Estos son tiempos de discusión de presupuestos: los nacionales, los autonómicos, los municipales… A pesar de que nos dicen que hemos superado la crisis, los presupuestos para servicios públicos no llegan, ni mucho menos, a los de 2011. ¿Falta de dinero o de intención? Pues de intención ya que mientras se recortan a todos los hospitales públicos, por ejemplo 23 millones de euros al Hospital La Paz y 11 al Hospital Clínico, se sube el presupuesto en 50 millones a la Fundación Jiménez Díaz.
Esta es la intervención que hizo Carmen San José, diputada en la Asamblea de Madrid de Podemos, preguntando al Señor Consejero de Sanidad, Jesús Sánchez-Martos, sobre el funcionamiento y costo de los cuatro hospitales concesionados mencionados en el título.
Hace un año la Asamblea de Madrid aprobó una moción en la que se reflejaban los requisitos que tenían que cumplir estos hospitales, tales como la realización de auditorías, la elaboración de un reglamento del cuerpo de facultativos, la creación de una Comisión de Coordinación y Calidad Asistencial que permita una coordinación real y eficiente entre estos hospitales y los centros de Atención Primaria, una Unidad de Seguimiento y Control de estas concesiones y la creación de la figura del Delegado de la Administración en cada hospital.
La moción también contemplaba algo de vital importancia: la regulación de los conflictos de intereses que implica la presencia de compañías de seguros sanitarios en el accionariado de las sociedades concesionarias y, por supuesto, el control de las derivaciones del territorio de hospitales concesionados a otros centros sanitarios.
Los hospitales concesionados estaban obligados a presentar a la Asamblea, a través de la Comisión de Sanidad, en un plazo no superior a tres meses una Memoria justificativa de la implementación de las medidas aprobadas por la Asamblea. Pues bien, esta Memoria no se ha presentado, con lo cual se sigue desconociendo si estos hospitales han cumplido o no sus obligaciones respecto a la vigilancia, control y evaluación de la atención sanitaria que prestan estos cuatro hospitales concesionados, que son hospitales privados y que cuestan a las arcas madrileñas unos 300 millones de euros mientras hacen negocio con empresas privadas como Sanitas o Quirón Salud.
A pesar de ello la Consejería de Sanidad sí ha hecho públicas algunas auditorías e informes que son preocupantes. Por ejemplo, la Central de Esterilización del Hospital Juan Carlos I no tiene licencia de funcionamiento, lo que es calificado como una incidencia media al incumplir un requisito contractual; el dispositivo para reconocimiento de huella dactilar se encontraba fuera de servicio, lo que puede implicar un riesgo para las personas al no impedir el acceso a zonas restringidas, lo que constituye una incidencia crítica. En este hospital también hay incidencias críticas por incumplimiento en la temperatura que debe tener la comida cuando llega a la habitación del enfermo y la falta de indicación sobre la presencia de alérgenos en la alimentación.
El Hospital de Torrejón también refleja irregularidades tanto en las auditorias de carácter sanitario como las de no sanitario. Según la auditoría del servicio integral de esterilización, del 2015, el personal no usa ningún tipo de mandil, ni guantes de protección durante el lavado de arrastre, incurriendo así en riesgo de accidente laboral y en la ruptura de la barrera sucio/limpio, al acceder a la zona de limpio con la ropa manchada por el lavado de arrastre.
En este hospital tampoco se respeta la barrera sanitaria entre zona de esterilizado, limpio y sucio, cambiando el personal de zona sin el cambio previo de vestimenta. En el proceso de montado de cajas ningún trabajador usa guantes. El almacén de esterilizado presenta desperfectos en el techo y no se preserva el ambiente hermético tal y como se le exige a un almacén de material esterilizado.
A finales del año 2013 el Hospital de Torrejón y el de Valdemoro fueron auditados por la Cámara de Cuentas. La conclusión de este organismo sobre el Hospital de Valdemoro fue que estaba incumpliendo el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares ya que no solicitaban la autorización necesaria al SERMAS de los contratos que hacían con terceros.
Algo similar ocurre con el Hospital de Torrejón, que justifica esto, en contra de la opinión de la Cámara de Cuentas, basándose en que la Comisión Mixta es la que aprueba el Plan Asistencia, así que se da por hecho que autoriza esta derivación.
A pesar de todo ello no se habla de sanciones o penalizaciones por incumplimientos. Es a la Consejería de Sanidad a la que corresponde la vigilancia y control de estos hospitales como titulares de los mismos.
Pero la clave no está en cómo funcionan estos hospitales. La clave está en el modelo de los mismos. Problema que, según Carmen San José, Diputada en la Asamblea de Madrid por Podemos, introdujeron el PSOE y el PP al aprobar ambas formaciones políticas la Ley 15/1997.
Podemos, a través de Carmen San José, rechaza este modelo, la Ley 15/1997 y están dispuestos a realizar lo preciso para que a medio plazo estos hospitales vuelvan al SERMAS.
La diputada madrileña es de la opinión de que el problema con estos hospitales no se va a solucionar a base de auditorías de las que, en muchas ocasiones, se puede dudar de su legitimidad.
El problema estriba en que este modelo concesionario introduce la competitividad entre los centros sanitarios e introduce el ánimo de lucro, es decir, abre la puerta a las leyes de mercado en el sector público sanitario. Y esto, para San José, “representa un conflicto de intereses al ser objetivos contrapuestos e irreconciliables un sistema de gestión pública que busca satisfacer con eficiencia, equidad, calidad y universalidad las necesidades asistenciales y de salud de la población, mientras que la gestión privada introduce criterios de rentabilidad y lucro en la satisfacción de demandas asistenciales”.
Continúa afirmando la representante de Podemos que este interés en la maximización del beneficio trae consigo un empeoramiento de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de los hospitales de este modelo, deteriora la calidad asistencial y realizan una selección de riesgos en el tratamiento de determinadas patologías.
Y da datos concretos: el Hospital de Torrejón es de Sanitas-BUPA, una de las mayores aseguradoras del sector en Reino Unido y los otros tres hospitales son de Quirón Salud que en la actualidad pertenece a la gran multinacional alemana Fresenius, que la adquirió por más de 5.700 millones de euros confiando en los fondos públicos que seguirá obteniendo de la Autoridad Sanitaria Madrileña.
San José y su grupo hacen un llamamiento al grupo socialista para no quedarse en la superficie por medio de mejoras en los mecanismos de transparencia y control de estos hospitales privados y apostando firmemente por su reversión al SERMAS.
