Este 1 de marzo es el día fijado por la Comunidad de Madrid para que entre el vigor el convenio que firmó con Cruz Roja para “externalizar” el servicio de donación de sangre en los autobuses. A partir de este momento la organización cobrará por cada bolsa de sangre extraída y tratada 67 euros. El lunes en la Puerta del Sol el autobús de Cruz Roja ya empezará con las extracciones.
El gobierno de Ignacio González justificó esta medida para evitar “las duplicidades que hay actualmente en el servicio”. Actualmente, en Madrid, hay dos centros de transfusiones. Uno público, que se encarga de la extracción, procesamiento y reparto en los hospitales de la red pública. Otro privado, gestionado por Cruz Roja y que distribuye en hospitales privados. El Centro público gestiona una docena de autobuses que recogen anualmente cerca de 70.000 bolsas de sangre. El de Cruz Roja, por su parte, cuenta con cuatro autobuses para hacer el servicio.
Desde el Centro de Transfusiones muestran dudas sobre la motivación de la consejería de sanidad. “¿Por qué se hace?”, se pregunta una de las trabajadoras, Deli Edreira, para quien “ahora mismo la gestión es muy sensata, fiable y segura”. En este sentido denuncia que “lo que se busca es beneficiar a algunos, hay una motivación económica clara”.
Los trabajadores públicos también alertan de un “posible problema de salud pública, ya que una empresa privada querrá tener beneficios y eso puede hacer que se minimicen los gastos y afecte al servicio”. Además, dudan sobre el tratamiento de la sangre. “¿Quién va a controlar que nos llegue a nosotros todo lo que se done en los autobuses?”. En este sentido recuerdan que, “aunque está prohibido cobrar por la sangre sí se puede hacer por los costes de la analítica, de la distribución o del transporte”.
Hasta 26 días permanecieron encerrados en el Centro de Transfusiones los trabajadores. 130 profesionales que veían peligrar su puesto de trabajo pero que, tras llegar a una especia de acuerdo laboral, decidieron seguir con el encierro “contra la privatización”. Ahora han levantado el campamento aunque aseguran que continuarán con la lucha. ”Vamos a contar a cada donante que por su sangre donada voluntariamente de forma altruista, la Comunidad va a pagar a Cruz Roja 67 euros, y eso, se va a traducir en 9.380.000 euros al año”, aseguran.
Cabe recordar que en todas las comunidades autónomas el encargado de gestionar las extracciones de sangre es el Centro de Transfusión territorial, de titularidad pública. La única excepción es Asturias, donde se comparte con Cruz Roja, pero donde la parte pública va a absorber el trabajo de la privada.
Fuente: La Marea
