Hemos conseguido muchas cosas, que en principio podía parecer que no íbamos a lograr nunca, se ha suspendido todo lo relativo a la privatización de los 6 nuevos hospitales construidos en la época de gobierno de Esperanza Aguirre, además de los 27 centros de salud con los que el plan pretendía hacer lo mismo, provocando con ello la deseada por todos dimisión del consejero Javier Fernández Lasquetty. La renovación de cargos en la cúpula madrileña de sanidad ha dejado fuera de la misma igualmente a la vicepresidenta Patricia Flores y al director general de hospitales Antonio Burgueño, ideólogo del Módelo Álzira; por todo lo cual podemos afirmar que estamos logrando avanzar mucho en la lucha, pero esto no quiere decir, ni con mucho, que ésta haya finalizado y que haya llegado la hora de cesar en nuestras movilizaciones y resignarnos esperando a ver lo bien que lo hace el nuevo consejero que el actual gobierno, con las mismas intenciones privatizadoras de siempre, acaba de nombrar…
Tan sólo hemos ganado la primera batalla, pero falta mucho para término de esta guerra y aún tenemos muchos importantes frentes abiertos, por los que pueden hacernos daño si no reaccionamos de manera efectiva para defendernos. La PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA es una de las principales bazas a través de la cual se está atacando de manera más aplastante a la Sanidad Pública. Mientras en los grandes hospitales públicos se clausuran cada vez más servicios, se cierran plantas enteras, se infrautilizan sus instalaciones gran parte del tiempo (ecógrafos, mamógrafos, quirófanos en horario de tarde…) y se despide cada vez a más parte de la plantilla; con la sanidad privada concertada por la comunidad de Madrid sucede algo completamente distinto, en muchos aspectos, entre los más importantes de ellos se sitúa el tema de las derivaciones desde la pública hacía la privada de manera selectiva, sólo en los casos de bajo coste para estas últimas, mientras todo lo que supone un gasto importante recae por norma en los grandes hospitales públicos. El plan de privatización de la donación de sangre es otro gran escollo carente de toda lógica que no podemos aceptar que sea implantado, no reporta beneficio alguno a nadie que esté fue fuera de la Cruz Roja. El tema de la privatización de la lavandería (FLISA) y de los trabajadores de la limpieza (Clece) es otra controversia más. A estas reivindicaciones se suman las protestas contra la ley del aborto, ideada por Gallardón, y no apoyada por nadie excepto por los sectores más radicales de la extrema derecha.
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