- El LBEIP, con sede en Holanda, ligado al banco Lloyds y cuyo listado de inversores es un misterio, se hace con el 55% del hospital de Arganda
- FCC y Bankia, que poseían a través de Global Vía la mayoría en Phunciona, la compañía que gestiona el complejo sanitario de Arganda, dan un paso atrás y se quedan sólo con el 11%
- Son ya siete los hospitales integrados en la red pública madrileña cuya gestión total o parcial está en manos de fondos de composición opaca
ALICIA GUTIÉRREZ Actualizada 30/03/2014
Aguirre con los entonces consejeros Francisco Granados y Manuel Lamela, en Arganda, en febrero de 2007. COMUNIDAD DE MADRID
Autorizada por la UE el pasado día 18, la operación de Arganda es la segunda que en una semana introduce al fondo LBEIP en la sanidad pública madrileña. La primera, aprobada por la Comisión Europea el 5 de marzo, le permitió hacerse con el 49% de la compañía que explota los servicios no sanitarios de otros dos hospitales –los de Parla y Coslada-, aunque Sacyr, que ingresó 90 millones por la venta de esos títulos, sigue conservando ahí la mayoría al quedarse con el 51% de las acciones.
Del fondo LBEIP BV (Lloyds Bank European Partners Infrastructure Partners BV) poco se sabe, más allá de que gestiona «fondos de pensiones». Su socio único es otra sociedad homónima pero con el sufijo LP (Limited Partnership, un tipo de sociedad en comandita), domiciliada en Londres y sobre el que este diario no ha logrado ninguna información mercantil o financiera. El Banco Sabadell gestiona el negocio local del Lloyds. Pero sus portavoces niegan poseer cualquier dato sobre el fondo de inversión en infraestructuras LBEIP dado que la operación no tiene su origen en España.
La operación llega en un momento en que las constructoras buscan soltar lastre para concentrarse en sectores prioritarios. «Estos eran activos no core [no básicos o estratégicos]», señalan fuentes cercanas a FCC que subrayan la pertenencia del LBEIP al Banco Lloyds. La batida en retirada de Sacyr y el tándem FCC-Bankia se produce, además, justo después de que el Gobierno de Madrid se viese forzado a renunciar a su plan para privatizar nuevos hospitales.
Siete hospitales con inversores desconocidos
Tras la llegada del fondo LBEIP BV, son ya siete los hospitales integrados en la red pública madrileña cuya gestión total o parcial está en manos de grandes fondos de composición opaca. Cuatro de esos hospitales permanecen bajo el mando de Capio –ahora llamada IDC Salud-, el gigante de la sanidad pública privatizada cuyos verdaderos propietarios se ocultan tras cinco sociedades radicadas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.
Desde la segunda oleada privatizadora, lanzada en 2008 porEsperanza Aguirre y que esta vez ya preveía la cesión de los servicios sanitarios a empresas privadas, Capio gestiona cuatro hospitales integrados en la red pública: Valdemoro –inaugurado en 2007–, Móstoles, la Fundación Jiménez Díaz y el de Collado Villalba, por el que cobra un canon mensual de 900.000 euros pese a que todavía no ha entrado en funcionamiento.
Sujeto a una concesión administrativa para 30 años otorgada en junio de 2005, el hospital de Arganda pertenece a un grupo de hospitales anterior: aquel que el Gobierno de Madrid usó como banco de pruebas para su proyecto de privatización sanitaria. El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) seguiría prestando directamente los servicios sanitarios y las empresas concesionarias obtendrían una concesión de hasta tres décadas y el pago de un canon anual a cambio de construir el edificio.
En el caso de Arganda, tres gigantes –FCC, Caja Madrid y OHL, que ahora sigue conservando su 33,33% original en Phunciona dado que, según sus portavoces, no ha vendido una sola de sus acciones a LBEIP– acudieron de modo conjunto al concurso.
Lo ganaron, se garantizaron el cobro de un canon global de 277,89 millones de euros con cargo al erario madrileño, construyeron el hospital y, una vez inaugurado en 2007, pasaron a explotar todos los servicios no sanitarios del complejo: desde la cafetería a los aparcamientos, de los locales comerciales a la lavandería y la administración.
Causa y efecto
En efecto, la venta de activos fue propuesta a la UE tanto por Sacyr como por Phunciona justo después del varapalo asestado por la justicia madrileña a la tercera fase de privatización hospitalaria y la consiguiente renuncia del Gobierno regional a seguir adelante con ella, lo que ocurrió el 27 de enero.
Diez días después, el 7 de febrero, Sacyr pidió a la UE autorización para vender al LBEIP BV el 49% de HC SL –la compañía que gestiona los servicios no sanitarios de los hospitales de Parla y Coslada–. Y el día 20, el conglomerado Phunciona –donde, junto con FCC-Bankia participa OHL– siguió la misma senda y comunicó a Europa que planeaba dar entrada al fondo.
Tras un año largo de protestas capitaneadas por la asociación de médicos Afem y con una querella estancada en espera de que la Audiencia de Madrid revalide o anule la imputación de la antigua cúpula sanitaria del Gobierno de Madrid, el Tribunal Superior de Madrid ratificó en enero la paralización del proceso por el que otros seis hospitales quedarían bajo gestión de distintas empresas.
El nombre de una de ellas, la puertorriqueña Hima San Pablo Inc, había aflorado meses antes durante una investigación del Fondo de Garantía de Depósitos de EEUU: el impago del crédito concedido a una de sus filiales coadyuvó a la quiebra del Eurobank, una de las entidades financieras que en 2010 cayeron en el Estado Libre Asociado.
Renuncia tras el castigo judicial
El golpe del TSJM cayó a plomo sobre el Gobierno de Madrid tras una fallida maniobra del entonces presidente de la Sala de lo Contencioso y esposo de una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal,Gerardo Martínez Tristán, para buscar un escenario judicial –el pleno de la sala– hipotéticamente más favorable a las tesis privatizadoras.
Que el Tribunal Superior revalidase las tesis de los demandantes –que si la privatización no se paralizaba antes de que las empresas adjudicatarias tomasen posesión de los hospitales, el proceso sería irreversible– implicó un castigo de tal magnitud que el Ejecutivo regional renunció de inmediato a su plan.
