Marciano Sánchez Bayle | Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
La construcción de la Unión Europea (UE) se ha basado, al menos teóricamente, en acabar con las fronteras entre los países europeos, para crear un espacio económico y social común y cohesionado, en el que los ciudadanos deberían tener garantizados unos derechos políticos y sociales comunes.
El denominado eje económico de esta política contemplaba una serie de medidas destinadas a acabar con las fronteras para el comercio y crear una moneda común, para lo que la UE estableció una serie de objetivos de obligatorio cumplimiento para todos los países: el déficit público no debería rebasar el 3% del PIB; la deuda pública debería ser inferior al 60% del PIB; la inflación no podría superar en tres puntos la media de los tres países que la tuvieran más baja; y los tipos de interés no deberían superar en dos puntos la de los tres países más bajos. Esta estrategia, de evidente orientación neoliberal, se ha cumplido a rajatabla obligando a los gobiernos (especialmente tras la crisis económica), a reducir gasto social, reformar el mercado eliminando derechos laborales, desmantelar el sector público, y favorecer la privatización de los servicios públicos que constituyen los pilares del Estado del Bienestar como el seguro de desempleo, las pensiones, la educación y la sanidad pública.
Sin embargo el eje político, destinado a: dotar a la Unión de una política exterior y de defensa común; definir las bases de una ciudadanía europea (libertad de movimientos, libertad de residencia, derecho al voto en las elecciones municipales, protección diplomática, et); mejorar las infraestructuras de los países más atrasados mediante los llamados fondos de cohesión; reforzar la cooperación intergubernamental; y dotar de más poder al Parlamento y al Tribunal de Justicia Europeos), ha tenido un desarrollo mucho menor y desigual.
Pero el eje en el que los objetivos apenas se han alcanzado ha sido el eje social que estaba destinado a establecer unos derechos comunes para todos los ciudadanos en áreas esenciales como la educación, sanidad y cultura. La política de la UE en materia de derechos esenciales, incluido el derecho a la salud, quedó así relegado a unos enunciados generales: “La Comisión Europea debería proteger la salud previniendo enfermedades, apoyar la investigación sanitaria y fomentar la información y educación; coordinar normas y programas de medio ambiente, protección de los consumidores y circulación de productos farmacéuticos con un sistema de reconocimiento obligatorio de nuevos fármacos” (intereses de la industria farmacéutica).
Es decir que mientras se establecieron objetivos claros, cuantificados y de obligatorio cumplimiento en materia económica para el desarrollo e implantación del mercado, no se definieron con la misma concreción objetivos de naturaleza política y social.
A partir de la finalización de la segunda guerra mundial los gobiernos europeos de economía capitalista, desarrollaron un conjunto de servicios públicos de protección social (que conforman el denominado Estado del Bienestar), entre los que destacaban ir su trascendencia social los sistemas de salud públicos. Estos sistemas demostraron, en la práctica, que su carácter público se asocia a un elevado grado de eficacia, de calidad de las prestaciones y de resultados en salud, a un coste relativamente bajo, que contrastan con otros modelos privatizados como los de USA.
Sin embargo, y a pesar de su contribución a los avances en la salud de la mayoría de la población europea, este modelo esta siendo cuestionado por la ideología neoliberal que considera que ya no es necesario mantener servicios públicos universales (al haber desparecido el riesgo de un cambio social que cuestione el modelo económico capitalista), mientras que la emergencia de países que combinan la economía de mercado riesgo con la ausencia de servicios públicos, suponen un reto para la competitividad de las economías de los países europeos.
Como consecuencia en la mayoría de ellos, con el impulso y complicidad de las instituciones de la Unión Europea, se están aplicando políticas de privatización y desregulación de los sistemas públicos de protección social, problemas, que han encontrado una gran coartada en la crisis económica y en la necesidad de controlar el déficit público.
Las diferencias en la presión fiscal y en el gasto social de los países son muy importantes y se están acrecentando. Los recortes en los presupuestos, la reducción de las pensiones y el desmantelamiento de los servicios de protección frente al desempleo y la enfermedad, ya no garantizan el mantenimiento de los derechos sociales a todos los ciudadanos, que están en serio riesgo de desaparición.
En la mayoría de los países ganen terreno las posiciones de quienes apuestan por una Unión Europea basada en la convergencia económica y el mercado que favorece a las grandes empresas (contrarreforma fiscal y desmantelamiento del sector público para abrir espacios al sector privado), en detrimento de los derechos sociales, entre ellos el derecho a la salud, aunque todavía existen países donde se mantiene una política mas decidida a favor de los servicios públicos de calidad.
La crisis económica esta siendo utilizada por quienes sostienen que es necesario dar prioridad al pago de la deuda y al reflotamiento de la banca, algo incompatible con la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos.
Esta política incrementa el paro, deteriora las condiciones laborales, recorta pensiones y reduce salarios, lo que está incrementando la pobreza y la aparición de grandes bolsas de exclusión social.
La privatización de los servicios sanitarios imponen barreras económicas al acceso a las prestaciones necesarias y excluyen en la práctica a un porcentaje cada vez mayor de población, en un momento en que la crisis incrementa la demanda de servicios sanitarios. El crecimiento del paro se asocia a un aumento de las enfermedades y los problemas de salud (por ejemplo un incremento del número de suicidios), mientras que la pobreza favorece la transmisión de enfermedades y disminuye la capacidad de respuesta de las personas, agravando las enfermedades. Esto hace mas necesario que nunca la existencia de una potente red de protección social y una Sanidad Pública universal, accesible y de calidad.
La Unión Europea se encuentra ante la disyuntiva de orientarse a los ciudadanos o a los grandes grupos empresariales y financieros. Hasta ahora las decisiones de los gobiernos están primando los intereses de estos últimos sobre los generales, aunque existen tensiones e intervenciones contradictorias. Precisamente por ello hay que ser conscientes de que .la supervivencia de la Unión Europea no será posible sin garantizar la cohesión social y sin mejorar los derechos de los ciudadanos.
Por eso y en esta coyuntura hay que volver a proponer la necesidad de una Carta del Derecho a la Salud de la ciudadanía de la UE acordada en la Conferencia de Bruselas en 2010, con la participación de entidades de la UE, entre ellas la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, cuyo contenido se recoge a continuación:
Contenidos de la Carta del Derecho a la Salud de los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea.
1.- El Derecho a la Salud es un derecho básico y fundamental de toda la población de la Unión Europea
2.- El derecho a la salud incluye la asistencia sanitaria, la salud pública y la atención sociosanitaria
3.- La atención sanitaria debe ser universal, integral, equitativa, accesible y sostenible lo que implica:
La protección, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud
Un sistema de salud pública que promueva un medio ambiente físico y social saludable y sin riesgos, coordinado con los servicios asistenciales.
Servicios de salud laboral, coordinados también con los servicios asistenciales y de salud pública
Estructuras sanitarias públicas dotadas de los recursos financieros, materiales y humanos necesarios y suficientes para ofertar unas prestaciones sanitarias homogéneas a los ciudadanos de todos los países, coordinadas entre si y basadas en la cooperación.
Destinar a salud un volumen de recursos económicos suficiente y homogéneo, lo que implica asignar a la misma, con carácter obligatorio, un % de PIB equivalente para mantener las estructuras y el funcionamiento del sistema.
El acceso universal y equitativo a los servicios de salud para todos los ciudadanos, lo que implica su financiación pública y suficiente que impida cualquier tipo de barrera económica, física, social o cultural (gratuidad en el momento del uso). No son tolerables las políticas de algunos países de dejar sin protección sanitaria a los colectivos de inmigrantes.
La libre circulación de personas entre los países de la Unión deberá estar asociada al acceso a los servicios de salud en condiciones de equidad
Un aseguramiento único y público
4.- Los países deber garantizar la participación y el control social del sistema sanitario. Esta participación debe también establecerse a nivel de las instituciones de la UE.
5.- La UE debe dotarse de una Sistema Información Sanitaria Común y homogéneo que garantice el conocimiento global de la situación de salud de sus ciudadanos y los resultados de la actuación de los diferentes servicios sanitarios. Esta información debe priorizar la identificación de los principales problemas, necesidades, condicionantes de la salud, y grupos de riesgo sanitario y social a nivel europeo y debería ser la base para elaborar un Plan de Salud Europeo en el que participen los responsables sanitarios de todos los países. La información sanitaria debe estar disponible para todos los servicios de salud y para los ciudadanos de la UE.
6.- La UE debe establecer una estrategia de formación de personal sanitario basada en un modelo homogéneo (tanto pre como post graduado) planificado a corto, medio y largo plazo que garantice unos recursos suficientes, una asistencia sanitaria de calidad y en condiciones de seguridad e igualdad y evite que la libre circulación de personal sanitario genere desigualdad económica y asistencial en los diferentes países.
7.- La UE debe definir una estrategia de investigación de salud, orientada a identificar y resolver los principales problemas y necesidades de salud de los ciudadanos. Esta estrategia debe estar respaldada por unos fondos comunes accesibles a todos los investigadores que evite las desigualdades o la fuga de cerebros hacia los países más desarrollados de la UE
8.- La UE debe desarrollar una política farmacéutica fundamentada en las necesidades de salud, que responda a criterios de calidad y eficiencia, evite el gasto innecesario y garantice la sostenibilidad de los servicios sanitarios públicos. La UE debe dotarse de los fondos y recursos necesarios para desarrollar estrategias de investigación dirigidas a problemas y necesidades de salud no rentables para el sector privado. (Se debería definir estrategia para fabricación y suministro de vacunas y antivirales en la UE)
9.- Se debe fijar un régimen de incompatibilidades para todas las personas que intervengan en la toma de decisiones sobre medicamentos; así mismo se debe establecer la declaración de conflicto de intereses, para todas las personas cuyas decisiones afecten a la industria farmacéutica).
10. Se debería reforzar la función de Salud Pública de la UE, con la delegación de competencias de las regiones y los estados miembros, que permita afrontar los nuevos retos de salud pública, singularmente, las pandemias).
Las próximas elecciones europeas son muy importantes porque es necesario cambiar el sentido de la política actual de la UE enfocada hacia los recortes y las privatizaciones, por otra que haga prevalecer los derechos de las personas, entre ellos el derecho a la salud, por eso habría que votar a aquellos partidos que defiendan esta perspectiva porque es necesario cambiar el rumbo de la UE para que deje de ser la Europa de los banqueros y se convierta en la Europa de la ciudadanía y de los derechos sociales.
Fuente: Nueva Tribuna (Imagen MATS)