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La gerencia permitió el trasvase de datos clínicos desde el hospital hacia el centro concertado y que las citas se tramitaran directamente por el personal externo
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El sindicato UGT demandó en el Consejo de Salud municipal del 16 de junio que se “optimizasen” los recursos para evitar el trasvase hacia una clínica privada
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Sanidad recuerda que los convenios para las listas de espera son normales aunque anuncia una investigación
La dirección del hospital de Fuenlabrada mantuvo lo que ha denominado “programa piloto” de derivaciones de pruebas diagnósticas hacia una clínica privada a pesar de las voces de alerta que dieron los trabajadores, al menos, en la sesión del Consejo de Salud de la localidad celebrado el 16 de junio. Ese programa permitió a la postre la salida de datos médicos de pacientes y que las citas fueran gestionadas desde el centro externo como adelantó la cadena Ser.
La representante de UGT en aquel consejo, Marilu Lage, advirtió a los directores Médico y de Enfermería de que esas derivaciones de pacientes podrían asumirse con ” la contratación de un radiólogo y aumentar la presencia de un técnico de Radiología”. Según relata Lage, “no tuvieron mucho reparo en admitir que mil ecografías se habían realizado ya en Los Madroños (una clínica privada de otra localidad, Brunete) con un coste de unos 60.000 euros“. El Consejo de Salud es un foro municipal en el que participan partidos políticos, sindicatos, asociaciones vecinales y representantes del hospital.
Pero la gerencia del centro permitió que los datos de sus pacientes pasaran a la base de datos de la clínica privada y que fuera desde allí donde se realizaran las citaciones telefónicas para las pruebas . “La cesión de datos requiere una autorización expresa por parte de los ciudadanos que no se ha producido según nos han corroborado ellos mismos”, ha contado la sindicalista. Durante la jornada del martes, en el hospital “sólo se ha visto al director de Enfermería”, relatan los sanitarios que, en muchos casos, han mostrado su sorpresa porque esto estuviera pasando. “No sabíamos nada” de que los datos médicos estuvieran trasvados desde Fuenlabrada a Brunete.
La dirección del hospital de Fuenlabrada admitió un error en que las llamadas telefónicas fueran realizadas por la clínica y ha aducido a un programa piloto todo el trasvase de datos. Cuando un especialista requiere una prueba tramita una solicitud pero no especifica dónde tiene que llevarse a cabo. “Ese es un proceso administrativo que es imposible que no haya pasado por el control de la gerencia”, relatan los trabajadores del hospital público. Les ha parecido que las explicaciones oficiales son una culpabilización hacia los trabajadores. “Es inadmisible”, ha comunicado UGT a la plantilla mediante una nota interna.
La Consejería de Sanidad, por su parte, ha señalado que hará una investigación sobre la cesión de datos aunque ha recordado que los convenios con clínicas privadas para aliviar las listas de espera diagnósticas se utilizan en muchos otros hospitales de la región. De hecho, el hospital Los Madroños ya saltó a la primera plana en 2008 cuando se hizo público que la empresa adeudaba nóminas a sus trabajadores mientras Sanidad enviaba a pacientes pendientes de intervenciones quirúrgicas en su proceso de alivio de listas de espera.
El asunto de las derivaciones ha sido un caballo de batalla surgido al calor del plan de privatizaciones sanitarias que ideó la Comunidad de Madrid. La Mesa por la Defensa de la Sanidad Pública lanzó una campaña para denunciar lo que han llamado “privatización encubierta”. El paso de pruebas e intervenciones desde la lista pública a centros privados es práctica habitual en varias CC AA. Además, se trata de una de las principales fuentes de financiación del sector privado sanitario: más de un tercio del volumen de negocio proviene de fondos públicos. En Madrid, en derivaciones de pruebas, se gasta al año entre 48 y 50 millones de euros, dependiendo de la anualidad. Se trata de una región donde el 8% del presupuesto sanitario se destina a medios privados. Un estudio del Instituto Idis calificaba la relación público-privada de “interdependencia” en la región gobernada por Ignacio González.
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