- El TSJ madrileño refrenda su decisión de devolver a las secciones de origen los recursos contra este proceso
- Una vez acordado este retorno la sección tercera decretó mantener la suspensión cautelar, lo que llevó al Gobierno regional a renunciar a la privatización de los seis hospitales
ELENA HERRERA Actualizada 20/03/2014
La marea blanca carga contra las derivaciones de pruebas médicas a la sanidad privada MARÍA D. VALDERRAMA
El Pleno de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado, por mayoría, los recursos de reposición interpuestos contra el auto que acordó devolver a las secciones de origen los asuntos relativos a la privatización de la parte sanitaria de seis hospitales de la Comunidad. El Pleno refrenda así su decisión de devolver a la secciones tercera y octava de la Sala los recursos sobre este asunto y justifica que esa decisión no vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva.
Entonces, esta decisión puso fin a las maniobras capitaneadas por el anterior presidente de esta Sala, el juez Gerardo Martínez Tristán –casado con una consejera de Cospedal y ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP–, que decidió acumular los distintos recursos contra la privatización de seis hospitales madrileños que se estaban tramitando en diferentes instancias del tribunal madrileño bajo una instancia entonces controlada por él mismo.
Una vez que se acordó la decisión de devolver los recursos a la secciones de origen, la tercera decretó mantener la suspensión cautelar del proceso impulsado por el Gobierno regional para evitar «perjuicios de imposible reparación». Este fue el golpe definitivo a un plan que contó desde su anuncio con el rechazo de trabajadores, usuarios, sindicatos y partidos políticos de la oposición. Entonces, los jueces de la Sección Tercera desestimaron los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y las empresas adjudicatarias contra la suspensión cautelar del proceso que había dictado esta misma instancia el pasado 11 de septiembre tras el requerimiento de Afem, el colectivo de médicos impulsor de la marea blanca. Los jueces consideraron que dadas las circunstancias que concurren, de no aceptarse la petición de medida cautelar de suspensión se podrían producir perjuicios de difícil o imposible reparación.
A raíz de esa decisión, el 27 de enero el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció que dejaba «sin efectos» la adjudicación para los próximos 10 años a las empresas HIMA San Pablo –compañía puertorriqueña experta en turismo sanitario–, Sanitas y el consorcio formado por Ribera Salud, El Corte Inglés y una filial de la constructora OHL, de la parte sanitaria de estos centros hospitalarios. La no admisión de los recursos y, por tanto, el mantenimiento de la suspensión cautelar, provocó también la dimisión del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, principal impulsor de este plan. Desde entonces, Javier Rodríguez, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y hasta ahora portavoz de Sanidad en el Parlamento madrileño ocupa su cargo.
