¿Qué es el TTIP?
El TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership en inglés) es un acuerdo de libre comercio que se está negociando entre EE.UU y la Unión Europea (UE). Se trata de un extenso ajuste legislativo que desde verano de 2013 que llega a su sexta ronda de reuniones en Bruselas a partir del 14 de julio. El objetivo es llevar a cabo las conversaciones lo más rápidamente posible y sin que los detalles lleguen a la opinión pública, antes de que la ciudadanía en Europa y EE UU descubra la verdadera envergadura de la amenaza que supone el TTIP.
El CETA (Acuerdo Económico y Comercial Global) es el equivalente canadiense al TTIP, negociado por la Comisión Europea y el Gobierno canadiense entre 2009 y 2014. Este acuerdo está mucho más avanzado en el proceso de aprobación que el que se negocia con EE UU (el TTIP).
¿Qué pretenden los defensores del TTIP?
El TTIP pretende abrir el sector de los servicios públicos y la contratación pública a las grandes empresas de la UE y de EE.UU. El objetivo es suprimir las actuales normativas económicas y políticas que limitan la acumulación de beneficios privados a ambos lados del Atlántico y que abarcan amplias áreas de servicios públicos. En realidad, estas normativas regulan muchos aspectos en materia de derechos sociales, laborales y ambientales.
En definitiva, es una operación para equiparar a la baja los estándares ambientales, sociales y laborales. La realidad es que EE.UU. incumple varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo, particularmente los que tienen que ver con los derechos a la negociación colectiva, la libertad sindical, el salario mínimo y cuestiones de igualdad.
Esto trasladado al ámbito sanitario, en el que las normas de la UE son más estrictas que las de los EEUU significaría la relajación normativa en la protección de la salud, controles sanitarios de alimentos, medicamentos, afectaría a las profesiones sanitarias, a sus derechos laborales y abriría las puertas a la inversión privada y privatización de los servicios sanitarios.
Los gobiernos no podrán recuperar los servicios externalizados o privatizados. Existen en el TTIP algunas cláusulas que impiden que los servicios que ya se encuentren privatizados a la entrada en vigor del tratado, o privatizados posteriormente, regresen al dominio público aunque se demostrase el fracaso del proceso de privatización.
¿Existe oposición al TTIP?
Tanto en Europa como en Canadá, existe una clara oposición al tratado CETA. El acuerdo está lejos de poderse aprobar.
La Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, que representa a más de ocho millones de trabajadores del sector público, rechaza el TTIP por sus implicaciones sobre el sector público.
Recientemente, el Parlamento Europeo ha decidido instar a la Comisión Europea a excluir de este tratado a los servicios públicos más sensibles, como la sanidad. Pero hay que tener en cuenta que los comisarios europeos sólo han negociado con los lobbies empresariales a espaldas de los parlamentos de cada país elegidos democráticamente.
En España, no existe oposición gubernamental oficial a la implantación del TTIP. Sí existe en otras formaciones políticas. Diversas organizaciones defensoras de la Sanidad Pública y otros grupos con carácter más general están elevando su voz para protestar por los riesgos que supone la aprobación de este tratado.
¿Cuáles son las amenazas al SNS?
La sanidad es uno de los objetivos esenciales del TTIP, como lo demuestra la fuerte presencia de las grandes multinacionales del sector en las negociaciones con la Comisión Europea. Allí están los laboratorios farmacéuticos, que pretenden el libre flujo de información sobre los pacientes y el libre mercado de patentes sin control de precios, las empresas de tecnología médica, además de la omnipresente IBM, la banca y el Consejo General de la Abogacía Española. Los grandes despachos de abogados de España disponen ya de secciones especializadas en la defensa de los intereses de la industria farmacéutica.
Se darán muchas facilidades para la privatización de los servicios públicos e imposibilidad de nacionalizar los ya privatizados, aunque esta privatización no se hubieses ajustado a la ley. Se trata de una privatización irreversible.
No se garantizará el derecho a la salud ni su carácter público, equitativo y universal, para así equipararse al modelo estadounidense donde los derechos sociales básicos no están garantizados por el Estado.
Los recortes, y la implantación de empresas sanitarias extranjeras con sus propios profesionales provocarán miles de despidos en el Sistema Nacional de Salud y una precarización de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores sanitarios como parte del sometimiento a las condiciones de las empresas y aseguradoras norteamericanas.
Pueden existir graves consecuencias para la salud de la población al relajarse el principio de la precaución a la hora de aprobar y comercializar alimentos, fármacos y dispositivos médicos.
Se producirá un aumento muy importante de los precios de los medicamentos al quedar blindado el actual sistema de patentes, que se ha convertido en una barrera para el acceso de muchos enfermos y servicios de salud a los medicamentos que necesitan, y que desestabiliza los presupuestos sanitarios por los altos precios. Este blindaje dará un enorme poder de negociación a las grandes multinacionales de la industria farmacéutica a la hora de autorizar la comercialización de los medicamentos y fijar los precios de los mismos. Las Consejerías de Sanidad tendrían limitada su capacidad para establecer otros sistemas que mejoren la eficiencia: guías terapéuticas, subastas, medicamentos genéricos, etc.
¿Cómo se defiende el propio TTIP?
Está prevista la creación de unos tribunales privados de arbitraje que podrán imponer multas multimillonarias a los Estados cuyos parlamentos se hayan atrevido a legislar en defensa de sus ciudadanos sin tener en cuenta las expectativas de negocio de las empresas. Los tribunales públicos de justicia no podrán intervenir ni recurrir dichas decisiones. Este mecanismo supondría un verdadero blindaje de las privatizaciones, a través de un sistema judicial privatizado.
Otras amenazas del TTIP para la salud
Será posible liberalizar servicios tan cruciales como la gestión de residuos tóxicos, las licencias de radiodifusión y los estudios de impacto medioambiental.
Existirá una reducción de garantías en seguridad alimentaria y de protección ambiental al homologar normativas a los estándares más “flexibles” de EEUU.
Se eliminará el Principio de Precaución que protege hasta ahora la salud de los consumidores y el medioambiente y al que se recurre ante la existencia de un riesgo potencial. Actualmente, por este principio, cualquier sustancia sospechosa de ser tóxica no puede salir al mercado sin que la empresa que quiera comercializarla demuestre su inocuidad.
Con el TTIP desaparecerán las trabas para la llegada de productos genéticamente modificados (por ejemplo, los transgénicos) no sólo para el consumo humano, sino también para su cultivo, eliminando también la obligación de informar en el etiquetado de la composición de los productos. En Europa sólo está autorizada una variedad transgénica, el MON 810, prohibida aun así en 10 países. Con el TTIP, se importarían 150 tipos de transgénicos de maíz, soja y colza.
Se autorizarán miles de sustancias químicas prohibidas en la UE (pesticidas, disruptores endocrinos) capaces de provocar disfunciones hormonales y daños a la salud. También habrá una mayor permisividad en la venta de carne de vacuno hormonada o desinfectada con cloro, algo prohibido en Europa, pero permitido en EE.UU.
Y desde el punto de vista medioambiental, podrían desaparecer las regulaciones medioambientales que garantizan la salud pública como la autorización del fracking para obtener gas del subsuelo utilizando productos químicos, que pueden contaminar los acuíferos, o las prospecciones petrolíferas sin control.
Conclusiones
La puesta en marcha del TTIP creará un entorno más favorable a la privatización de los servicios públicos, bloqueando cualquier intento de remunicipalizar en algún momento lo ya privatizado.
La capacidad para legislar en campos como la seguridad de los trabajadores, las normas medioambientales o la protección de los consumidores quedarán seriamente restringidas.
Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de sanidad MATS