento de objetivos de eficiencia.
57. Historia Clínica Electrónica Unificad Compartida permitiendo la visualización de resultados de laboratorio, diagnóstico por imagen, etc, evitando duplicidad de pruebas; gestión más eficiente de las agendas con la optimización de los tiempos de respuesta.
58. Racionalización de estructuras mediante unificación de centros, áreas de gestión sanitaria o unidades de gestión clínica.
59. Coordinación entre los servicios sanitarios autonómicos de las distintas CC.AA. a efectos de la prestación centralizada en centros especializados, con la correspondiente compensación económica, de determinados servicios u operaciones sanitarias cuyo coste resulta elevado en el ámbito de una única comunidad .
60. Mejora de la asistencia domiciliaria.
61. Centralización de determinados sistemas de gestión e información.
62. Mejora del tratamiento de la diabetes.
63. Mejoras en la preparación y administración de quimioterapia (uso tecnología que alarga la estabilidad microbiológica y evita exposición del personal sanitario).
64. Implantación de los estudios de monitorización postintroducción, para controlar el uso de determinadas técnicas, tecnologías o procedimientos.
65. Reclasificación de subtipos en productos dietéticos, así como continuar con la reclasificación de productos dietéticos
66. Supresión de la ayuda por consumo eléctrico en terapias respiratorias domiciliarias / hemodiálisis.
67. Consideración de los tratamientos hospitalarios de larga estancia como socio sanitarios en los que el usuario participe en el coste de dicha estancia según su capacidad económica.
68. Revisión del modelo de compensación económica por la atención a desplazados de otras CCAA (FCS/FOGA).
69. Exigir el cumplimiento de la normativa en Seguridad Social por la que el INSS debe intervenir en todas las discrepancias surgidas entre la Consejería de Sanidad y las mutuas en relación a la detección precoz de posibles enfermedades de origen laboral atendidas en el sistema sanitario como enfermedades comunes.
70. Retorno económico del coste asociado a las vacunas provistas y/o administradas por la Comunidad Autónoma a instituciones penitenciarias, sanidad exterior, etc.
71. Denuncia por parte de la Administración General del Estado del actual convenio entre el INSS, Tesorería de la Seguridad Social y MUFACE y elaboración de un convenio actualizado que contemple la financiación y compensación de los fármacos de dispensación hospitalaria y de la asistencia sanitaria pública por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a funcionarios mutualistas afiliados a MUFACE, ISFAS o MUGFEJU que han optado por la red sanitaria pública, de forma que se facturen las prestaciones facilitadas a dicho colectivo por parte de las administraciones sanitarias regionales a las correspondientes mutualidades.
72. Alquiler instalaciones al sector privado.
73. Cobro aparcamientos hospitales.
74. Establecimiento de tasas hosteleras en los hospitales.
75. Compensación económica específica a las CCAA por el incremento del IVA sanitario.
En servicios sociales y dependencia:
76. Avanzar en la aplicación efectiva de la contribución económica del usuario al sistema.
77. Mejorar el baremo y su aplicación, estableciendo criterios comunes y evitando el acceso mediante procedimientos alternativos (pasarelas).
78. Promover una regulación común sobre la modulación de la intensidad de los servicios.
79. Definir adecuadamente el perfil profesional del evaluador de la situación de dependencia.
80. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la adecuada profesionalización de los servicios y promoción de una oferta de servicios adecuada.
81. Optimizar el aprovechamiento de las estructuras prestadoras de servicios sociales con que cuentan las diferentes Administraciones Públicas.
82. Desarrollar los acuerdos alcanzados en el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
83. Fomentar la coordinación socio-sanitaria, tanto en el proceso evaluador como en el desarrollo y efectividad de las prestaciones y servicios reconocidos.
84. Revisión de los servicios sociales prestados con medios ajenos mediante concierto, de su modelo de gestión y del coste asociado a los mismos.
85. Impulsar en el Consejo Territorial la adecuación del catálogo de servicios del Grado I a las necesidades reales de los dependientes moderados.
86. Establecimiento en el ámbito del Consejo Interterritorial correspondiente de un catálogo mínimo de servicios y prestaciones sociales en el ámbito autonómico que asegure su armonización.
87. Ampliación del plazo para la entrada en vigor de las prestaciones asociadas al reconocimiento del grado 1 de dependencia.
88. Cambio de modelo en la gestión de los viajes de la tercera edad, termalismo, viajes o estancias juveniles o campamentos juveniles.
89. Integrar la cooperación interadministrativa en un escenario plurianual.
90. Promover desde el MSSSI en colaboración con las CCAA, la extensión del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) en todo el territorio nacional, contando así con un sistema común que pueda ser utilizado por todas las CCAA, y con información más completa de los usuarios de servicios sociales, con un menor coste a medio/largo plazo.
91. Ordenar los flujos de información, de modo que los datos mínimos que han de aportarse al SISAAD se suministren por todas las CC.AA. con los mismos procedimientos, requerimientos técnicos y periodicidad.
92. Individualización e identificación de las partidas presupuestadas y liquidadas sobre ingresos y gastos en materia de dependencia por parte de todas las Administraciones afectadas.
