El Gobierno de la Comunidad de Madrid, fiel como el Central a las políticas privatizadoras de corte neoliberal, está muy preocupado en financiar y potenciar la red privada sanitaria y de esta forma crear un excedente de personal derivado de la sanidad pública que necesita para su funcionamiento. De ahí las cifras de temporalidad de la sanidad pública madrileña: el 38% de la plantilla del SERMAS (entre eventuales, interinos y sustitutos de larga duración).
Su precariedad e inseguridad, sus bajos salarios y pérdida de derechos, les va induciendo a dar el paso hacia la red privada, que es de lo que se trata en el fondo. Pese a que, según datos del Ministerio de Empleo, del pasado mes de septiembre la temporalidad ha caído en el último año en lo que respecta al empleo médico y enfermero, los últimos datos emitidos por el ejecutivo central reflejan que la gran mayoría de los nuevos contratos que firman estos colectivos siguen sin tener un carácter fijo o indefinido.
Lo sustancial es que aunque hayan descendido ligeramente las cifras de paro, según empleo, en agosto pasado los médicos (licenciados y graduados) firmaron 236 contratos laborales, de los cuales el 94,5% son de duración temporal, llegando al 34,3% los contratos a jornada parcial. Las cifras en enfermería son todavía son más sangrantes ya que, en el mes de agosto, de los 1.411 contratos firmados, un 97,6%, fueron de duración temporal, muy similar al porcentaje del ejercicio del año anterior.
Es precisamente la CM la que mayor porcentaje de contratación de médicos (19%) y de personal de enfermería ha realizado (13%) en el estado español, siendo en estas categorías los profesionales menos demandados los médicos de familia y los enfermeros sin especialidad.
La precariedad intencionada, a pesar de las maniobras recientes de convertir eventuales en interinos que reducen la eventualidad pero no la temporalidad y que afecta a todas las categorías, no subsana una práctica de contratación llevada durante años con la colaboración de los sindicatos de la Mesa Sectorial, y que se ha tipificado como “en Fraude de Ley”, con directrices del TJUE corroborando la apreciación del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 4 de Madrid, que calificaba de “mal endémico” la cobertura de puestos en el sector de los Servicios de Salud mediante nombramientos de personal estatutario temporal y consideraba que “alrededor del 25% de las 50.000 plazas de personal Facultativo y Sanitario de la CAM, están ocupadas por nombramientos de carácter temporal, llegando en algunos casos extremos a rebasar los 15 años de prestación ininterrumpida de servicios con una duración media de entre 5 y 6 años.”
Con esta situación, y ante la pérdida de más de 6.000 puestos de trabajo en el SERMAS en los últimos años, consideramos que la primera obligación de toda organización que se defina como defensora de la Sanidad Pública, de sus trabajadores y de la población que requiere su atención en las distintas áreas asistenciales (promoción, prevención y curativa), es la recuperación de esos puestos de trabajo dentro de un marco que dote de estabilidad laboral a un personal maltratado a conciencia para introducirlo en una bolsa de precariedad que facilite su contratación por la red privada.
Esta estabilidad laboral necesaria pasa por la convocatoria de un Concurso de Méritos Extraordinario que recupere en primera instancia las 6.000 plazas perdidas y amortizadas, tanto en AE como AP y SUMMA 112.
Finalizado dicho proceso, es cuando vemos necesario que el resto de los derechos se oferten con rigor sujetos a derecho administrativo y con criterios objetivos claros y consensuados con los trabajadores ya que muchas veces, por la ambigüedad calculada con la que se definen las bases de los concursos correspondientes, se ven obligados a confrontar entre ellos los litigios derivados de los mismos.
Las OPES con temarios racionales, los Concursos de Traslados y de Promoción y de Movilidad Interna deben tener la periocidad necesaria para responder a las necesidades de los trabajadores, tanto en la estabilidad y mejora en el terreno laboral como en la conciliación de la vida familiar.
Por eso entendemos de sobra lo necesario que resulta después de tanto tiempo un Concurso de Movilidad Interna, pero supeditado a esa estabilidad laboral que a todos nos conviene, ya que nos haría más fuerte a la hora de luchar por nuestros derechos, incluido el derecho a la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas.
Con la estabilidad laboral conseguida a través de ese Concurso de Méritos Extraordinario se evitarían, también, situaciones como las que hemos vivido en AP: en ocasiones hemos visto cómo hasta el 40% de su personal nos veíamos afectados al sumarse al concursos de traslados las OPEs, afectando el funcionamiento de los equipos y generando un gran malestar entre los ciudadanos, que ven cambiar con excesiva frecuencia a los profesionales que les atienden, que les conocen y con los que han establecido una relación de confianza necesaria en muchos casos.
Es una indignidad propia de esta Administración y de los Sindicatos de la Mesa Sectorial que al firmar el Acuerdo de movilidad Interna para Atención Primaria, hayan dejado a numeroso personal desplazado (y por ende una vez más a los equipos, al ver desaparecer a un buen número de sus profesionales), sin ningún criterio claro sobre su reubicación posterior.
Lo mencionado en el apartado 7 de dicho Acuerdo, sobre criterios de reorganización del personal temporal desplazado, nos remite a una nebulosa de indefinición muy propia de esta Administración y de quienes la amparan con la firma de Acuerdos, que en la mayoría de los casos están pensados para debilitar, dividir y enfrentar a los trabajadores sin importarles demasiado las consecuencias que esto tiene en el terreno asistencial, por más que siempre tengan una coletilla preparada para la posterior presentación pública de dichos acuerdos, “aumentar el nivel de satisfacción de los trabajadores y, como consecuencia, mejorar la calidad asistencial y el grado de satisfacción de los pacientes”, un cuento que por más que repitan no cuela, al menos para quienes luchamos en Defensa de la Sanidad Pública, conociendo sus argucias y su mentira institucionalizada.
Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de Sanidad
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