El lema del PP para estas elecciones es “lo que está en juego es el futuro”. Frase en mi opinión bastante acertada. Por ello a la hora de decidir es importante recordar lo que ha hecho cada uno. Especialmente si se trata del partido que gobierna la Nación, esta Comunidad, y que según ciertas encuestas ganaría las elecciones europeas. En las líneas que siguen hay un resumen de algunas de las actuaciones del PP que más negativamente han afectado a la sanidad pública en los últimos años.
– 1997. El PP que era el partido gobernante aprobó la ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, por las que legalmente se abrían de par en par las puertas de la privatización.
– En 2005, siendo Presienta de la Comunidad Esperanza Aguirre, y coincidiendo con la licitación de la concesión de obra de 7 hospitales, el Consejero de Sanidad Manuel Lamela basándose en una denuncia anónima acusó a 15 médicos del hospital Severo Ochoa de Leganés (entre ellos al Jefe del Servicio de Urgencias, Doctor Luis Montes, de haber cometido «400 homicidios» en el servicio de urgencias. Destituyó a cinco jefes y tres supervisores y sometió a un acoso permanente al conjunto del hospital y el caso llegó a los tribunales. Tres años después, la Audiencia Provincial de Madrid no solo archivó el caso, sino que sentenció que no hubo mala praxis médica. Las consecuencias para el hospital fueron tremendas, también para el conjunto de la sanidad madrileña, al extender el pánico entre los médicos a la hora de prescribir sedaciones que proporcionasen una muerte digna a los enfermos terminales, y el consiguiente retraimiento a la hora de realizar esta práctica.
– 2006. En diciembre de este año el gobierno de la Comunidad renueva el Concierto singular con Fundación Jiménez Díaz, en ese momento controlada por Capio, por el que le asigna dos ambulatorios públicos (Pontones y Quintana) y comienza a pagarle por población protegida cantidades que no cesarán de aumentar: 142 millones de euros en 2006; 157 en 2007; 202 en 2008; 261 en 2009; 300 en 2010; 306 en 2011 y los más de 311 millones en 2012.
– 2008. Esperanza Aguirre construye inaugura los 8 hospitales. 7 son de Concesión de Obra Pública. Es decir empresas privadas construyen en terreno público y cobran un “canon” durante 30 años, además explotan los “servicios no sanitarios” del hospital (cafetería, limpieza, parking, mantenimiento, cocinas etc. Estos son Puerta de Hierro, San Sebastián de los Reyes, Coslada, Arganda, Vallecas, Parla y Aranjuez). Y uno de ellos (Valdemoro) es modelo Alzira o Concesión Administrativa: terreno público, construcción privada y explotación completa de la actividad hospitalaría. Además del “canon” las empresas privadas cobrarán un tanto por habitante con cobertura sanitaria (una especie de seguro). Este mismo año se suprime la Dirección General de Salud Pública.
– 2010. Esperanza Aguirre impone el Área Única, destruyendo las 11 áreas de salud en las que se basaba la sanidad madrileña. El cambio no se redujo a un simple asunto territorial sino que el cambio de estructura permitió un cambio de modelo (se cambiaba el principio de la colaboración entre centros por “la competencia entre ellos” -en realidad la falsa competencia, pues los pacientes habitualmente no eligen centro y médico libremente, sino que son trasladados a los centros privados concertados-, y la estructuración territorial y planificación territorial por el trasvase semiforzoso de pacientes según criterios de rentabilidad económica empresarial.
– 2011 y 2012. Se abren nuevos hospitales modelo Alcira (totalmente privados): Hospital de Torrejón en 2011 y Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles en 2012. El de Collado Villalba este está sin abrir y la Comunidad le paga a Capio 900.000€ mensuales.
Durante este tiempo se cerraron los centros de especialidades (ambulatorios) de Fuencarral, Arganda, Aranjuez y Alcobendas, y los servicios de urgencias de atención primaria, algunos parcialmente, de Aranjuez, Leganés, Barajas y Doctor Esquerdo. Otros se entregaban a empresas privadas (Quintana y Pontones de Madrid y Torrejón).
– 2012. En abril, Mariano Rajoy saca el Rdto 16/2012, que después se convertirá en Ley. Se restringe la atención sanitaria a los asegurados (temporalmente esta exclusión no se lleva hasta sus últimas consecuencias, centrándose en excluirá a los inmigrantes sin papeles y a otros colectivos, y aun así afecta a cerca de 1 millón de personas). Se introducen más repagos y reducciones en la cartera de servicios. Esta ley genera un cambio de modelo se destruye el modelo público universal y de acceso igualitario por otro de aseguramiento con exclusiones y copagos que impiden no solo el acceso a la atención primaria, sino por la vía de los hechos a no poderse pagar la medicación e interrumpir tratamientos.
En junio de este año, Esperanza Aguirre aprovechando la modificación de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, decreta la extinción de 26 categorías y la privatización progresiva de esos servicios.
El 1 de Noviembre el nuevo Presidente Ignacio González hace público el mal llamado Plan de Sostenibilidad que suponía un ataque cualitativo al sistema sanitario público. La constitución de la llamada Marea Blanca frenó elementos importantísimos de este Plan: la privatización total de los 6 hospitales modelo Concesión de Obra y 27 centros de salud y en los hechos se frenó en parte la conversión de La Princesa y la aplicación de la extinción de las 26 categorías, aunque el riesgo continúa porque la ley no ha sido derogada.
Diciembre 2012. Ignacio González cierra el Instituto Cardiológico. Con 38 camas de hospitalización, con una sección especializada en pacientes cardiológicos y otra de pacientes de medicina interna, consultas externas y exploraciones cardiológicas y de paso se destruyen 200 puestos de trabajo.
– 2013. Privatizan Lavandería de Mejorada, desmantelan el Hospital Carlos III, echan al “Personal no sanitario” del Hospital Puerta de Hierro y privatizan la donación de sangre entregándosela a Cruz Roja para que cobre a la Comunidad 67€ bolsa.
En este año se disuelve de la Agencia para la Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid Pedro Laín Entralgo y se ejecutan 80 despidos.
Durante estos años no han cesado de aumentar, al menos en Madrid, las derivaciones de pacientes a las clínicas privadas, lo que ha supuesto y sigue suponiendo un trasvase de dinero público incalculable.
En toda la Sanidad Pública del Estado han destruido en los últimos años 55.000 empleos.
Esta relación de las agresiones más graves contra la sanidad pública no incluye los recortes presupuestarios continuados ni una valoración de los daños al sistema publico sanitario. Esto último remite a que no se trata de sólo de recordar los daños cuantitativamente, sino que falta una valoración de los daños cualitativos. Por ej, si a un coche se le quitan piezas, puede llegar un momento en que no es un coche al que le faltan piezas, sino que ha dejado de ser un coche porque no anda. Eso puede ocurrir con nuestro sistema sanitario.
Pero el PP para hacer esto necesitó de apoyos y socios. El principal apoyo en el terreno político lo tuvo en el PSOE, que además de colaborar en la aprobación de la Ley 15/97, privatizó centros en diversas comunidades donde gobernó y sobre todo porque en 2011 aprobó con apoyo del PP el artículo 135 de la Constitución que da prioridad al pago de la deuda pública antes que a los gastos sociales.
Si el PP, como sabemos, no ha hecho más ha sido gracias a la lucha unitaria de trabajadoras y usuarios. Ahora se trata de que en este largo periodo electoral no perdamos lo que hemos evitado que nos quiten con la lucha en la calle.
Javier Cordón
Faltaría hablar en este artículo del del cierre de 10 laboratorios en otros tantos centros de salud y de la creación del laboratorio central. Han sido tantas cosas que es normal que se nos olviden, pero es bueno recordarlas de vez en cuando para que no olvidemos lo que teníamos y lo que nos han ido quitando.
Un saludo