La universalidad de los servicios públicos podría estar en peligro
El Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP en sus siglas en inglés), tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, está pasando bastante desapercibido por el debate público a pesar de que su negociación se encuentra en una fase bastante avanzada y que las consecuencias de su aplicación -con independencia de que se esté a favor o en contra de dicho acuerdo- serán profundas y variadas.
Los objetivos de todo gran tratado de libre comercio suelen dividirse, a grandes rasgos, en dos: 1) disminución de las barreras arancelarias al intercambio de bienes y servicios y 2) homogeneización (a la baja) de la regulación relativa a la circulación de bienes y servicios. En lo relacionado con la sanidad, la regulación presente en la Unión Europea es notablemente más estricta que la vigente en los Estados Unidos, de modo que el TTIP presumiblemente afectaría relajando (“flexibilizando”) la legislación en múltiples ámbitos, tales como la protección de la salud –controles sanitarios de alimentos, medicamentos,…-, el ejercicio de las profesiones sanitarias o la inversión de empresas privadas en la prestación de servicios sanitarios.
Precisamente éste último es uno de los aspectos más controvertidos, y que eldiario.es sacó a la luz a partir de unos documentos aportados a Fíltrala: el posible papel que este acuerdo puede tener en la liberalización (vía privatización) de los servicios públicos. Tanto los documentos publicados como declaraciones posteriores del Ministro de Economía, Luis de Guindos, dejan claro que el ánimo liberalizador del TTIP no quiere dejar al margen ningún sector de la economía que pueda ser susceptible de recibir inversiones privadas. Aunque no esté clara la manera en la que el TTIP podría influir en la estructura de financiación y prestación de servicios del sistema sanitario, podemos esbozar dos ejemplos de qué podría suponer su aprobación en el contexto actual de dos países de la Unión Europea con fuertes sistemas públicos de salud: Reino Unido y España.
- En el caso del Reino Unido y su afamado National Health Service, el TTIP llegaría en un momento muy pertinente para blindar las reformas emprendidas en los últimos años, encaminadas a la aplicación del gerencialismo a la práctica de la sanidad y el fomento de mecanismos de libre mercado en la distribución y gestión de sus recursos sanitarios. La irrupción del TTIP y la consagración de los derechos del inversor por encima de los derechos del Estado o de la población supondría anteponer, en materia de sanidad, las cuentas de resultados de las empresas inversoras frente a la calidad en la prestación de los servicios sanitario. Además de suponer un blindaje de las reformas emprendidas, en el caso británico –en el que la prestación de servicios de Atención Primaria se lleva a cabo por “cooperativas” de médicos asociados entre ellos- la irrupción de grandes grupos empresariales estadounidenses dedicados al sector salud podría desplazar a los actuales “Clinical Commissioning Groups”, haciendo que el control de la asistencia dejara de ser ostentado por los profesionales sanitarios británicos, motivo por el cual han surgido voces en el Reino Unido pidiendo la exclusión del National Health Service de los acuerdos contemplados en el TTIP.
- En España, la financiación del sistema sanitario público ha sufrido pocas modificaciones en los últimos años –además de las modificaciones de los copagos previamente existentes y los intentos, más o menos infructuosos, de introducir otros nuevos-; sin embargo, la gestión y provisión de los servicios de salud sí es un aspecto que ha experimentado múltiples intentos de privatización a partir de la ley 15/97 de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. El reciente fracaso del intento de privatización de la gestión sanitaria de 6 centros por parte del gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid ha hecho que se hayan llevado a cabo muchos análisis sobre estas formas de gestión, destacándose de forma constante la gran protección y blindaje legal del que gozan los contratos firmados con las empresas privadas a las que se otorga la gestión de los centros sanitarios. En este caso, el TTIP sería un refuerzo a dicho blindaje, estableciendo una especie de punto de no retorno en el eje “colectivización-liberalización” de los servicios sanitarios.
En resumen, los efectos que el TTIP puede tener en el sector sanitario son, principalmente, dos: 1) Incrementar la apertura y facilidades para que empresas aseguradoras de los Estados Unidos puedan implantarse en los países miembros de la Unión Europea, dotando sus inversiones de una mayor seguridad jurídica y disminuyendo la soberanía en la gestión de ciertos sectores por parte de los países de la Unión. 2) Blindar los procesos de liberalización y privatización emprendidos en los últimos años en los países de nuestro entorno. Afirmar que estos serán los efectos del TTIP no es un ejercicio de adivinación, sino la consecuencia directa de observar quiénes han sido los que han diseñado e interferido en la redacción de sus medidas. Como se puede ver en la web deCorporate Europe Observatory, el 92% de las reuniones de la Comisión Europea fueron con lobbies empresariales privados, y solo el 4% con representantes de los intereses públicos; además, las empresas del sector sanitario y farmacéutico se encuentran en el top 10 de las que más presión han ejercido durante la redacción del TTIP.
El TTIP puede ser una de esas medidas que McKee y Stuckler ( Mckee 2011) señalaban comoclaves para destruir la universalidad de los servicios públicos, estando ausente del debate público y siendo complicado adelantar los efectos que tendrá en el medio plazo.
