– A favor de un debate sereno y reflexivo y que la Administración de la Comunidad de Madrid contase con la participación de los médicos y profesionales conocedores de sus bondades y deficiencias.
– Apoyo a todas aquellas medidas y manifestaciones del colectivo sanitario madrileño que se realizaron y que se han convertido en un símbolo de unión y fuerza de los profesionales y de la ciudadanía madrileña, que ha conseguido que en enero de este año se anulara el proyecto de privatización de 6 hospitales y 27 centros de salud de Madrid.
– Defendemos y creemos profundamente en un Sistema Nacional de Salud (SNS) basado en la eficiencia, viabilidad y equidad y mostramos nuestra confianza en la capacidad de lo público para lograr su verdadera sostenibilidad.
En Madrid empezaron a privatizar la sanidad pública introduciendo en los nuevos hospitales el modelo de «concesión sanitaria» o PFI (iniciativa de financiación privada) y la privatización de algunos servicios sanitarios. Después intentaron privatizar la gestión de la actividad clínica y los profesionales se opusieron. Ahora intentan hacer lo mismo en Ibiza. Aquí se va a abrir el nuevo Hospital Can Misses (modelo PFI o también llamado ´modelo Aguirre´) con una concesión de los servicios no clínicos a un grupo de empresas privadas, nada menos que para 30 años (hasta 2040). Por si no fuera suficiente con la concesión de esta parcela no clínica, se saca a concurso privado el servicio de radioterapia y en breve el servicio de esterilización. Y además no se proyectan las unidades de hemodinámica (actualmente en concierto con una empresa privada), ni de neurocirugía ni de cirugía vascular.
Creemos, ahora más que nunca, en la necesidad de un pacto político nacional para un proyecto global que asegure una verdadera sostenibilidad del SNS: no creemos en medidas a bote pronto por comunidades autónomas, ni en medidas de venta progresiva del SNS a entidades privadas con ánimo de lucro. Tampoco queremos restricciones alocadas o precipitadas que supongan sólo ajustes presupuestarios pero no soluciones definitivas.
Un planteamiento de este tipo necesita de la voluntad política de todos los partidos políticos, del Parlamento y de la participación de todos los agentes implicados, pero fundamentalmente de nosotros los médicos, que durante años hemos trabajado duramente y con convicción para levantar este edificio tan complejo que es el sistema público de salud.
La solución pasa ineludiblemente por un pacto que implique una refundación del modelo tradicional, con la introducción de reformas serias y profundas en atención primaria que potencien su desarrollo (hay que sacar provecho de las experiencias en Reino Unido) y de la atención hospitalaria, reformulando sin miedos el sistema actual (hay que mejorar el rendimiento y la productividad de los recursos humanos) haciendo copartícipes de la gestión hospitalaria a los médicos con nuevas fórmulas que impliquen la participación real y corresponsable en el funcionamiento de toda la maquinaria hospitalaria; para ello es imprescindible su participación en la designación de los cargos con responsabilidad organizativa.
Es precisa la despolitización de las direcciones y fortalecer su credibilidad, capacidad y compromiso para que sean de la confianza no solo de la Administración, sino también que identifique al colectivo médico asistencial.
En el SNS se debe mejorar la seguridad del paciente y la calidad asistencial; para ello es importante disminuir la variabilidad de la práctica clínica, apoyando el ejercicio de la medicina basada en la evidencia. Mejorar en la calidad asistencial, y por tanto en la calidad de vida del ciudadano, es apostar al mismo tiempo por un ahorro efectivo y rentable para el SNS.
Sabemos que la viabilidad a medio y largo plazo del SNS no es sólo conseguir una mejor y más rentable y eficiente gestión de los hospitales y centros de salud, también lo es de la organización y potenciación de una serie de medidas preventivas que impidan el desarrollo de las enfermedades más prevalentes. Conocemos que sólo la prevención o el tratamiento precoz de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la obesidad y la diabetes puede suponer una mejor calidad de vida para el ciudadano y un ahorro para el SNS, ya que suponen alrededor de un 74% del gasto total de un sistema sanitario occidental. Por tanto, la Administración tiene la responsabilidad de invertir decididamente en políticas y en campañas de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad cardiovascular y metabólica desde la infancia.
La mayor expectativa de vida en los países desarrollados comporta un aumento de enfermedades crónicas. La Administración debería hacer un esfuerzo para comprender y actuar en materia sanitaria con arreglo a esta nueva realidad, ello se traduce en desarrollar y potenciar un espacio sociosanitario alternativo a la hospitalización tradicional: una mayor hospitalización domiciliaria, desarrollo o creación de hospitales o camas de enfermos crónicos. Distinguir entre esta eventualidad o no hacerlo supone un mayor gasto, que se esta haciendo insostenible, por el gran número de estancias en hospitales de agudos (con mucho más coste) de pacientes que no requieren este tipo de cuidados.
Deben tomarse decisiones en aspectos como el desarrollo de un organismo central de compras para abaratar costes innecesarios, ya que existen diferencias muy significativas en la compra del mismo producto de una Comunidad a otra, o incluso de un hospital a otro dentro de la misma Comunidad.
Nuestra capacidad de control del gasto ha mejorado considerablemente al tener acceso diario y puntual a los datos de explotación, por haberse desarrollado la informatización de casi todo el SNS. Ahora es el momento de sacar el máximo rendimiento a esta información, potenciando políticas de retorno de la inversión realizada en este campo, a nivel de calidad asistencial y de transparencia de gestión.
Estamos en desacuerdo y nos oponemos a la venta o concesión parcial tanto de parcelas clínicas como no clínicas que tamizan la intencionalidad final, que es la privatización de nuestra sanidad pública. Nuestros gobernantes tienen el deber y la responsabilidad de gestionar adecuadamente sin liquidar de forma progresiva lo que tantos esfuerzos y años ha costado a profesionales y a la sociedad.
La sanidad pública es un bien común que debemos preservar de intereses privados. Urge un pacto nacional que asegure la viabilidad de un sistema público, moderno, universal, equitativo y eficiente.
(*) Han participado también en la elaboración de este artículo los médicos María Udina (Hematología), Antonio Tizón, José Segador y María Martín Rabadán (Medicina Familiar); Gaspar Tuero y Jesús González (Intensivos); Luis Cros (Dermatología), Juan Tur Roselló (Traumatología), Jesús Alonso (Anestesia), María José García (Digestivo) y Rodolfo Moreno (Ginecología).