El 30% de las familias aragonesas se encuentra en riesgo de exclusión social
Evitar que las familias aragonesas que se encuentran en situación de vulnerabilidad se queden sin luz o sin gas”. Ese es el objetivo del convenio que han suscrito hoy el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y la empresa Endesa. El convenio -“para la protección de las personas y familias aragonesas en situación de vulnerabilidad o urgencia social”- ha sido firmado en presencia del Presidente de Aragón, Javier Lambán. Se da la circunstancia de que el Ejecutivo Rajoy denunció ante el Tribunal Constitucional, en septiembre de 2014, la ley catalana contra la pobreza energética.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha hecho público hoy un dato que contextualiza el convenio: el 30% de las familias aragonesas se encuentra en riesgo de exclusión social. Pues bien, para poner freno a esta situación -ha añadido Lambán-, se ha firmado este convenio, “que tiene antecedentes en algunas ciudades aragonesas, pero que ahora se extiende a toda la Comunidad”. El acuerdo ha sido rubricado por la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto; la presidenta de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Carmen Sánchez; y el director general de Endesa-Aragón, Ignacio Blanco.
Decreto Ley de medidas urgentes
El presidente aragonés ha recordado que este convenio se encuentra “entre las medidas del recientemente aprobado Decreto Ley de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda, y cuyo objetivo es abordar de manera inmediata la delicada situación de emergencia social que viven muchas familias aragonesas por la disminución de ingresos en sus hogares”. Además, Lambán ha destacado que el presupuesto 2016 de la comunidad -que está ahora mismo en período de presentación de enmiendas- “contempla como prioridad todo lo que tiene que ver con las políticas sociales y la recuperación de los servicios públicos”.
Objetivo
El convenio –informa el Ejecutivo aragonés– tiene como objetivo “evitar la suspensión del suministro eléctrico o garantizar el restablecimiento del mismo, en el caso de que se haya efectuado el corte, por impago a aquellas personas que estén en situación de emergencia social y que puedan ser beneficiarias de una prestación económica de ayuda de urgencia destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia”. Además, está previsto sumar al convenio una adenda, “que afectará de igual forma al suministro de gas llevado a cabo por esta compañía”. Quedarán excluidos de este convenio los casos en los que se detecte una situación de conexión fraudulenta a la red atribuible al consumidor.
Procedimiento
Según el Ejecutivo aragonés, el procedimiento para evitar el corte se basará en un informe de los servicios sociales: “cuando estos detecten el caso de una persona a quien Endesa le haya dirigido un requerimiento de pago, realizarán una valoración técnica de la situación en la que se encuentra esta persona para determinar si puede ser beneficiario de la ayuda de urgencia; si es así, pondrá la circunstancia en conocimiento de Endesa”. El convenio obliga a la empresa a mantener el suministro de electricidad a dicho usuario mientras se gestiona la concesión de la ayuda de urgencia destinada al pago de la factura adeudada y siempre que este abono tenga lugar dentro del mes siguiente a la comunicación de los servicios sociales. La deuda será saldada mediante el abono directo que realicen los servicios sociales de las administraciones locales a Endesa.
Evaluación
En el caso de que el suministro ya se haya suspendido como consecuencia de impago, se procederá a la evaluación técnica por parte de los servicios sociales para la concesión de la ayuda correspondiente. Si el informe es favorable, se pondrá en conocimiento de la empresa suministradora, quien solicitará, de modo inmediato, al distribuidor que reanude el servicio. El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias se comprometen por su parte a colaborar con las entidades locales “para adoptar las medidas que sean necesarias con el fin de facilitar el desarrollo de este convenio en sus localidades”. Además -concluye el comunicado-, una comisión de seguimiento “de la que formarán parte representantes del Gobierno de Aragón, de la Federación y de Endesa” supervisará el cumplimiento del convenio.