Pobreza y mujer

Cifuentes incrementa las desigualdades de género con la aplicación de normas que generan exclusión sanitaria que afecta principalmente a las mujeres

Las últimas normas que se vienen sucediendo en el SERMAS para prestar atención a personas extranjeras son la petición de:

  • Documentación identificativa en vigor, si es pasaporte, éste debe tener la fecha de visado de hace mas de tres meses.
  • Empadronamiento con antigüedad de más de tres meses.
  • La firma de una declaración jurada de carecer de ingresos.

Con estos requisitos antes se obtenía un alta como extranjero no asegurado en el sistema, que otorgaba los mismos derechos que a cualquier persona que viva en Madrid (DAR).

Pero desde la Consejería de Sanidad y tras la campaña del Ayuntamiento “Madrid libre de exclusión sanitaria” en pro de recuperar todas y todos aquellos excluidos por el R.D 16/2012 de exclusión sanitaria del Gobierno del PP, han decidido buscar los entresijos para denegar la atención sanitaria de una forma “muy sutil”.

Si no se cumple alguno de estos requisitos mencionados, que por otro lado no constan escritos en ninguna norma ni Ley, se deniega la asistencia sanitaria. La única opción que queda es esperar a estar en situación de urgencia para que se atienda ésta, en modo alta como transeúnte sin permiso de residencia (TIR) o bien se emita una factura tras la asistencia prestada.

¿Acaso se ha medido el impacto de género que alcanzan estas normas? Existe la obligación de evaluar el impacto de las políticas llevadas a cabo en la LOIEMH 3/2007.

Pues bien, hemos tenido constancia de muchos de los casos en que se deniega la asistencia y podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que la mayor parte de ellos son mujeres en situaciones muy vulnerables. Por si tenían poco con su situación irregular, el gobierno de Cifuentes les pone mas trabas y más difícil el sobrevivir. Pero hablemos del como mentir para conseguir un Master mejor…

Mujeres que no pueden con su vida o que ni tan siquiera son dueñas ella  y que, por ejemplo, necesitan interrumpir un embarazo. Carecen de documentación, o bien la tienen, pero esta caducada, o bien están en trámites de refugiadas o simplemente llevan en España menos de tres meses… o viven en situación de calle, sin domicilio…y no tienen recursos… Una interrupción voluntaria del embarazo no es una situación de urgencia, pero si es un derecho de las mujeres en este país, por lo tanto, no cabe esta consideración de atención de urgencia o alta como transeúnte sin permiso de residencia (TIR). ¡Qué dolor! ¿Alguien puede explicar por qué se somete a estas mujeres a semejante vejación?

Se podría dar un alta como atención sanitaria en situaciones especiales (gestantes) (DASSE) en que la Ley garantiza la asistencia, pero la no documentación o la estancia de menos de tres meses en España, también es considerada impedimento. Además, dejaría a las mujeres sin una atención post-IVE, pues termina cuando termina la gestación.

Y ¿cómo vivir una vida, en la que la misma vida te ha llevado a decidir interrumpir un embarazo y te ves obligada a llevarlo en tus entrañas mientras intentas obtener un documento o renovarlo? Pone los pelos de punta. Pero es mejor ver la forma de obtener un Master sin esfuerzo.

Una vez más, las mujeres se ven las más perjudicadas en una sociedad dónde se prima la economía por encima de los cuidados. Capitalismo patriarcal en manos de Cifuentes.

También existen mujeres mayores en situación de reagrupación familiar que se les exigió el pago de un seguro privado para conseguir la tarjeta comunitaria y que ahora, no pueden continuar pagando. No se conforma el Gobierno de Cifuentes con denegar la asistencia, si no que lo pone en conocimiento de su Gobierno central que procede a comunicar un plazo de 20 días para contratar un seguro médico, bajo la amenaza de retirar la tarjeta comunitaria. Pero hablemos de cómo no dimitir después de mentir, señora Cifuentes.

La campaña “Madrid libre de exclusión sanitaria” rescató muchos casos, pero hay otros que están quedando sin resolver., los de las personas en riesgo de exclusión, las que no se acercan, las que mas lo necesitan. El endurecimiento de la aplicación de las normas desde la Consejería de sanidad es evidente y el Ayuntamiento de Madrid, que se abandero como garante de los derechos humanos, debe adaptarse a las circunstancias y cumplir su objetivo. La campaña aseguraba que “en una cita se valoraría la situación y se encontraría la mejor solución posible”.

Encuéntrenla, porque las mujeres no pueden más.

Enlace al Servicio “Madrid libre de exclusión sanitaria”

 

Grupo Feminista
Movimiento Asambleario de Trabajadoras y Trabajadores de Sanidad

 

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