El Gobierno regional ha tenido que aprobar desde marzo el abono extraordinario de 36 millones de euros tras varias sentencias en contra
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al Gobierno regional (PP) a pagar 1.336.601,54 euros a la empresa Obrum Urbanismo y Construcciones SL, que desde hacía tres años reclamaba esa cantidad por unas obras “fuera de proyecto” en el proceso de construcción del centro de salud de Las Olivas, en Aranjuez.
El tribunal estima en parte el recurso de apelación presentado por el Ejecutivo de Ignacio González contra la sentencia del 23 de abril de 2013 por el juzgado de lo contencioso administrativo número 12 de Madrid, por lo que exime a la Comunidad de abonar otros 81.087,16 euros por intereses de demora. El Gobierno madrileño aprobó el pasado 18 de junio aprobó el cumplimiento del fallo del TSJM, que así lo dictaminó el 20 de marzo de este año. Además de la sentencia que ahora da la razón a Obrum Urbanismo y Construcciones SL, los últimos cinco meses han dejado varios fallos más que han obligado a la Comunidad a pagar otros 35 millones por una mano de resoluciones judiciales desfavorables.
La compañía presentó una reclamación el 19 de mayo de 2011, tres días antes de las últimas elecciones autonómicas y municipales, en las que el PP revalidó su mayoría absoluta en la Comunidad, contra el Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Los 1,3 millones se refieren a obras ejecutadas por el contratista “fuera de proyecto por indicación de la Dirección de Obra”, según recoge la sentencia, que también indica que “nunca se solicitó que fueran tramitadas ni aprobadas” por la Administración “ni como proyecto modificado ni como proyecto complementario”. Las obras en cuestión se engloban dentro de un proyecto de liquidación que la Dirección de Obra realizó el 31 de julio de 2009, “tiempo después de haber sido terminadas y ocupadas las obras”.
El fallo aprecia que no se aprobó un incremento del presupuesto correspondiente en las tareas de centro de salud “pese al elevadísimo importe de las mismas [obras] en relación con el importe del proyecto inicial y a que incluían modificaciones de gran trascendencia”. Según figura en el contrato de obras, convocado en septiembre de 2006, el presupuesto base de licitación contaba con un importe total de 5.998.573,27 euros. El complejo fue inaugurado a finales de la legislatura 2003-2007. La Comunidad dotó de esta manera a Aranjuez de su segundo centro de salud. El consejero regional de Sanidad en esos momentos era Manuel Lamela (noviembre de 2003 a junio de 2007).
Este diario publicó a principios de abril que el Gobierno de González debía afrontar 15,9 millones pendientes con la universidad Politécnica, también a raíz de una sentencia de junio de 2013 del TSJM. La Politécnica interpuso en junio de 2011 un recurso reclamando la cantidad de 89 millones “en cumplimiento de los planes de financiación, intervención, convenios y contratos suscritos” entre ambas entidades. La justicia lo estimó parcialmente, rebajando la cantidad a 14,4 millones más intereses.
Además, al Ejecutivo autonómico le tocaba pagar otros 6,3 millones a la firma IOS Finance EFC SA, especializada en facturas del sector público sanitario (en su caso, por una sentencia de marzo de 2012). El abono principal correspondió a facturas por el abastecimiento de productos farmacéuticos al Servicio Madrileño de Salud, más los correspondientes intereses de demora y los costes de cobro de suministros de las sociedades GlaxoSmithKline SA y GE Healthcare Spain entre 2008 y 2009.
También en abril, la Comunidad aprobó en otra de sus reuniones semanales de todos los jueves el pago de 7,2 millones a Acciona Infraestructuras por la construcción de un centro de especialidades en Alcalá de Henares, en cumplimiento de una resolución de septiembre de 2013 del TSJM. En este caso, por unas a unas modificaciones de obra “que fueron verbales”: con un presupuesto inicial de siete millones, el centro médico se inauguró en mayo de 2007 con un coste final de 14 millones.
A finales de ese mes la Comunidad también dio luz verde el pago de 857.177,66 euros por otra sentencia de febrero de este año del TSJM. Esta vez se estimaba la reclamación interpuesta por la UTE Constructora San José-Tecnocontrol por los intereses de demora y revisión de precios de la construcción del Centro de Salud Lucero.
El Consejo de Gobierno aprobó en mayo el pago de 3,7 millones a un proveedor por otra sentencia en contra. En esta ocasión la beneficiada fue Wyeth Farma, que había presentado una reclamación por varios suministros de vacunas pendientes de las campañas de 2008, 2009 y 2010.
