«Pues bien, estas restricciones no existen en otros países de la UE….»
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El presidente del Gobierno dijo que España tiene restricciones sanitarias para los inmigrantes sin papeles similares a las de países de nuestro entorno
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¿Es cierto? ¿Ponen Francia, Italia o Portugal los mismos obstáculos a los inmigrantes?
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, negó este domingo haber dañado el Estado del bienestar y se mostró dispuesto a combatir con firmeza la idea de que ha hecho recortes en sanidad. Entre otras afirmaciones dijo que «se atiende a los inmigrantes ilegales en unas condiciones al menos iguales al mejor país de la UE en esta materia». Hizo estas declaraciones durante su intervención en la clausura del campus FAES.
La realidad es que el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones estableció a partir de septiembre de 2013 restricciones sanitarias para los inmigrantes sin papeles. Entre ellas, que los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España están excluidos de la atención normalizada y que sólo reciben asistencia sanitaria en las modalidades de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica y de asistencia al embarazo, parto y postparto. Asimismo prevé que los extranjeros menores de dieciocho años reciben asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.
Pues bien, estas restricciones no existen en otros países de la UE como dio a entender Rajoy este domingo. En Italia, según el informe Los sistemas sanitarios en la UE, que edita el Ministerio de Sanidad, el sistema sanitario es universal incluso para personas en situación irregular, que pueden recibir servicios básicos. De hecho, tras el recorte español, Italia es el que menos obstáculos pone a los inmigrantes en situación irregular para acceder a la sanidad pública. Sin embargo, los sin papeles también tienen acceso a la sanidad normalizada en Portugal, Francia, Bélgica y Holanda, si bien con diferentes requisitos.
Carmen González Enríquez, que es profesora de Ciencia Política en la UNED especializada en inmigración, asegura en un informe denominado La atención sanitaria a los inmigrantes irregulares: una comparación europea difundido por el Real Instituto Elcano que en Portugal y en Francia las personas en situación irregular tienen que demostrar que han residido en el país en cuestión durante al menos tres meses para obtener un certificado de residencia que da derecho a la sanidad. La asistencia de urgencias y para los menores de edad está garantizada en todos los casos. En Bélgica y Holanda, los solicitantes tienen que demostrar que carecen de recursos y, aun así, son los facultativos los que deciden si la asistencia en imprescindible en base a criterios de necesidad o urgencia.
Por otro lado, el jefe del Ejecutivo también dijo que «la sanidad es más universal que antes, ningún español queda fuera del sistema». Sin embargo, en el propio informe Los sistemas sanitarios en la UE se constata que «como consecuencia de la crisis económica mundial; en Europa, y ante la necesidad de la consolidación fiscal, algunos países han reducido los derechos en las coberturas de atención sanitaria». En este punto, cita el caso de España y la exclusión de la atención normalizada en la red pública de 873.000 inmigrantes. Si bien, en virtud de esta norma, también ha habido otros colectivos excluidos como los llamados rentistas, que son personas que no han cotizado pero que tienen ingresos acreditados de más de 100.000 euros. Aunque con susimpuestos contribuyen a financiar el sistema público no tienen acceso a él.
Además, los parados sin prestación que salen de España durante más de 90 días en un año por motivos laborales o personales pierden la tarjeta sanitaria, y por tanto el derecho a la asistencia sanitaria con cargo a la Administración española. Aunque recuperan la tarjeta sanitaria al volver la medida, que entró en vigor el 1 de enero de este año, afecta especialmente a las personas que deciden emigrar para buscar empleo y tarden más de tres meses en encontrarlo, pero siguen en el extranjero. Y eso ocurre porque su tarjeta europea vinculada a la española deja de tener validez y, por tanto, no pueden recibir de forma gratuita el mismo tratamiento que los habitantes del país de destino.
En la misma intervención en la clausura del campus FAES, Rajoy señaló que en España «no hay copago sanitario, hay copago farmacéutico», aunque, precisó «antes ya lo había» y el cambio es que «ahora se paga en función de la renta». Es cierto que en España ya existía un copago en la farmacia para los trabajadores. Pero hasta julio de 2012 los pensionistas estaban excluidos de pagar las medicinas en la farmacia. A partir de entonces comenzaron a pagar el 10% de media con un tope de 8,26 euros mensuales para los pensionistas con rentas anuales inferiores a 18.000 euros; de 18,32 a 18,59 euros para los que tienen prestaciones de entre 18.000 y 100.000 euros anuales; y de 61,08 a 62 para las que superen los 100.000 euros al año.
