Ni la privatización hospitalaria ni el copago farmacéutico han conseguido los objetivos anunciados para su puesta en marcha o modificación y, por el contrario, sus efectos son contrarios a los beneficios anunciados. De ahí que, para evitar la progresión del deterioro del sistema público, se abogue por la reversión de los centros privatizados.
Tal fue el panorama expuesto por Marciano Sánchez Bayle y Manuel Martín García, los máximos representantes de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública en la presentación de sendos documentos sobre la sanidad en España, realizados por encargo de el Laboratorio de la Fundación Alternativas, que ha propiciado una línea de investigación a fin de conocer las consecuencias que, sobre la igualdad, que están originando las medidas adoptadas frente a la crisis, al tiempo que ofrece propuestas de solución, tal como señaló la anfitriona del encuentro, Belén Barreiro, directora del citado laboratorio.
Los dos nuevos documentos, claves en la defensa de la sanidad pública en España, son La privatización de la asistencia sanitaria en España, de Marciano Sánchez Bayle, y El copago sanitario. Resultados para el sistema sanitario y los pacientes, de Manuel Martín García.
Reversión de los centros privatizados
A lo largo de la presentación de sus trabajos, tanto Sánchez Bayle como Martin García abogaron por la reversión al sistema público de los centros privatizados; una medida que debería hacerse cuanto antes pues, como advirtieron, se está llegando a un punto de no retorno si no se frena el proceso de desmentalamiento, pues las múltiples medidas que se están adoptando buscan hacer imposible la reversión.
Para Sánchez Bayle, la privatización no es algo novedoso, aunque sin visibilidad; pero, gracias a las movilizaciones desarrolladas en Madrid, ha salido a la luz pública. Y criticó, sobre todo, la privatización de la planificación sanitaria, pues es desde donde se marca la estrategia a seguir. El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, que advirtió cómo el proceso de privatización había ido creciendo a medida que se fue desarrollando la Ley General de Sanidad y, sobre todo, después de la transferencia de la gestión de la asistencia sanitaria pública a las Comunidades Autónomas, manifestó que la información disponible permite asegurar que tal proceso no mejora ni la eficacia ni la calidad de la asistencia. No sólo es más cara la asistencia, sino que se derivan a ella mayores recursos. Según concluyó, el Sistema Nacional de Salud se ha ido deteriorando por su privatización.
La crisis como coartada
Manuel Martín García, el presidente de la FADSP, advirtió cómo el copago forma parte del proceso de privatización del sistema y señaló que, con la crisis como coartada, su objetivo era introducir la relación del mercado en las relaciones sanitarias y abrir el espacio a los seguros privados. Y concluyó diciendo que no existían evidencias que tal medida responda a los objetivos previstos, además de provocar más problemas sanitarios, al disuadir a los menos pudientes a no retirar los medicamentos que precisan.
Para el presidente de la FADSP se trata de una medida tan polémica que, incluso, Comunidades gobernadas por el propio Partido Poopular (PP), comenzando por la de Castilla La Mancha, gobernada por María Dolores Cospedal, han decidido no poner en marcha la del copago farmacéutico hospitalario, al tiempo que el Ministerio de Sanidad ha paralizado la implantación de otros copagos asistenciales que tenía en cartera.