La construcción de la Unión Europea (UE) se ha basado, al menos teóricamente, en acabar con las fronteras entre los países europeos, para crear un espacio económico y social común y cohesionado, en el que los ciudadanos deberían tener garantizados unos derechos políticos y sociales comunes.
El denominado eje económico de esta política contemplaba una serie de medidas destinadas a acabar con las fronteras para el comercio y crear una moneda común, para lo que la UE estableció una serie de objetivos de obligatorio cumplimiento para todos los países: el déficit público no debería rebasar el 3% del PIB; la deuda pública debería ser inferior al 60% del PIB; la inflación no podría superar en tres puntos la media de los tres países que la tuvieran más baja; y los tipos de interés no deberían superar en dos puntos la de los tres países más bajos. Esta estrategia, de evidente orientación neoliberal, se ha cumplido a rajatabla obligando a los gobiernos (especialmente tras la crisis económica), a reducir gasto social, reformar el mercado eliminando derechos laborales, desmantelar el sector público, y favorecer la privatización de los servicios públicos que constituyen los pilares del Estado del Bienestar como el seguro de desempleo, las pensiones, la educación y la sanidad pública.
Sin embargo el eje político (destinado a: dotar a la Unión de una política exterior y de defensa común; definir las bases de una ciudadanía europea (libertad de movimientos, libertad de residencia, derecho al voto en las elecciones municipales, protección diplomática, et); mejorar las infraestructuras de los países más atrasados mediante los llamadosfondos de cohesión; reforzar la cooperación intergubernamental; y dotar de más poder al Parlamento y al Tribunal de Justicia Europeos), ha tenido un desarrollo mucho menor y desigual.
Pero el eje en el que los objetivos apenas se han alcanzado ha sido el eje social que estaba destinado a establecer unos derechos comunes para todos los ciudadanos en áreas esenciales como la educación, sanidad y cultura. La política de la UE en materia de derechos esenciales, incluido el derecho a la salud, quedó así relegado a unos enunciados generales: “La Comisión Europea debería proteger la salud previniendo enfermedades, apoyar la investigación sanitaria y fomentar la información y educación; coordinar normas y programas de medio ambiente, protección de los consumidores y circulación de productos farmacéuticos con un sistema de reconocimiento obligatorio de nuevos fármacos” (intereses de la industria farmacéutica).
