MATS Sanidad

EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN PÚBLICA A LA SALUD MENTAL

Un grupo cualificado de profesionales relacionados con la salud mental, conscientes de la regresión que esta  sufriendo la atención a la salud mental, en el marco general de las agresiones a la Sanidad Pública,  han considerado que después de hacer un análisis pasivo y considerando que están en grave riesgo progresos fundamentales logrados que afectan a los ciudadanos en general y a sus grupos más vulnerables en particular, han enumerado una serie de problemas y proponen unas líneas estratégicas de actuación, además de sumarse a movimientos ya iniciados y juntos, intentar poner freno a la grave situación actual.

Para ello han firmado la Declaración de Atocha, en defensa de la Atención Pública a la Salud Mental, de la que ha salido un Manifiesto y un documento con sus  Conclusiones, todos ellos de un gran alcance y que consideramos más que interesantes.

 

Declaración de Atocha, en Defensa de la Atención Pública a la Salud Mental 

 

Manifiesto en Defensa de la Atención Pública a la Salud Mental from MATS

 

Las Primeras Conclusiones de la Jornada del grupo de Profesionales en defensa de las Salud Mental Pública se exponen a continuación:

Quienes suscribimos estas valoraciones y propuestas somos ciudadanos y profesionales de S. M., conocedores cualificados de lo que esta ocurriendo en nuestro ámbito de actividad sanitaria.

Hemos llegado a un punto critico en el que no se puede sostener por más tiempo el mero análisis pasivo o la queja inútil en tanto que desvinculada de la acción.

Por ello, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, hoy 26 de abril de 2014 en Madrid,iniciamos una andadura en la que nos sumamos a otros ya en camino, y llamamos a todos los que quieran sumarse a ella.

Buscaremos a todos los profesionales que trabajan en el ámbito de la S.M.: profesionales de la enfermería, trabajo social, terapia ocupacional, etc.

Llamamos a construir con urgencia los medios para organizar líneas de acción sostenidas y dirigidas a modificar la grave situación actual, con el deterioro progresivo de las prestaciones de S.M. , lo que supone daño a la población.

Se ha sostenido por el gobierno una respuesta a la crisis, presentada como la única realizable, cuando sólo era una de las posibles.

Esa respuesta consistente,principalmente, en la reducción de los servicios y prestaciones publicas y en la privatización de la atención a las necesidades sanitarias, ha creado una situación en la que:

–    Se vulneran los derechos de los y las ciudadanas a la participación, al conocimiento de la información sanitaria,  al acceso equitativo, a los servicios públicos y a la protección de la salud

–    Se oculta información sobre la evolución de la salud pública, sobre los planes del gobierno en relación a la asistencia sanitaria en SM, sobre el funcionamiento de los servicios de SM, sobre las consecuencias negativas relacionadas con la restricción de recursos y de la mala gestión de la red asistencial.

–    Se carece de dirección, de capacidad de gestión y de una estrategia de salud mental que defina un plan para hacer frente a la evolución de la situación.

–    se impide la participación, tanto de la comunidad como de los profesionales, en el funcionamiento y gobierno sanitarios. Se ha agravado el autoritarismo institucional en el funcionamiento cotidiano de los servicios de S.M.

–    Se empobrece y limita la respuesta asistencial con efectos muy negativos sobre la eficacia  terapéutica de los tratamientos. La capacitación de los profesionales permitiría niveles de calidad y seguridad asistencial muy superiores a los que actualmente se alcanzan.

–    Se potencia la estigmatizacion y la marginación de las personas más gravemente afectadas y no se previene la evolución hacia la gravedad de aquellas que aún no se encuentran en aquel estado.

–    Se anuncia el reforzamiento de las medidas de coerción, mientras se reducen las acciones orientadas a la reinserción social. El proyecto de reforma del Código Penal promovido por el Ministerio de Justicia, recrea el prejuicio de la peligrosidad del enfermo mental, y provoca de nuevo una desprotección al diferenciarlo de los demás ciudadanos, solo por causa de su enfermedad.

–    Las personas que padecen trastorno mental grave están siendo las que sufren el peor daño. Son las más frágiles, las más necesitadas, las que se encuentran en peor situación económica, relacional y psíquica.

–    Se están destruyendo activamente con estas políticas bases de la convivencia.

–    La política en curso en SM compuesta de imprevisión, ausencia de dirección, incapacidad de gestión, desorganización, insensibilidad social, autoritarismo, nos conduce hacia un horizonte sanitario y social con insoportables niveles de sufrimiento personal y colectivo.

Por tanto proponemos las siguientes líneas de trabajo:

1- Ha de reafirmarse el carácter público de todos los bienes y servicios sanitarios, tanto en su titularidad como en su gestión. Si las personas no son “privatizables”, su salud no puede ser objeto de negocio.

2- La atención a la salud mental ha de regir según los principios de universalidad, equidad, eficiencia y solidaridad.

3- En la atención a la S.M. Ha de revitalizarse la respuesta multiprofesional, la orientación asistencial comunitaria, la continuidad de cuidados, la atencion y el apoyo, también en el ámbito domiciliario, y el trabajo psicosocial de prevención. No podemos ignorar que el empobrecimiento terapéutico y la generalización de la respuesta farmacológica, son también consecuencia del abandono de estos planteamientos.

4-  Es necesario corregir la infradotacion de los recursos asistenciales, materiales y profesionales.

5- Ha de modificarse el planteamiento de las Unidades de Hospitalización en S.M. De los Hospitales Generales, dada su posición central en la red asistencial, y su respuesta a los enfermos centrales graves

6- La oposición ciudadana a la modificación al Código Penal es una necesidad democrática. El prejuicio hacia las personas con enfermedad mental al definirlas como peligrosas solo puede causar daño y sufrimiento. La  defensa de sus derechos se ha de situar en primer plano de las preocupaciones profesionales.

7- Es necesario reforzar y apoyar el movimiento asociativo de usuarios/as y familias con el objetivo de su empoderamiento, promoviendo su participación en la elaboración y gestión de los programas y planes de atención a la S.M.

8-  Deben derogarse ya la Ley 15/97 y el RD (ya Ley), 16/12.

FIRMADO: 70 profesionales de S.M.

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