Las empresas que gestionan los centros de Valdemoro, Torrejón y Móstoles pagan a sus médicos 10 euros por cada paciente que sea atendido en Urgencias y no ingrese.
La Marea Blanca ha puesto de nuevo en la diana a las empresas que gestionan los hospitales públicos de Madrid. Las críticas se ciernen ahora sobre la política de incentivos que siguen estas compañías, y que según laCoordinadora Anti-Privatización de la Sanidad (CAS-Madrid) ha hecho que algunos médicos hayan cobrado grandes sobresueldos a costa de reducir el gasto por paciente. Los hospitales en el punto de mira son el Infanta Elena de Valdemoro, el de Torrejón y el Rey Juan Carlos de Móstoles.
Según indica este colectivo en su página web, estos hospitales públicos cuya gestión está privatizada, de la que se encargan IDC Salud -antes Capio- (Valdemoro y Móstoles) y Sanitas (Torrejón, tras comprar su parte a Ribera Salud), siguen una política de inventivos económicos a los médicos que es “perjudicial para la salud”. CAS-Madrid critica que se estén implantando “mecanismos empresariales dirigidos a reducir al máximo el gasto por paciente”, entre ellos los incentivos, que sólo están destinados a “comprar voluntades” entre el personal del sector.
La Coordinadora dice que “aunque quienes los aplican (y quienes están de acuerdo con ellos) los justifican por un supuesto ‘aumento de la eficiencia’ y una hipotética ‘evidencia científica’, en la práctica acaban deteriorando la calidad asistencial, dinamitando la relación médico-paciente e incrementando los riesgos jurídicos para los profesionales, olvidando la que debería ser la principal finalidad del sistema sanitario: la mejora de los indicadores del estado de salud de la población”.
Y pone como ejemplo la situación de los tres primeros hospitales cuya gestión externalizó la Comunidad de Madrid. Dice CAS-Madrid que “seis años después de abrirse el primero de ellos, la Consejería de Sanidad sigue sin responder a las solicitudes de información relativas a los criterios de incentivación de los médicos que trabajan en estos centros”. No obstante, el colectivo aporta una serie de datos que “han trascendido” y que permiten conocer “que se han aplicado las mismas pautas” que en otros centros, como el Hospital de la Ribera, el primero en aplicar la colaboración público-privada que se conoce como ‘modelo Alzira’.
Según CAS-Madrid, en los mencionados hospitales de Valdemoro, Torrejón y Móstoles “toda la actividad médica está ligada al dinero” y “cada facultativo conoce el precio económico de cada uno de sus actos”. De esta forma, se pagan, por ejemplo “10 euros por cada paciente atendido en urgencias, que no ingrese en el hospital (si el paciente ingresa no hay incentivo)”, y otras cantidades que no menciona el colectivo “por cada paciente dado de alta (se genera una cama libre)” y “por cada paciente tratado con anestesia local, en lugar de general”.
Es más, afirma que “este sistema perverso ha permitido que algunos especialistas (cirujanos, anestesistas y ginecólogos, principalmente) llegasen a cobrar, en 2012, hasta 95.000 euros/año, de los cuales unos 45.000 euros correspondían a incentivos”.
Asimismo, la Coordinadora dice que esta misma política se quería poner en práctica en los seis hospitales que quería privatizar el Gobierno de Ignacio González (el Infanta Leonor de Vallecas, el del Sureste en Arganda, el del Henares en Coslada, el Infanta Cristina de Parla, el del Tajo en Aranjuez, y el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes). Bajo los preceptos de la externalización, que ha sido suspendida cautelarmente por la Justicia madrileña, “las empresas ofrecieron 18.000 euros/año en incentivos a los médicos que pasaran a depender de ellas”, dice CAS-Madrid.
Otros modelos de incentivos
Por otro lado, respecto al Hospital de la Ribera, la Coordinadora indica que los incentivos destinados a los médicos, que Ribera Salud da desde 1999, están “ligados a toda una batería de actos clínicos”: incentivos por cada alta hospitalaria (lo que explica que la estancia media en este hospital llegase a ser de tres días, casi la mitad que en centros públicos de similares características), incentivos por cada paciente atendido en urgencias que no ingresara en el hospital (potenciando así el no ingreso de pacientes, aunque pudieran necesitarlo), o incentivos por cada operación realizada en un quirófano local, en lugar de en uno central.
En cuanto a los centros de atención primaria privatizados, CAS-Madrid habla de los centros dependientes del hospital de Torrevieja (propiedad de Ribera Salud), que premiaban a sus médicos “con incentivos de hasta 24.000 euros/año (es decir, 2.000 euros/mes), si reducían las derivaciones al hospital y a la atención especializada (que es donde realmente se produce la mayor parte del gasto)”.
No obstante, dice el colectivo, “no hace falta depender de una empresa privada para recibir suculentos incentivos a cambio de reducir el gasto”. Habla aquí del caso de Andalucía, en donde “los servicios hospitalarios y los centros de atención primaria se han transformado enUnidades de Gestión Clínica, estableciendo una serie de incentivos para el personal funcionario/estatutario (13.000 euros/año para los directores de dichas unidades y hasta 7.000 euros/año para el resto de médicos)”. Un modelo empresarial de gestión que promueve la competencia entre profesionales y unidades por la consecución de objetivos, dice la Coordinadora.
“En todos los casos se establece un sistema retributivo por el cual entre el 30% y el 50% del salario de los médicos está vinculado a objetivos de ahorro económico que, con toda seguridad, ponen en riesgo la salud y la seguridad de los pacientes, ya que aquello por lo que se paga acaba teniendo un peso cada vez más importante en la práctica clínica diaria”, critica CAS-Madrid.
También critica que este modelo “cuestiona la ética y el sistema de valores profesionales” y “penaliza los actos profesionales que suponen mayor gasto para la cuenta de resultados, cuando, en realidad, se deberían hacer las cosas que consideramos buenas en sí mismas para el paciente, aunque no estén retribuidas”.
Por último, CAS-Madrid critica a las empresas ya que cree que “su única preocupación son los beneficios económicos a costa de nuestra salud, no los beneficios para la salud de las personas. Para ello se pagan enormes incentivos económicos que desvirtúan la asistencia, pero incrementan las cuentas corrientes de los accionistas”.
Fuente: El Boletín
